El conflicto entre la empresa minera Elevado Gold y la Comunidad Indígena de Peñas Negras en la puna catamarqueña llegó a su punto más álgido en estos últimos días. Desde hace meses la empresa, en complicidad con el Gobierno provincial, pretende ingresar al territorio comunitario para efectuar estudios de prospección pese a no contar con el consentimiento de la Comunidad. Lo que dio lugar a múltiples hechos de violencia en los que se han desconocido y vulnerado los derechos indígenas. Hace 10 días, se organizó una expedición integrada por geólogos y efectivos de la policía provincial para subir al cerro y desde entonces las familias encuentran sosteniendo una ronda comunitaria frente al campamento minero.
El conflicto lleva meses y se va agudizando cada vez más, sin que el Gobierno provincial tome cartas en el asunto para garantizar que se resguarden los derechos indígenas. Al contrario, la posición del Gobierno, como sostuvo el Ministro de Gobierno Jorge Moreno el pasado 28/5 en reunión con la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén, es que los estudios de exploración tienen que hacerse “para recién después hacer la consulta” y que la minería está fuera de discusión.
El 13/5, la Comunidad de Peñas Negras presentó un escrito a través de su abogada Andrea Morales Leanza al Ministro de Minería Marcelo Murúa, con copia al Gobernador, solicitando se revoque el permiso concedido a las empresas mineras Millaray S.A. (concesionaria) y Elevado Gold S.A. (operador), otorgando la “ampliación de plazos para la realización de actividades prospectivas no invasivas en el área del Proyecto Minero Alto del Mulato”, observando que no se estaba respetando el “derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada” y que se estaba perturbando el modo de vida comunitario. Petición que a la fecha no tiene respuesta. De hecho, en una reunión anterior que tuvo lugar el 20/3/2021 con la Secretaria de Desarrollo Minero Olga Teresita Regalado, los Caciques de la Unión Diaguita sostuvieron que la minería “es incompatible con la cría de la hacienda y que no se permiten actividades mineras en territorios indígenas”. Pero lo mismo la empresa minera se introdujo con la complicidad del Estado, generando un conflicto interno en la Comunidad de Aguas Calientes que tuvo como resultado la fisión de la misma en una nueva comunidad, la Comunidad de Peñas Negras.
Representantes de la empresa Elevado Gold, Jorge Granillo, Bernardo Perisek y un tal Mario “el Chileno”, en complot con Honorato Casimiro, Cacique de Aguas Calientes, y la familia Pachado (familia terrateniente de la región y denunciada por múltiples violaciones a los derechos humanos), trataron de ingresar por la fuerza a Peñas Negras, desconociendo a la nueva comunidad y amenazando con “hacer detener” a los comuneros, según consta en la denuncia hecha ante fiscalía de Belén por el Cacique de la Comunidad de Peñas Negras, Sebastián Gutiérrez, los primeros días de diciembre del año pasado (Expte. Letra G 030/21). Sin embargo, la fiscal de Belén, Marina Villagra, ordenó detener al Cacique Sebastián el 9/12/2021 por supuestas amenazas, imputándolo penalmente a él y a otras comuneras que habrían cerrado el paso a los mineros. Mientras, las denuncias hechas por el Cacique Sebastián en diciembre y en el pasado mes de febrero ante los continuos hostigamientos que sufren desde hace meses, no han merecido ninguna medida por parte de la fiscal.
Por otro lado el Gobernador Raúl Jalil estuvo al tanto de los hechos y no sólo no tomó ninguna medida para garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, sino que incluso durante el acto del 23/5 trató de presentar oficialmente el proyecto minero Alto El Mulato sabiendo que el mismo no contaba con el consentimiento comunitario. Es decir que, tanto la fiscal como el Gobierno se niegan a reconocer los derechos indígenas en nombre de los intereses económicos de la empresa y de una razón de Estado: la minería como destino manifiesto al que tienen que sujetarse las poblaciones y territorios de nuestra provincia, con lo que la Constitución y las Leyes estarían por debajo del Código de Minería. Hoy, pues, ninguna institución del Estado provincial vela por los derechos de la Comunidad, ni la reconoce como sujeto de derecho.
Como dice Martín, comunero de Peñas Negras: “…nos sentimos mal que el gobierno desconozca que nosotros como comuneros estamos defendiendo nuestros derechos, nuestros recursos, no sé por qué el Gobierno no nos escucha, por qué nos toma como que no somos nada, como que no existimos… (…)
"Queremos que la empresa minera se vaya, por favor lo pedimos, que se vayan urgente, ya hace seis meses que vivimos mal, muy mal. Queremos que el gobierno nos defienda, duele tanto que el gobierno esté a la contra de nosotros, comuneros de Peñas Negras, es triste lo que estamos viviendo desde hace seis meses”.
* Arqueólogo
