Desde Santa Fe
El secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, confirmó ayer que el “pedido de avocamiento” a la Corte Suprema en el concurso preventivo de Vicentin lo hizo uno de los “acreedores” del grupo (la cerealera Commodities SA de Rosario), explicó que el presidente del tribunal, Rafael Gutiérrez, suspendió los plazos procesales, corrió traslado al juez Fabián Lorenzini para que “se expida acerca de la solicitud” y “le remita la totalidad del expediente”. Y una vez que la Corte escuche al juez y al acreedor, “decidirá si se avoca o no, si debe reencauzar el proceso o todo continúa por sus carriles”. “Obviamente”, que el gobierno de Omar Perotti “va a estar muy expectante de esta situación” –dijo Somaglia-, de lo que resuelva la Corte con el voto de sus seis ministros. “Descontamos que el acreedor” que pidió la intervención del máximo tribunal “tiene que haber denunciado algunas circunstancias anómalas o irregulares en el marco del concurso”.
Somaglia admitió que la Casa Gris "monitorea" no sólo el concurso de acreedores que se tramita en Reconquista, sino también la causa penal abierta en Rosario en la que están imputados los principales directivos de Vicentin y hace dos semanas fue detenido su presidente, Omar Scarel.
Consultado por el decreto de Gutiérrez que se conoció el jueves, Somaglia explicó que el “pedido de avocamiento” a la Corte lo planteó uno de los “acreedores” de Vicentin, que no identificó, aunque se sabe que es la cerealera Commodities SA de Rosario. “La Corte aún no se ha manifestado” sobre ese requerimiento. Lo que hizo Gutiérrez fue “suspender los plazos procesales”, correrle traslado al juez Lorenzini para que “se expida acerca de esta solicitud” y le remita “la totalidad de la causa” a los fines de resolver.
Acerca del argumento del “acreedor” para pedir la intervención de la Corte, Somaglia se mantuvo en el plano de las hipótesis. “Descontamos que tiene que haber denunciado algunas circunstancias anómalas o irregulares en el marco del concurso. Todo esto es muy reciente, supongo que en las próximas horas tendremos un conocimiento más fehaciente”, señaló.
“La decisión de la Corte es ordenatoria -explicó-. Primero quiere escuchar al juez Lorenzini, que se expida acerca de lo que dice este acreedor. Y una vez que se pronuncie el magistrado y al acreedor, decidirá si se avoca o no, si debe reencauzar el proceso o si todo sigue por sus carriles“. Obviamente, que la provincia va a estar expectante de esta situación y de lo que resuelva la Corte.
-¿Qué rol juega la provincia en el concurso? –le preguntó un periodista de LT9.
-La provincia es una acreedora más, a través de la API. Una empresa de esta envergadura adeuda impuestos por un volumen interesante.
“Desde el gobierno de la provincia, lo que estamos haciendo es el monitoreo del concurso de acreedores de Vicentin, que habrá que ver cómo concluye”. Y “cómo resuelve la Corte este pedido de avocación que hizo un acreedor, si lo admite o lo rechaza”, señaló Somaglia.
Ese “monitoreo” incluye también la investigación penal, en Rosario. “Tengo entendido que el juez le prohibió a la empresa disponer de bienes que forman su activo. Es la propiedad de un porcentaje de un 33 o 35% de Renova Glencor que es la planta de molienda de oleaginosas y soja que está en el sur de la provincia y es una de las más importantes del país y del mundo. Si existiese esa prohibición de venta y se hubiese enajenado o se hubiese vendido, me parece que allí habría una desobediencia de una orden judicial y en su caso, verificar si esa venta se hizo con alguna autorización o sin autorización. Creo que por ahí pasa el análisis. Pero insisto, hablo en el terreno de las hipótesis. Es posible que los acreedores hayan planteado esta situación a la Corte”, especuló Somaglia.