Los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA denunciaron, en una reunión con el juez que tiene ahora la causa, Daniel Rafecas, la total paralización de la investigación, la falta de acceso a los archivos secretos de la exSIDE, la inacción de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI-AMIA), a cargo del fiscal Sebastián Basso que ni siquiera presenta informes de sus tareas porque considera que realizarlos es “trabajoso y difícil”.

La base del cuestionamiento está expuesto en un documento de 30 páginas que presentó APEMIA, agrupación que lidera Laura Ginzberg, aunque en la audiencia con el juez --se hizo el 7 de junio-- estuvieron también Memoria Activa, a través del abogado Rodrigo Borda, la titular de la Unidad de Investigación AMIA, del Ministerio de Justicia, Natalia D’Alessandro, la agrupación 18-J y el fiscal Basso. Uno de los puntos clave es que durante la gestión de la procuradora Alejandra Gils Carbó se armó el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD) para estudiar todo el material desclasificado de la exSIDE. Ese grupo está virtualmente disuelto, los familiares no tienen acceso a los documentos, el mantenimiento de esos papeles es deplorable y no se terminó su análisis, según dictaminó la jueza que estuvo a cargo del expediente el año pasado, María Eugenia Capuchetti. Los legajos de la exSIDE son importantísimos porque gran parte de la acusación existente se basa en informes de inteligencia y entonces es decisivo ver el detrás de escena de esos papeles. Ahora, Rafecas tendrá que responder a los reclamos de los familiares.

El documento de APEMIA resume lo que sucede con la investigación del atentado 28 años después del ataque contra el edificio de la calle Pasteur. El año pasado, el fiscal Basso pidió el sobreseimiento de lo que en algún momento se esbozó como la conexión local: el empresario Nassib Haddad, propietario de una empresa de volquetes que además vendía amonal, el explosivo utilizado en el atentado; Alberto Kanoore Edul, considerado un engranaje en la llamada pista siria y que registró un llamado, sin explicación alguna, con Carlos Telleldín, que vendió la camioneta que explotó en la AMIA, y otras doce personas más. Todos ellos fueron acusados en su momento por Alberto Nisman, pese a que el fallecido fiscal se negó también a avanzar en la investigación, no usó tecnología moderna como el ADN o los microscopios de barrido electrónico. Nisman ni siquiera identificó al fallecido número 85 del atentado, cosa que sí lograron los fiscales que asumieron la investigación tras el fallecimiento en Puerto Madero. 

El pedido de sobreseer a imputados por la conexión local lo formuló el fiscal Basso y lo rechazó el año pasado la jueza Capuchetti con una frase lapidaria: “previo a continuar con el trámite de los sobreseimientos deberá digitalizarse la totalidad de la documentación y puesta a disposición de las partes”. En verdad, el concepto de la jueza fue aún más categórico: la UFI-AMIA tiene una cantidad de personal y un presupuesto que no tiene ninguna otra fiscalía del país y sin embargo no termina ni los trabajos de más importancia.

APEMIA le pidió al juez que intervenga y hasta le mencionó al fiscal Basso que si revisa el Legajo 421 de los papeles exSIDE, encontrará elementos de cargo contra quienes pretende sobreseer. Pero, además, la agrupación plantea que si se cae toda la imputación contra la conexión local, debería ocurrir lo mismo con la declamada conexión internacional, es decir la responsabilidad de Hezbollah e Irán, porque de los mismos documentos de la exSIDE salen los fundamentos --que son informes de inteligencia-- que apuntan contra los iraníes. La postura de la agrupación de Ginzberg es que se armó el llamado informe (Miguel Angel) Toma, como producto de un acuerdo entre la SIDE --Toma era el titular--, la CIA y el Mossad, sin evidencias más que las surgidas de informes de inteligencia. APEMIA, por ejemplo, menciona falsedades concretas. El informe Toma, luego repetido por el fiscal Basso, menciona que en el periódico Al Nahar, cercano a Hezbollah, la organización reivindicó el atentado. La documentación posterior, sin embargo, establece “se rectifican totalmente vuestros indicios. El periódico An Nahar es el más conservador y uno de los más antiguos del Libano. No pertenece al Hezbollah, sus empleados son cristianos y están en contra de todo tipo de fundamentalismos”.

Es decir, que APEMIA --junto a las demás organizaciones de familiares-- reclama el acceso a todos los documentos, que se terminen de analizar y copiar reactivando el GERAD, que se preserven los legajos --hacen una dura crítica al gobierno actual por no mantener una buena conservación y no hacer las obras de infraestructura que se requieren-- y le pide al juez que intervenga para encaminar la causa, exigiéndole informes semestrales a la UFI-AMIA, que es la que tiene delegada la investigación. Basso, designado por el macrismo, quedó en la mira, pero obviamente tiene el respaldo del procurador Eduardo Casal, pieza clave en la coalición judicial-política-mediática aliada a Juntos por el Cambio.