En una decisión cantada, unánime, notoriamente política y tal como lo adelantó Página/12, la Corte Suprema rechazó tres recursos de Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados en el juicio conocido como "Vialidad", por la construcción de rutas en Santa Cruz, que está en su etapa final, a punto de empezar los alegatos. La cuestión temporal no es menor: los supremos esperaron a este momento para decir lo que pudieron haber dicho hace tres años, cuando estaban por empezar las audiencias orales y llegaron los planteos de las defensas. Incluso utilizaron palabras que connotan una fuerte descalificación, que fueron enseguida aprovechadas por los portales de los medios opositores. 

CFK cuestionaba que el juicio comenzara sin pruebas y peritajes básicos sobre las obras; decía que ya la justicia santacruceña había concluido que no había delito; y objetaba la intervención de la Sala IV de Casación con los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, visitantes frecuentes de Mauricio Macri, porque había intervenido ya otra sala en una causa conexa. El alto tribunal usó ahora los mismos argumentos que habían dado los casadores: que no estaba en juego nada equiparable a una "sentencia definitiva", o que la defensa no lo había demostrado, ergo el proceso debía avanzar como fuera.

En mayo de 2019 la defensa de la Vicepresidenta, a cargo de Alberto Beraldi, recurrió a la Corte Suprema y alertó que el juicio estaba por empezar sin un peritaje elemental sobre las obras cuestionadas. También lo hicieron las de Julio De Vido, Lázaro Báez y Carlos Kirchner. No había ningún estudio que hubiera establecido si las rutas se habían hecho o en qué porcentaje, de qué manera, de dónde surgía la conclusión acerca de sobreprecios, el supuesto direccionamiento a favor de Lázaro Báez y si otras empresas tenían condiciones para hacer esas obras en ese lugar. El Tribunal Oral 2 le había denegado el 80 por ciento de las pruebas pedidas, nunca concretadas en primera instancia por el juez Julián Ercolini.

Lo más impresionante es que en ese momento en el máximo tribunal algunos jueces se escandalizaron frente a esto, comentaban que podía comprometer garantías constitucionales, y pidieron los 29 cuerpos del expediente. Sin ese material no podría empezar el juicio. La presión de los medios, por entonces oficialistas/macristas (que incluyó llamados a algunos despachos de la Corte), a pocos días de que se conocieran las candidaturas presidenciales, los llevaron a dar marcha atrás en 24 horas. Devolvieron todo al tribunal oral y hasta este martes no dijeron nada. Cuando comenzó el juicio en la fecha prevista se peritaron cinco de las 51 obras. El año pasado, según pudo reconstruir Página/12, analizaron hacer lugar al cuestionamiento por doble juzgamiento por la causa juzgada ya en Santa Cruz, pero no avanzaron.

Durante las audiencias orales en estos tres años los testigos o evidencias que comprometieran CFK en alguna maniobra para beneficiar a Lázaro Báez reinaron por su ausencia. Como ya informó este diario, los proyectos de rutas se votaron en el Congreso Nacional y las licitaciones, las adjudicaciones y el control se hicieron en la provincia de Santa Cruz.

Ejes y consecuencias

* Los cortesanos dicen, igual que la Casación a la que respaldan, que la decisión de no admitir ciertas pruebas no ponía fin a la causa ni complicaba el juicio. Para ellos, como la defensa de la vicepresidenta no demostró que existe algo equiparable a una sentencia definitiva, la Corte no puede intervenir, el juicio debe continuar y, en todo caso, CFK puede cuestionar la sentencia si llegara a ser condenada. Agregaron: "Nada autoriza a descartar la posibilidad de que la apelante resulte absuelta o que, incluso, y a juicio de la propia interesada, el pronunciamiento satisfaga los requisitos de legalidad y de justicia. Por ello, los agravios en cuestión se tornan hipotéticos y conjeturales, y su tratamiento, por prematuro, improcedente".

Esos términos del fallo sorprendieron por el tono de descrédito en algunos despachos de Comodoro Py, donde entrevieron un efecto adicional de estas afirmaciones: casi que no importa la prueba con que un caso llegue a la etapa de juicio oral, que incluso las audiencias se hagan con poco y nada, ya que al final del camino estarán la Casación y la Corte nuevamente para revisar los resultados. Como es bien conocido, durante el período de gobierno de Cambiemos las causas contra exfuncionarios del kirchnersimo y en especial contra CFK, quedaron concentradas esencialmente en dos jueces: Claudio Bonadio y Ercolini. Una práctica habitual fue avanzar sin peritajes, o con peritajes truchos (como quedó demostrado en la causa de Gas Natural Licuado) para mandar a juicio o con otros tan cuestionados que llevan a dejar expedientes abiertos en forma indeterminada, como el de la muerte de Alberto Nisman. No parece casual que justo este mismo martes el Tribunal Oral Federal 7 (TOF7) a cargo de la célebre causa de las fotocopias de los cuadernos inauguró formalmente la etapa de juicio, al notificar a las partes. Este expediente nunca contó con algo básico: un peritaje sobre los cuadernos supuestamente escritos por Oscar Centeno --pese a lo cual esos escritos son una evidencia sobre la que se construyó todo el caso-- y donde los relatos de los empresarios arrepentidos fueron tomados por sí mismo como pruebas.

La resolución sobre las pruebas descarta una cuestión de "gravedad institucional" y le endilga a CFK tener sólo un interés "particular" o no haber probado un interés que exceda lo personal. “El hecho de que se trate de un juicio que involucre a una alta funcionaria pública nacional no cambia esa conclusión", dice el fallo. "No se advierte que la intervención anticipada de este tribunal perseguida por la defensa tenga otro objeto que revisar decisiones que afectan intereses particulares", le achacan. Para los supremos la defensa no demostró "una situación de privación de justicia, sin posibilidad de reparación ulterior". Lo marcan para desechar los planteos que advertían sobre el uso de la causa con la finalidad de "impactar en la campaña electoral", "con fines políticos" y "poniendo en riesgo las instituciones democráticas". Este caso en particular se inició con el gobierno de Mauricio Macri, en 2016, y el juicio empezó con el aval del silencio supremo en plena campaña, aunque ganó el Frente de Todos. El señalamiento de la Corte niega, con términos jurídicos (lo que no los despoja de un carácter político) la existencia de un uso de la justicia para perseguir opositores y lo pone en términos de intereses individuales.

* Otra de las resoluciones rechazó el pedido de CFK de apartamiento por incompetencia de la Sala IV de Casación --Borinsky, Hornos y Javier Carbajo-- ya que la Sala I había fallado antes en un caso conexo. Otra vez el tribunal dijo que no había "sentencia definitiva ni equiparable" y que no se violó la garantía del juez natural. Le achacó a la defensa que no demostró "cómo la intervención de la Sala IV sería un intento de constituir una verdadera comisión especial". Esto se refiere a los cuestionamientos de los imputados sobre la intervención coincidente y repetida de los mismos jueces en las causas que le interesaban al macrismo en las distintas instancias. “Carece de la debida fundamentación en aras de demostrar que lo resuelto genere un agravio de imposible reparación ulterior...", repite una y otra vez la Corte. De esta forma, dio un espaldarazo a los cuestionados Borinsky y Hornos.

* La Corte, por último, tampoco admitió el planteo de que las obras (49 de las 51) ya habían pasado por los tribunales de Santa Cruz, que se había determinado la inexistencia de delito, y que no se puede juzgar dos veces por los mismos hechos. Para los supremos no está en duda esa garantía. Dicen que en las causas de Santa Cruz hubo poca actividad y "falta de impulso" de la fiscalía, además de que no encontraron correspondencia con la investigación porteña y que tampoco CFK había estado imputada en las causas en el sur. Le cuestionan a la defensa que no hizo "una descripción prolija y suficiente de los antecedentes de la causa" santacruceña para poder contrastarla con la que tramita en Comodoro Py. Avalan, en definitiva, que el TOF2 se haya quedado con el juicio al considerarlo una causa más "amplia". Invocan, otra vez, a la Sala IV de Casación que ya había dicho que no había sentencia definitiva sin analizar la cuestión de fondo. En tribunales hay quienes dicen que este asunto debió volver allí para garantizar su revisión y permitir que se exprese la defensa.

El estado del juicio

El juicio está en la recta final, podría terminar de acá a noviembre, en un año que adelantó la batalla electoral. El 27 de junio el tribunal resolverá la incorporación por lectura de pruebas documentales y está previsto que los alegatos empiecen el 11 de julio, con la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Poder Ejecutivo y no hay certezas sobre que posición adoptará. La Oficina Anticorrupción (OA) ya anunció su retirada. El fiscal Diego Luciani, es sabido, pedirá una pena elevada para la expresidenta. Habrá que ver cómo fundamenta su acusación dado que no apareció nada contra ella en las audiencias.

La reacción de Zaffaroni y Rusconi

El exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, dijo después de conocerse la decisión que "la Corte dice que el lawfare no existió porque lo hacen ellos". "Hay una serie de irregularidades en el caso Vialidad y en otros casos. Lo que se nota es una suerte de fuero de atracción, se concentran los casos en dos jueces federales y después en Casación", analizó al hablar en El Destape Radio. "Los casos de Cristina se concentraron en los jueces de Casación que tuvieron las reuniones en Olivos (...) que dijeron que los unía una amistad y que iban a jugar al paddle con Macri. Eso es razón de excusación". Zaffaroni marcó que el mecanismo del tribunal es hacer caso omiso de las irregularidades y "deja avanzar las causas sin meterse".

Maximiliano Rusconi, abogado del exministro de Planificación Julio De Vido advirtió que "la Corte volvió a 'elegir' en qué incidente expedirse y se expresó dilapidando una posibilidad más de poder encausar esta causa que durante tanto años transitó por una instrucción –primero– y ahora por un debate oral plagado de irregularidades (...). Sus fallos son respuestas a peticiones que pretendían un debate oral ante magistrados imparciales, lo cual se rechazó arbitrariamente y se impidió la revisión ante instancias superiores; poder realizar una instrucción suplementaria en la que verdaderamente se puedan suplir las falencias probatorias con las que la causa llegó a juicio oral, pero también en este tópico el criterio arbitrario del tribunal encontró un refrendo de último momento en las resoluciones de la Corte que no hace más que extender el desconcierto en el marco de una causa plagada de violaciones constitucionales. El desarrollo del debate, nos dio la razón y fue una prueba de lo que sosteníamos en los recursos. Pero eso, la Corte tampoco lo vio".