El 26 de junio de 2002 la mayoría de las organizaciones de desocupados realizaron cortes en los diferentes accesos a la Ciudad de Buenos Aires en el marco de un plan de lucha en reclamo a una serie de reivindicaciones que tenían que ver con la entrega de planes asistenciales, el aumento del monto de los mismos y la cantidad de mercadería que el gobierno le entregaba a esas organizaciones.

El gobierno del entonces presidente interino Eduardo Duhalde ordenó reprimir esa protesta a través de un operativo conjunto entre las fuerzas federales (policía, gendarmería y prefectura), la policía bonaerense y ex integrantes de esa fuerza que actuaron como paramilitares, que dejó como saldo los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, 32 heridos por balas de plomo y centenares de detenidos y heridos por balas de goma.

Los asesinatos estuvieron precedidos por una campaña desarrollada a través de los medios masivos de comunicación que demonizaban algunas organizaciones de desocupados y por declaraciones de funcionarios públicos que abonaban esa demonización vinculando a algunas organizaciones con la guerrilla colombiana, además de reivindicar el terrorismo de Estado.

Tanto el Ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, como el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, se referían a la necesidad de convocar a las Fuerzas Armadas en caso de que la Policía fuera desbordada por un estallido social, cuestión prohibida por las leyes. El canciller Carlos Ruckauf había reivindicado su firma en el decreto que ordenaba el “aniquilamiento de la subversión”, que fue el comienzo de la represión culminada por la última dictadura. Los máximos responsables políticos a nivel nacional y provincial expresaron que no iban a permitir que los piqueteros corten los accesos a la capital. Todos ellos no hacían otra cosa que repetir lo que habían formulado tiempo antes el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina como su par de la Sociedad Rural: actuar para que nadie corte las rutas.

Esas declaraciones se convertirían en acciones ese 26 de junio.

A pesar de la intensidad de esa represión y que trabajadores/as de medios de comunicación eran testigos de esos hechos, los discursos de los medios lejos de utilizar términos como “represión” o “asesinatos”, desde el mismo momento en que sucedían los hechos construyeron –repitieron- un relato similar al de los principales operadores del gobierno, ocultando la tarea desplegada por las fuerzas de seguridad y tergiversando esos sucesos.

En efecto, los medios audiovisuales que transmitían en vivo hacían hincapié en los cortes de tránsito, en los destrozos que habían cometido los manifestantes y cuando se conoció que dos personas habían fallecido se referían a “enfrentamientos entre piqueteros”.

Al día siguiente, los medios gráficos continuaban con esos relatos – salvo Página/12 que se refirió a una “cacería” y a una “brutal represión”- y por ejemplo el diario La Nación titulaba: “Dos muertos al enfrentarse piqueteros con la policía” para agregar en el copete “Bajo sospecha, dos grupos piqueteros”, sin considerar que en la historia de las protestas sociales en Argentina nunca los manifestantes se enfrentaron entre sí con armas de fuego.

Por su parte, el diario Clarín tituló “La crisis causó dos nuevas muertes” y publicó en la tapa una foto en que se encuentra el cuerpo de Maximiliano Kosteki tendido en el piso y la figura borrosa de Darío Santillán –sin que los editores lo supieran en ese momento- escapando, rodeado de policías, instantes antes de ser fusilado por la espalda, poniendo en el epígrafe de la fotografía simplemente que los policías “llegan”.

Recién con el paso de los días Clarín publicó la secuencia fotográfica completa que más adelante sirvió para condenar a los autores materiales de los asesinatos, pero ya se habían sucedido movilizaciones repudiando la represión estatal que obligaron a Eduardo Duhalde a anunciar el acortamiento de su mandato.

Tal como ocurrió durante la dictadura cívico-militar, durante la Masacre de Avellaneda los principales medios de comunicación privilegiaron las relaciones con el poder político por sobre la información.

* Docente UNRN/UNCo