La justicia de Honduras anunció la sentencia de 22 años y seis meses de prisión para Roberto David Castillo, coautor del asesinato de la líder indígena y defensora ambiental Berta Cáceres, ocurrido el tres de marzo de 2016. El fallo del tribunal capitalino también indica que el crimen de Cáceres ocurrió por su oposición a la construcción de una hidroeléctrica. Este martes el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) reclamó que todavía falta judicializar a los autores intelectuales del crimen y señalan a una de las familias más poderosas del país.
Asesinada por luchar
Casi un año después del fallo que señalaba a Castillo como culpable en el crimen contra la líder del pueblo Lenca, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa dio lectura a la condena que dicta 22 años y seis meses de prisión para el exmilitar y abogado David Castillo Mejía “por su participación como coautor del delito de asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores”, según informó el poder judicial de Honduras.
Castillo, exmilitar hondureño egresado de la academia militar estadounidense West Point, era el director ejecutivo de la compañía Desarrollos Energéticos (Desa), que tiene a la familia Atala Zablah como principales accionistas. Según el fallo que se conoció el lunes por la noche, el asesinato de la cofundadora del Copinh ocurrió porque se oponía a que Desa construya una hidroeléctrica en el río Gualcarque a través del proyecto Agua Zarca.
Autores intelectuales del crimen
En un comunicado conjunto, organizaciones de derechos humanos afirman que la sentencia a Castillo no cierra el caso de Berta Cáceres y que la justicia hondureña debe avanzar en la búsqueda de los autores intelectuales. En este sentido, Liliana Caballero, oficial de Incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), señaló que el Estado hondureño aún debe garantizar la justicia para Cáceres. “La debida investigación y sanción de los autores intelectuales del crimen que es una consigna desde las organizaciones nacionales e internacionales hemos acompañado al Copinh en posicionar que la deuda aún está pendiente”, explicó a Página/12.
Por otro lado, Caballero indicó que Honduras debe apuntar hacia los problemas estructurales del conflicto socioambiental, el riesgo para el pueblo lenca y las personas defensoras de derechos humanos. “En este caso específicamente sería la cancelación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”, precisó.
“El Estado hondureño debe avanzar hacia la garantía de que estos hechos como el de Berta Cáceres no se repitan más y evitar que los proyectos extractivos continúen vulnerando derechos de quienes habitan y defienden la tierra, territorio y los bienes comunes de Honduras”, observó la oficial de Cejil, que a su vez remarcó la importancia de “asegurar un ambiente menos hostil para el ejercicio de derechos humanos y no sólo meramente para habitar los territorios”.
Caballero también se refirió al hecho de que la lectura de la sentencia contra Castillo fue postergada cuatro veces y de forma injustificada "manteniendo al Copinh y a familiares de Cáceres en una innecesaria espera por conocer la decisión del tribunal de la Corte Suprema de Justicia"
Familia Atala Zablah
La coordinadora del Copinh, Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, indicó que siguen exigiendo que se investigue la responsabilidad de la familia Atala en el asesinato de Cáceres. “La sentencia a David Castillo no satisface la exigencia de justicia del pueblo lenca. El Estado de Honduras se mantiene en deuda", afirmó.
El año pasado mientras se realizaba el juicio, el gerente financiero de Desa, Daniel Atala Midence fue citado a declarar sobre su rol en las operaciones junto a Castillo. Sin embargo, a último momento se excusó de participar. Además de ser una de las familias con mayor poder político y económico en el país, los Atala Zablah también son accionistas mayoritarios de Desa.
“Seis años en espera, seis años de excusas, seis años de mentiras, seis años para proteger a una de las familias más poderosas de Honduras la familia Atala Zablah para los cuales nosotros seguimos exigiendo un proceso de investigación y de enjuiciamiento”, aseguró a France24.
Este martes, el Copinh organizó una movilización hacia el banco BAC de Honduras, que tiene como presidente a Jacobo Atala Zablah, también investigado en otro caso sobre presunto fraude en la concesión hidroeléctrica Agua Zarca. “Piensan que quedarán impunes pero nuestra justicia será que sus nombres siempre serán asociados con este vil crimen”, escribió Zúñiga Cáceres en su cuenta de Twitter.
Pedro Mejía, representante legal de la familia de Cáceres y del Copinh,
aseguró a la emisora hondureña Radio Progreso, que la sentencia reafirma
la culpabilidad de Castillo y a su vez que el hecho fue posibilitado
“por una red criminal público privada que estaba integrada por la
familia Atala Zablah”.
El caso de Berta
El fallo a David Castillo fue leído por el tribunal de sentencia en presencia de la fiscalía hondureña (parte acusadora), familiares de la líder Lenca, integrantes del Copinh y organizaciones defensoras de derechos humanos. De acuerdo con el Ministerio Público, el acusado “concertó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena Lenca”.
En el caso del asesinato de Berta Cáceres el Estado hondureño ya había condenado a siete personas: Edilson Duarte Meza, Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández y Óscar Arnaldo Torres Velásquez recibieron una pena de 34 años de cárcel por el asesinato de Cáceres y 16 años por el delito de tentativa de asesinato en perjuicio de Gustavo Castro, ambientalista mexicano, que acompañaba a Berta la noche de su asesinato. También fue condenado el exmilitar Douglas Geovanny Bustillo, y Sergio Rodríguez, gerente del proyecto Agua Zarca, con un sentencia de 30 años de cárcel como coautores del asesinato. Mientras que el oficial del ejército Mariano Díaz Chávez fue sentenciado a 34 años de prisión.
La líder del pueblo lenca hondureño fue asesinada en su casa en 2016. Un año antes había ganado el premio ambiental Goldman. En el mundo era reconocida por su defensa a los territorios indígenas mientras el entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (preso en Estados Unidos que lo señala como narcotraficante a gran escala) perseguía a Cáceres con procedimientos que luego tuvieron que cerrar por falta de pruebas. Para el momento de su asesinato ya contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a varias amenazas de muerte.
