Los dirigentes de Vicentin rechazaron los dichos del presidente, Alberto Fernandez, respecto a la posibilidad de que el Estado tome el control de la cerealera. Ahora que la Corte Suprema de Santa Fe suspendió el proceso concursal y decidió avocarse a analizar el caso, el presidente puntualizó que las condiciones son más favorables para un cramdown.

La cerealera, que tomó créditos millonarios durante el gobierno de Mauricio Macri y que a una semana del fin de mandato de Cambiemos se declaró en cesación de pagos, volvió al centro de la escena luego de las declaraciones del presidente.

En un reportaje a este diario, Fernandez habló de la necesidad de terminar con las prácticas monopólicas en los mercados de alimentos ante la suba de precios indiscriminada. Es así como se manifestó a favor de la posibilidad de que el Estado cuente con “una empresa testigo para que ordene el mercado” en el plano alimentario. La impronta nace ante la decisión de la Corte Suprema de Santa Fe de desplazar al juez del concurso de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini. Fernandez expresó que ahora hay “un escenario más favorable” que el que existía en el inicio del proceso.

Los integrantes de la agroexportadora Vicentin emitieron un comunicado donde precisaron que: “Vicentin no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos, puesto que Vicentin es tan solo una (gran) empresa de molienda que transforma granos en aceite y harina. Su participación antes de la presentación en concurso nunca alcanzó el 15 por ciento del sector”

Consultado por Página|12, Carlos Del Frade, diputado de la provincia de Santa Fe, explicó que "es fundamental que el Gobierno nacional tome Vicentin como empresa nacional de activos, ya que el comercio exterior de granos sigue siendo por donde entra la mayor cantidad de divisas y siendo que Vicentin, en los últimos años, se había posiconado como la primera empresa exportadora de granos. En eso también mienten deliberadamente para bajarle el precio al interés del gobierno de recuperar la iniciativa en Vicentin”.

Con respecto al comunicado emitido por el directorio de la cerealera, el diputrado señaló: "El documento del directorio de Vicentin vuelve a exhibir la necesidad que tiene este grupo empresario de que siga el proceso preventivo de acreedores tal como venía hasta ahora con absoluta facilidad de parte del juez Lorenzini y sigue repudiando cualquier presencia del Estado nacional, no solamente por la vigencia de Vicentin, si no por sobre todas las cosas, para develar el misterio de la fuga de 791 millones de dólares entre agosto del 219 y enero del 2020 de los cuales nunca hablan”.

“Es una declaración para defender todo lo que tiene que ver con la oscuridad del proceso de cesación de pagos, vaciamiento y fuga que ha producido Vicentin, en los últimos años y durante el gobierno de Mauricio Macri por sobre todas las cosas. Es una actitud defensiva para los directores que ya están procesados e imputados por delitos de varias estafas seguir manteniendo la libertad", remarcó.

Ante una inflación incesante y conductas de acumulación y aprovechamiento por parte del empresariado argentino el presidente habló sobre el rol del Estado. “Hay un sector del empresariado argentino que no tiene ningún criterio de solidaridad con la comunidad donde se desarrolla. Y esto es muy grave”. "Son empresas que han tenido resultados extraordinarios en los últimos años. Y que no necesitan subir los precios del modo que lo suben para ganar. Sin embargo, lo hacen. Ahí empieza la segunda discusión: qué hace el Estado para parar eso”, agregó el presidente. 

Es aquí cuando la posibilidad de estatizar Vicentin entra en juego. Fernandez mencionó en la entrevista que desde el gobierno siguen “trabajando la alternativa del cramdown y ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo. No digo que esté seguro, pero sí que tenemos un escenario más favorable que aquél”.

El cramdown es una propuesta de solución de la deuda hecha por los acreedores principales, en este caso el Banco Nación, lo cual permitiría que acreedores u otro actor externo pueda formular una propuesta para tomar el control.

El presidente mencionó que el problema a la hora de pensar los conflictos respecto a la cerealera “es que a Vicentin lo convierten en un problema ideológico. Y no es un problema ideológico, es un problema de oportunidad. Yo estoy convencido de que lo que nosotros tenemos que garantizar es terminar con estos oligopolios, monopolios, y cuando estos sistemas existen, como el caso de las 7 u 8 cerealeras que existen en Argentina, si el Estado tuviera una cerealera que exporta, tendríamos posibilidades de intervención en favor del mercado, en favor de los argentinos. Pero eso no hay que hacerlo de cualquier modo”.

El diputado Del Freda recordó la venta de Renova y remarcó que hoy es el principal exportador de la Argentina. “La empresa estrella del grupo, que ya está en mano de sus viejos socios internacionales de Glencore -hoy Viterra - los cuales han sido condenados en distintos países del mundo, es el principal exportador de la Argentina”.