Las causas ambientales por quemas en la zona de islas recaerán en un nuevo juzgado federal abierto en Victoria y a cargo del juez Federico Martín, quien fue designado después de 18 años de la sanción de la la correspondiente ley. En ese marco, la diputada provincial Mónica Peralta se reunió con el magistrado para tratar temas vinculados a los incendios producidos en el humedal del Delta del Paraná y los recursos que necesitan desde los juzgados federales para hacer frente a las investigaciones por los incendios.
Luego del encuentro, la legisladora del GEN evaluó que “el rol de este juzgado de competencia plena es muy importante porque recibirá a partir de ahora todas las causas ambientales, civiles y penales de esta extensa jurisdicción que abarca más de 400.000 hectáreas de tierras”. Al mismo tiempo, recordó que los distintos gobiernos nacionales demoraron varios años en nombrar un magistrado en esta jurisdicción. “Es increíble que tengamos que destacar que la designación del Juez Federal Federico Martín es efectiva después de 18 años de la sanción de la ley que desde el 3 de diciembre de 2003 fue aprobada y estuvo sin denominación hasta ahora”, reflexionó Peralta.
Por otro lado, la diputada anticipó la posibilidad de que en el mes de agosto se produzcan nuevas quemas en las islas, “en parte producto de las prácticas productivas que ya conocemos agravadas por la gran cantidad de masa combustible producto de las heladas”. Además, mencionó: “Se estima que casi un 60% de las tierras que conforman el humedal no están registradas en ningún sistema formal, lo cual dificulta el acceso, monitoreo y control de los terrenos no denominados, ante la falta de titularidad privada o pública”.
Ante esto, destacó la necesidad de asignar mayores recursos a los estados provinciales: “Necesitamos que el gobierno nacional compre y abastezca de elementos tecnológicos y mecánicos a las provincias, no solo para evitar los incendios sino además para combatirlos rápidamente”. En ese sentido, detalló: “Hace falta inversión en helicópteros adaptados y embarcaciones de porte equipadas para combatir el fuego desde el agua; transporte terrestre adaptado al medio y herramientas para abrirse paso y mitigar los incendios; y personal capacitado para hacer frente a este tipo de siniestros ambientales. Todos estos son elementos con los cuales los juzgados no disponen o lo hacen en muy poca medida o ninguna. Solo es decisión política, y esa decisión no está”, sostuvo.
