Las mujeres del Barrio Padre Mugica de Retiro no bajan los brazos en la lucha para construir una “Argentina desde abajo”. Rocío, Maribel y Leni esquivan la timidez inicial con unas sonrisas que brillan más que el sol del mediodía en la Plaza de la República. Las tres ponen el cuerpo al banderazo nacional, convocado por Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita en el Obelisco y en distintos puntos del país para apoyar el proyecto de ley que busca gravar la renta inesperada generada por la guerra en Ucrania. De a poco se sueltan y van contando el trabajo que hacen en el barrio, en los merenderos y comedores, acompañando a adultos mayores o compañeras que padecen violencia de género. Todas son beneficiarias del Plan Potenciar Trabajo, por el que reciben 19.470 pesos por mes. “Le pusimos el pecho a la pandemia y ahora queremos que el país salga adelante”, dice Rocío y subraya que “el alza excesiva de los precios nos afecta mucho y son pocos empresarios los que se benefician” con el aumento de los alimentos. “No venimos a romper nada ni a cortar las calles. Venimos a acompañar un reclamo que es de todos”.
Deuda interna
Rocío, Maribel y Leni están listas para empezar a repartir los volantes. “Paguemos la Deuda Interna”, se lee en el anverso del volante que se completa con otra de las consignas del banderazo: “Argentina desde abajo”. ¿Por qué es tan importante aprobar la Ley que captura las ganancias inesperadas? Las organizaciones convocantes esbozan una respuesta: “La guerra en Ucrania provocó que ciertas empresas, sin haber aumentado la inversión ni la productividad, se estén beneficiando extraordinariamente de tal dramática situación. Esta vez, en lugar de que se beneficien unos pocos necesitamos hacer algo diferente y construir medidas que reduzcan la Deuda Interna, equivalente a las desigualdades sociales que crecen con cada nueva crisis pero benefician a los que más tienen”.
El mate y los pancitos se comparten para ahuyentar el frío. Diego Lualdi, del Partido del Trabajo y del Pueblo, de la Corriente Clasista y Combativa, define al proyecto del impuesto a la renta inesperada como “una medida necesaria y justa” para que los que más se están beneficiando con la suba de los precios internacionales de los alimentos y energía “resignen parte de esas ganancias para atender las emergencias populares y las enormes necesidades que está sufriendo la mayoría del pueblo como consecuencia de la inflación y la suba del costo de vida”. Para Lualdi también es imprescindible señalar “quiénes son los que se están enriqueciendo mientras crece la desigualdad en nuestro país”.
Laura Velasco, legisladora porteña de Somos en el Frente de Todos, cuenta que uno de los objetivos de este banderazo es buscar el acompañamiento de la ciudadanía. “Este es un momento para aplicar una ley para gravar las ganancias inesperadas, una medida que se está discutiendo en otros países del mundo también”, plantea Velasco. El proyecto presentado por el Gobierno, por el que se estima que recaudarán mil millones de dólares, alcanza a aquellas empresas con una ganancia neta imponible superior a 1.000 millones de pesos.
A fines de abril, el gobierno de Italia implementó el “impuesto a los beneficios extraordinarios”, que grava con una tasa de 10 por ciento la renta inesperada que registraron las empresas energéticas que operan en el país. En mayo anunciaron que la tasa pasaría al 25 por ciento. “Gravamos una parte de los beneficios extraordinarios que están obteniendo los productores gracias al aumento de los costos de las materias primas, y distribuimos este dinero entre empresas y familias en dificultades”, argumentó el primer ministro italiano Mario Draghi. En el Reino Unido, Boris Johnson anunció a fines de mayo la aplicación del “windfall tax” a las ganancias inesperadas para los productores de petróleo y gas. Se trata de una tasa del 25% sobre los resultados excepcionales. España y Bélgica están estudiando medidas similares.
Velasco destaca que es importante impulsar el proyecto porque “los que más se perjudican son quienes viven en los barrios populares y son parte de una economía informal que necesita el acompañamiento del Estado”. Para la legisladora porteña es “central” que el Estado pueda tener una parte de esa renta, “una ganancia producto de la circunstancia de la guerra en sectores que ya se vieron muy beneficiados en tiempos de pandemia y ahora por esta situación internacional”. El proyecto expresa con “mucha claridad” para la legisladora que el impuesto será aplicado a empresas que hayan tenido una ganancia mayor a 1.000 millones de pesos. “Se calcula que es el 3,6 por ciento de las empresas, o sea que son sectores muy concentrados de la economía; creemos que es el momento de que hagan un aporte al país, como fue durante la pandemia el Aporte Solidario y Extraordinario”.
Los insensibles de siempre
Lualdi advierte que los que se resisten al proyecto de la renta inesperada “son insensibles ante las necesidades de las grandes mayorías populares y siempre lo fueron” y agrega que “buscan generar desestabilización y quieren extorsionar al gobierno de Alberto Fernández para que haga el ajuste que pretende el FMI y allanar la vuelta de los sectores del macrismo”. Para Velasco las grandes empresas “hacen lobby a través de los medios de comunicación y generan el temor de que este impuesto sea para los sectores medios de la sociedad”. La legisladora aclara que se trata de que “una parte de las ganancias extraordinarias, producto de la especulación por la guerra, la aporten al Estado para que se pueda garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos al conjunto del pueblo”. “Necesitamos fortalecer una Argentina desde los trabajadores y las trabajadoras y es ahí donde tiene que poner el Estado la prioridad, inclusive apoyar a las Pymes que sí invierten todos los días y garantizan muchísimos puestos de trabajo”, afirma Velasco.
Las tres organizaciones sociales cercanas al Gobierno entienden que el tratamiento del proyecto que grava la renta inesperada puede ser la garantía para que se aprueben otras leyes que requieren un presupuesto específico y que las organizaciones denominan “las leyes de Tierra, Techo y Trabajo”, entre las que están la Ley de Economía Social y Popular, el Monotributo Social, la Ley de Envases y la Ley de Reconocimiento para las Promotoras de Género. Mandy, del Movimiento Evita, con 36 años y madre de dos hijas y de 15 y 13 años, habla con las compañeras antes de que empiecen a volantear y les pide que “no respondan a las provocaciones” y que en caso de que alguien se ponga “pesado” avisen a los compañeros de la organización. Militar es también cuidarse entre todes.
“Hay gente que pasa y no está de acuerdo y te insulta o te dice malas palabras y no comprenden que somos trabajadoras; el Potenciar Trabajo es nuestro sueldo y todos los días laburamos en nuestros barrios, en las cooperativas, en las cuadrillas, en los comedores y merenderos; hacemos salud y acompañamiento a las mujeres que sufren violencia de género”, explica Mandy a Página/12 y recuerda que en otras volanteadas le dijeron “andá a trabajar”, “negros de mierda” o “Eva era puta”, entre otros insultos. “Somos trabajadoras y trabajadores organizados que necesitamos llegar a fin de mes, poder pagar nuestros alquileres y comprar las cosas que nuestros hijes necesitan. Ahora no llegamos a fin de mes y cada vez las cosas aumentan más, por eso es necesario este proyecto de ley que grava la renta inesperada”, concluye Mandy.