Más allá de la perorata militar, el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 estuvo motivado en razones económicas, como ha quedado demostrado una y otra vez en los procesos judiciales que se siguen por los crímenes cometidos durante esos años de terror. Esa motivación se aprecia muy claramente en la persecución a trabajadores del Ingenio Ledesma y de la Compañía Minera Aguilar, sostuvo la abogada Paula Alvarez Carreras, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el sexto juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Jujuy.

Alvarez Carreras recordó los testimonios de las investigadoras Delia Maisel y Victoria Basualdo para exponer sobre la responsabilidad civil en la represión a trabajadores de estas empresas. Maisel escribió dos libros sobre el terrorismo estatal en Jujuy, "Memorias del apagón" y "Rebeliones Mineras". Basualdo investiga sobre relaciones laborales, movimientos obreros, transformaciones económicas en las últimas décadas en Argentina y en América Latina y escribió “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores”, obra la que analiza la situación de 25 empresas del país, entre ellas Ledesma y la Minera Aguilar.

Al declarar en este juicio Maisel destacó tres aspectos paralelos entre Ledesma y la mina de El Aguilar: la forma y la modalidad de la detención; el traslado y el hecho de que la la persecución se centró en "activistas y sindicalistas”.

La mayoría fueron detenidos en el trabajo, luego fueron llevados a los lugares de detención en vehículos de estas empresas. Y “Sufrieron todo tipo de atropellos y torturas; fueron entregados al presidio de Gorriti encadenados, encapuchados, bajo amenaza de muerte”, dijo en su momento la investigadora.

“Los desaparecidos eran activistas, eran militantes, eran sindicalistas, y se manifestaban en contra de los intereses de la empresa”, dijo también. Recordó al médico Luis Aredez, que cuando fue intendente de Libertador General San Martín “fue la primera vez que se recaudó impuestos que afectaron de alguna manera a la empresa y se benefició al pueblo”. También fueron desaparecidos Jorge Weisz y Carlos Ernesto Patrignani, integrantes del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma (SOEAIL). En El Aguilar fue desaparecido el histórico sindicalista Avelino Bazán, que para entonces era director de Trabajo “y constató todas las irregularidades que se producían en la mina El Aguilar en relación a las condiciones de trabajo de los mineros. En el año 1973 hizo un relevamiento de todo lo relacionado a la contaminación del agua”. Y ese año se concretó también el Aguilarazo, una destacada protesta de los obreros que terminó en represión pero que también obtuvo mejoras laborales. 

La querellante recordó que Maisel también señaló patrones comunes entre las víctimas del ingenio Ledesma y la mina de El Aguilar: tenían miedo a ser detenidos porque eran despojados de todo. “Las empresas querían sacar del medio a los luchadores que tocaban los intereses económicos”, “dejando en claro cuál era la disputa en ese contexto en aquella época y cuál fue también el motivo de la persecución a aquellos sectores organizados”, dijo entonces la investigadora.

Alvarez Carreras recordó que Basualdo expuso que “las tendencias generales mostraron que específicamente durante la etapa dictatorial hubo un cambio muy significativo de las condiciones de los trabajadores en sus posibilidades de organización y de lucha" y constataron que "a un proceso de activismo sindical había seguido un ciclo de represión muy fuerte" y que este proceso tuvo "dos fuerzas impulsoras conectadas y articuladas, por un lado las fuerzas armadas y por otro lado, determinados sectores empresariales". 

Basualdo detalló que "90% de los casos de secuestros ocurrieron en los lugares de trabajo". En otros casos encontraron "la provisión de una gran cantidad de instrumentos logísticos y materiales que incluía desde vehículos hasta financiamientos, espacios en los propios establecimientos fabriles", "la provisión de información de fuerzas represivas" y, "una gran presencia de militares en los directorios de las empresas" y "de empresarios dentro del funcionamiento de la dictadura”.

Alvarez Carreras subrayó que esto se aplica a los casos de Ledesma y Minera Aguilar. En ambas empresas había procesos de organización sindical. En Ledesma hubo “una obstaculización constante de la empresa y de las fuerzas represivas (a la organización de les trabajadores)", donde, como destacó Basualdo, se instaló "una unidad de Gendarmería dentro del predio de la propia empresa en el año 1966, supuestamente vinculada a un proceso de guerrilla en el noroeste con una preocupación respecto del accionar de organizaciones políticos militares, pero de hecho se instaló, no en la frontera, no en un lugar del territorio donde pudiera desarrollarse la guerrilla, sino dentro del propio predio de la empresa”.

La querellante recordó que Basualdo también reseñó que en la mina de El Aguilar fue mucho más fuerte el proceso de organización ya desde 1964. En Ledesma, la organización gremial tomó impulso a finales de la década del 60 y comienzos de los 70, con la llegada de Weiz y otros trabajadores. Weiz fue electo en la comisión del sindicato en 1973 y logró mejoras laborales, y, consecuentemente, fue vigilado y perseguido, como se probó en este proceso. A la par, ese proceso fue acompañado por despidos "una de las principales estrategias" que usó la empresa. La investigadora aseguró que al proceso represivo central, de agosto de 1974 a julio y agosto de 1976, “hay que entenderlo en vinculación con el proceso de organización sindical”.

En el caso de la Comañía Minera Aguilar, Basualdo dijo que “igual que Ledesma" se trata "de una empresa con un dominio territorial muy significativo, se observó un tipo de configuración empresarial muy anclado en el dominio del territorio, claramente el territorio de la mina es un territorio vigilado, controlado" y donde se veían "condiciones habitacionales durísimas, situaciones de hacinamiento en los propios lugares de vida, convivencias de varias familias. Familias directamente apiladas con condiciones de trabajo muy deficientes, falta de elementos de seguridad, es decir, una propensión en los accidentes en el año 60 que fueron muy significativos”. En ese contexto surgió Bazán.

Weisz y Patrignani fueron detenidos en octubre de 1974. El Sindicato fue intervenido en 1975, hubo un "ciclo represivo" que incluyó numerosas detenciones, continúo el 24 de marzo de 1976 y los días siguientes cuando fueron detenidos otros dirigentes y finalmente, los apagones en julio de 1976. Fueron “una respuesta clara a este proceso de organización de los trabajadores. Porque muchas de las figuras que representaban esta organización de base (…) sufrieron de lleno ese proceso”, sostuvo la querellante en un alegato que se extendió por más de cuatro horas y que todavía no concluyó. 

También citó la represión en la empresa Acindar, porque “permite ver un ejemplo muy claro de la relación entre la dirigencia empresarial y las fuerzas armadas a partir de la figura de José Alfredo Martínez de Hoz, que pasó de ser el presidente del directorio de Acindar en el 75” a ser un hombre clave en el gobierno de facto iniciado en marzo de 1976. Los presidentes de ambas empresas, Acindar y Ledesma, Martínez de Hoz y Blaquier, “son figuras que tienen mucha vinculación y además estuvieron reunidas, tuvieron una articulación”, aseguró Alvarez Carreras. 

Añadió que hubo un proceso represivo simultáneo que en cuanto a "Ledesma debe analizarse como un caso que fue tomado como emblemático en el marco más amplio de represión", si se tiene en cuenta el impacto que tuvo en el territorio, el impacto a largo plazo; una represión que alcanzó a sectores políticos, abogados, trabajadores, a las familias de los trabajadores.

Avelino Bazán fue detenido de su lugar de trabajo en marzo de 1976, en octubre de ese año fue trasladado a La Plata de donde fue liberado el 21 de julio de 1978. Pero poco después, el 26 de octubre de ese mismo año, fue secuestrado y desaparecido. En este juicio se juzgan también las detenciones ilegales y torturas de otros trabajadores de la mina de El Aguilar. 

Impunidad biológica 

La querella de la Secretaría de DDHH está alegando en conjunto con la querella de HIJOS Regional Jujuy, que representa la abogada María José Castillo y que alegó en primer término. Al continuar el alegato, Alvarez Carreras retomó los cuestionamientos por la mora judicial en los procesos por delitos de lesa humanidad. 

Este es  el sexto juicio por terrorismo estatal que se desarrolla en Jujuy. incluye hechos en perjuicio de 120 víctimas, 44 permanecen desaparecidas. El debate se inició en 2018 y “fueron 23 imputados los que llegaron a este debate. Lamentablemente, en el transcurso de estos cinco años que llevamos de debate dos de ellos fallecieron y otros dos fueron apartados por motivos de salud", sostuvo Alvarez Carreras.

“Estamos aquí a 46 años, juzgando hechos que han sucedido hace muchísimo tiempo. Lamentablemente el transcurso del tiempo ha jugado en contra no solamente de quienes reclamamos verdad y justicia en el sentido de que favoreció situaciones de impunidad, porque muchos de los imputados hoy no están acá en este debate porque han fallecido o en el transcurso de este juicio o incluso con anterioridad. Esto también les sucedió a las víctimas, a los sobrevivientes y a sus familiares, que vinieron denunciando desde hace muchísimo tiempo (...) las situaciones vividas por ellos o por sus familiares y muchos de ellos fallecieron sin saber el destino de sus familiares detenidos y desaparecidos”, recriminó.

Luego, al hablar de la represión en la mina de El Aguilar, recordó a sobrevivientes que declararon en este proceso pero fallecieron sin conocer la sentencia, y dijo que lo hizo “para enfatizar lo trágico de la demora en estos juicios”. “Han perdido su vida sin haber obtenido la justicia que esperaban”.