“De qué sirve ahorrar para los futuros jubilados si los actuales no llegan a fin de mes”, planteó el ex diputado Juan Carlos Díaz Roig esta semana en la simulación de audiencia pública que se realizó en el Congreso. El encuentro, impulsado por la legisladora Gisela Marziotta, fue para reforzar el pedido de prórroga de la moratoria jubilatoria que vence el 23 de julio. La sesión contó con la participación de diputados, senadores, sindicalistas y referentes del sector previsional. Todos preocupados en afianzar la recuperación de derechos de los adultos mayores, recortados durante el gobierno de Juntos por el Cambio.

En esa línea, la bancada oficialista en el Senado logró también esta semana sacar dictamen a otro proyecto de ley elaborado por dos de sus integrantes, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, para un nuevo y amplio esquema de pago de deudas previsionales. La iniciativa será tratada el 30 de junio en busca de la media sanción. De prosperar y conseguir luego la aprobación en Diputados, será una solución para 742 mil personas que alcanzaron la edad jubilatoria pero no completaron los años de aportes, más otras 552 mil que estarán en la misma situación en los próximos años. Sin esta ley, no podrán jubilarse.

Tanto el proyecto de Marziotta, para extender la moratoria vigente, como el de Recalde y Fernández Sagasti, para generar una nueva más abarcativa, apuntan a ampliar la cobertura y rescatar a cientos de miles de trabajadores del engendro que creó el gobierno de Mauricio Macri para su vejez: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

“Es una ignominia”, la definió Miguel Fernández Pastor, experto previsional, porque le quita a los adultos mayores la posibilidad de cobrar una jubilación plena. La PUAM es para aquellas personas que no reúnen los 30 años de aportes. Equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima. Son 30.020 pesos en la actualidad, contra 37.525 del haber mínimo.

Para las mujeres, además, representa un aumento de cinco años para empezar a recibir ingresos, dado que la edad de retiro son 60, pero la edad para cobrar la PUAM se estira hasta los 65. La proyección de la Anses es que en la próxima década nueve de cada diez mujeres estarán en esa situación. Si se aprobaran las moratorias, en cambio, arrancarían a cobrar a los 60, con los descuentos correspondientes para completar aportes, pero una vez saldada la deuda recibirían como piso una jubilación mínima. Por otra parte, Fernández Pastor recordó que la PUAM no da derecho a pensión, no solo al cónyuge, “ni siquiera a los hijos discapacitados”. 

37.525 no alcanza

“El Fondo de Garantía de Sustentabilidad creció en 9500 millones de dólares durante 2021. Por qué no utilizamos esa rentabilidad para subir la base de la jubilación mínima y anular la PUAM. Néstor Kirchner firmó diez decretos para subir la jubilación mínima y cuando tuvo una base relativamente importante empezó a aplicar la movilidad. Así fue como crecieron las jubilaciones. La profundización de esa política con Cristina permitió que en diciembre de 2015 la jubilación mínima fuera equivalente a 460 dólares. Hoy serían 60 mil pesos al dólar oficial”, señaló Díaz Roig en su exposición en el Congreso.

El gobierno de Alberto Fernández logró poner un piso a la caída que arrastraban los haberes jubilatorios desde la gestión de Macri. Lo hizo con la reforma de la ley de movilidad, para volver a una fórmula similar a la que regía en el gobierno de Cristina. Además, aplicó refuerzos circunstanciales al 80 por ciento de los jubilados –no solo los de la mínima- mediante bonos compensatorios frente a la alta inflación, y recuperó la distribución gratuita de medicamentos a los afiliados al PAMI.

Sin embargo, los 37.525 pesos de la jubilación mínima son claramente insuficientes. De allí la aparición de propuestas como la de Díaz Roig. El ex diputado remarcó el impacto positivo en el consumo que provocaría inyectar recursos en sectores de bajos ingresos, así como el hecho de que el 50 por ciento del presupuesto de la Anses proviene de la recaudación de impuestos. “Cuando un desocupado o un trabajador no registrado hacen sus compras también están aportando al sistema jubilatorio solidario y de reparto”, enfatizó.

Este último elemento constituye un argumento potente para defender la necesidad de una nueva moratoria previsional. Los diputados de Juntos por el Cambio no acompañaron el proyecto de Recalde y Fernández Sagasti. Guadalupe Taglieferri, en representación de la oposición, sostuvo no está bien que se jubilen “aquellos que nunca aportaron nada, porque no hace ni justo ni sostenible al sistema”.

Otro FGS

El FGS que dejó el gobierno de Cristina en 2015 es muy distinto al que existe en este momento. En el medio padeció la política económica neoliberal de Juntos por el Cambio. Eso limita las posibilidades de la actual administración, que lentamente intenta rescatar algunos de los principios de la gestión del Frente para la Victoria, aunque, ya sea por el contexto de crisis de la pandemia y la guerra, con su estela de restricciones fiscales, o por falta de decisión política, los avances son paso a paso.

En diciembre del 2015 el FGS tenía activos por el equivalente a 48.177 millones de dólares. Cuatro años después, al terminar el gobierno de Macri, la cifra se redujo a 39.866 millones. En diciembre de 2021 el monto había crecido hasta 51.143 millones y al término del primer trimestre de 2022, la recuperación llegó a 51.765 millones.

No obstante, la mayor diferencia con 2015 es la composición de la cartera. En aquel caso las inversiones en proyectos productivos y de infraestructura representaban el 12,9 por ciento del total. Cuando terminó Macri eran apenas el 3,7 por ciento. Hoy son el 3,3, y habían bajado a 2,1 en diciembre de 2020. El impulso a la economía real que proporcionaba el FGS se ha perdido y, como se señaló anteriormente, el rescate de esa política se está haciendo de forma paulatina.

En noviembre de 2020 se aprobó la ley de Defensa de los activos del FGS, que tuvo como uno de los objetivos prioritarios justamente aumentar con fuerza las inversiones productivas o en obras públicas. En los últimos meses la administración del fondo incrementó la compra de obligaciones negociables de empresas petroleras y energéticas, a fin de impulsar sus inversiones, por lo que es probable que en el próximo informe trimestral la participación en proyectos productivos crezca un poco más. Aun así, los números todavía están lejos de lo pautado cuando se sancionó aquella norma y mucho más de los niveles alcanzados en 2015.

En cambio, la participación del FGS en títulos públicos y obligaciones negociables pasó del 64,6 por ciento en 2015 al 73,1 por ciento actual. Eso comprime el margen de acción para avanzar con iniciativas como la de Díaz Roig, de utilizar parte de la rentabilidad del fondo para subir jubilaciones. El gobierno del Frente de Todos, pese a ello, deberá encontrar los caminos para mejorar la situación de los adultos mayores.