El 1° de abril murió una niña de 13 años, discapacitada y con una problemática de salud mental, en el hogar Santa Cecilia de Carrizales, a 65 kilómetros de Rosario, adonde estaba alojada por una medida excepcional de protección de la Secretaría de Niñez. Unos minutos antes, personal del lugar le había realizado una maniobra de contención, colocando a la adolescente boca abajo, con los brazos hacia atrás, aplicando fuerza en la espalda con sus rodillas, para inmovilizarla. En 2017, una trabajadora había denunciado episodios de violencia en esa institución, que recibe a niñas, niños y adolescentes a partir de un convenio con el estado.  La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de los defensores del pueblo Jorge Henn y Gabriel Savino, elevaron una nota al ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitano, para reclamarle que "en virtud de la gravedad de los hechos acontecidos", le informe si la Secretaría inició "alguna actuación administrativa interna" para esclarecer lo sucedido.

El certificado de defunción fue firmado por el médico de la institución, como muerte súbita y la niña fue enterrada, con los gastos a cargo de su hermana mayor, que debió tomar un crédito. La historia fue revelada por Aire de Santa Fe y evidenció una trama de vulneraciones: tanto el equipo interdisciplinario del hospital Vilela como la propia directora del hogar habían advertido que el lugar no era el adecuado para alojar a esa niña, que no contaba con cuidados parentales. 

El pedido de la Defensoría incluye una recomendación para que se "suspenda la derivación de nuevos alojamientos de niños, niñas y/o adolescentes a la mentada institución", al tiempo que reclaman saber si el Ministerio o alguna dependencia realizó "presentación judicial ante el Fiscal Leandro Lucente".

En rigor, la adolescente fue enterrada sin que mediara una autopsia. El 22 de abril la Defensoría envió al fiscal un informe sobre lo ocurrido. Una semana después, Lucente informó que había dispuesto la exhumación y posterior autopsia, que realizó el 3 de mayo. Los primeros resultados no pudieron determinar la causa del fallecimiento, y entonces dispuso exámenes complementarios, que todavía no se le remitieron. 

Mientras tanto, en la investigación que llevó adelante la Defensoría está consignado que la Secretaría de Niñez decidió mantener a la niña en la institución pese a que tanto el equipo interdisciplinario del Hospital Vilela, como la Defensoría y la propia directora de la institución alertaron que no era el lugar adecuado para atenderla. 

Fue la hermana mayor de la nena -su única familia, con quien mantenía un vínculo- quien manifestó sus dudas sobre sobre los motivos de la muerte. Todas estas actuaciones derivaron también en un pedido de informes que ingresó el 12 de mayo pasado en la Cámara de Diputados de la provincia, firmado por Agustina Donnet y Rubén Giustiniani, del bloque Igualdad. En ese pedido se solicita que el Ejecutivo remita información sobre diferentes puntos, entre ellos: "Si es verdad que en momentos previos al deceso se produjo una persecución a la menor por parte de uno o más operadores de la institución" y "si, una vez conocido el hecho, la Secretaría inició acciones judiciales en miras a esclarecer las circunstancias de la muerte". 

Consultada la subsecretaria de Niñez, Patricia Virgilio, aseguró el 2 de junio: “Nos informaron a la Dirección de Niñez, tomamos conocimiento con la guardia y lo primero que pedimos es saber si se hizo una autopsia. Nos contestaron que intervino el médico de la Policía, que ya estaba elaborado el certificado de defunción y que era muerte súbita. La guardia de Niñez le pregunta al policía si esto estaba informado al fiscal. Nosotros somos Niñez, yo no soy ni el médico de la Policía ni el fiscal”.