La decisión de los jueces de la Cámara de Apelaciones, Elena Berrondo Isí, Edgardo Álvarez y Patricia Olmi, de hacer lugar a los planteos del abogado del intendente Ramón Elpidio Guaraz (63) acusado de violentar y de privar de su libertad con fines sexuales a Carolina Vasconsellos (21), fue tomada ayer por el abogado de la sobreviviente como una alerta. “Aún no puedo creer que hayan decidido seguir revictimizando”, dijo a Catamarca/12 Luis Muñoz y Pérez.

La defensa del Intendente peronista de la localidad de Bañado de Ovanta, había apelado en abril el fallo de la jueza de Garantías Cecilia Mas Saadi, quien le había negado la posibilidad de que Carolina vuelva a declarar en el marco de la causa y también que se le tome testimonio a la psicóloga que le realizó la pericia, teniendo en cuenta que Guaraz había puesto un perito de parte. El tercer pedido del Intendente, fue incorporar una carta que la sobreviviente le habría dado para realizarle una pericia caligráfica. El fallo de la jueza, aclaraba que se trataría de una revictimización innecesaria hacer lugar a estas demandas.

Si bien, los fundamentos de los jueces de Apelaciones se conocerán el 29 de junio, la decisión de avalar que Guaraz pueda hacer que la sobreviviente declare otra vez reviviendo lo sufrido, fue comunicada hoy sin más detalles.

Al respecto, Muñoz y Pérez manifestó que el fallo “es un escándalo”. “Esto ya es política y va en contra de todas las normas de protección de las mujeres. Si bien aún no tengo los fundamentos, entiendo que el fallo fue unánime. Sienta un precedente negativo que va en contra de todas las resoluciones y jurisprudencia de la misma Corte local, del dictamen fiscal y del Juzgado de Garantías. No puedo pensar otra cosa que esto tiene un tinte político”, aseguró.

La denuncia

Guaraz fue denunciando por Carolina el 3 de junio del año pasado. La joven que hoy tiene 21 contó a Catamarca/12 en aquel momento que tenía sólo 14 cuando él comenzó a seducirla. Como regalo de 15 años, le ofreció a su madre, que en ese momento cobraba un plan para mantener sola a sus 6 hijos, ser la delegada municipal del pueblo que habitan en el departamento Santa Rosa.

Así fue como el funcionario comunal comenzó a frecuentar su casa. Cuando cumplió los 16 se hizo amigo de ella en Facebook y comenzó a mandarle mensajes "de amor". La sedujo, la convenció y la “enamoró”. Por la manipulación, las amenazas, persecuciones, hostigamientos, a las que la sometió ella consentía y entabló una relación con él.

Cuando la violencia fue extrema, ella quiso separase pero no pudo. Él la asediaba y le insistía. Contó que en una oportunidad, el sujeto la secuestró, la llevó a su casa, la golpeó y abusó de ella. En su pueblo, que él lidera, era imposible radicar la denuncia en la policía sin que se entere. Carolina temía por su vida y no encontraba apoyo en su familia. Fue escapándose en el baúl de un auto que pudo obtener su libertad, llegar a la ciudad Capital y radicar la denuncia en la Unidad de Violencia de Género.

Luego de esta primera denuncia, otra joven se animó a acusar penalmente al intendente porque la acosaba con comentarios de índole sexual por las redes sociales y la coaccionaba haciendo abuso de su función política para que ella no pudiera trabajar.

Ambas contaron a este diario que ellas no eran las únicas adolescentes a las que Guaraz, manipulaba con intenciones sexuales.

Sin embargo y por sendas presentaciones del Intendente (quien lleva 15 años de gestión), quien además cuenta con una decena de denuncias por otros delitos sin que haya sido juzgado, el proceso judicial no avanza.

Jurisprudencia

El protocolo nacional para las víctimas de violencia de género, elaborado por el Instituto Nacional Contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI) describe la revictimización como “el sometimiento de la mujer agredida a demoras, derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias, como así también a realizar declaraciones reiteradas, responder sobre cuestiones referidas a sus antecedentes o conductas no vinculadas al hecho denunciado y que excedan el ejercicio del derecho de defensa de parte; a tener que acreditar extremos no previstos normativamente, ser objeto de exámenes médicos repetidos, superfluos o excesivos y a toda práctica, proceso, medida, acto u omisión que implique un trato inadecuado, sea en el ámbito policial, judicial, de la salud o cualquier otro”.

En tanto, existen precedentes como el evaluado por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), que señala que la “revictimización secundaria conlleva consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas negativas, que afectan además negativamente las relaciones de la víctima con su comunidad, los profesionales y las instituciones para dar respuesta a sus necesidades. Los procedimientos de investigación pueden obstaculizar el acceso a la justicia de las víctimas cuando se dirigen a evaluar la conducta de la víctima en lugar de considerar el contexto de coercibilidad en que ocurrieron los hechos así como las evidencias indirectas y que no puede inferirse el consentimiento de la víctima de su palabra o conducta en un entorno coercitivo, ni de su silencio o falta de resistencia, así como tampoco reducir la credibilidad de su testimonio o la de un testigo por su comportamiento sexual previo o posterior al hecho”.

Sin embargo, la estrategia de Guaraz hasta el momento fue la de apelar a un supuesto consentimiento de la denunciante, quien tenía 14 años cuando él comenzó a seducirla. La "clara asimetría de poder" que fue mencionada por la propia sobreviviente en sus redes sociales: “¿Acaso tengo que pensar que mi agresor está, como en otros tiempos ´comprando´ con dinero del pueblo, a la Justicia? Y, por supuesto, como siempre con la complicidad del poder de turno, sea del color que sea”.