Las principales calles de Quito siguen bloqueadas por miles de indígenas tras la negativa del gobierno de Ecuador de derogar el estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias del país. Esta fue la condición planteada desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) para atender al diálogo. El presidente de la Conaie, Leónidas Iza, remarcó la voluntad del movimiento indígena de dialogar pero pidió que esa instancia no sea "para burlarse del pueblo ecuatoriano". Las manifestaciones van hacia su décimo día con dos muertos, 90 heridos y 87 detenidos, según revelaron organizaciones de derechos humanos. Las autoridades ecuatorianas denunciaron que 18 policías están desaparecidos tras un ataque en la Amazonía ecuatoriana. Los manifestantes reclaman al gobierno de Guillermo Lasso la reducción del precio de los combustibles y los productos de primera necesidad.
Represión y estado de excepción
Miles de manifestantes participaron en la marcha indígena que este miércoles tendrá un componente especial con un acto simbólico en la Plaza de Santo Domingo de Quito por el Inti Raymi o Fiesta de Sol que se celebra esta semana y da inicio al nuevo año andino para los pueblos indígenas que llevan 10 días de movilizaciones en todo el país en reclamo al alto costo de vida. Mientras Iza condiciona el diálogo al fin del estado de excepción, el gobierno de Guillermo Lasso quiere dialogar pero no va a dar marcha atrás con las medidas impuestas en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y
Chimborazo y Pastaza.
"No podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital, y ya sabemos lo que sucedió en octubre de 2019 y no lo vamos a permitir", advirtió el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Las protestas dejan hasta el momento dos muertos, 90 manifestantes heridos y 87 detenidos, según la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador. A su vez, la policía informó de 101 policías y militares heridos, otros 27 retenidos temporalmente por los manifestantes y luego liberados, así como 80 civiles arrestados.
Según el gobierno ecuatoriano aceptaron el llamado de la ONU, la Unión Europea y más de 300 organizaciones de la sociedad civil para llegar a una resolución a través del diálogo. "La violencia se les fue de las manos. Ellos mismos han dicho que tienen infiltrados, que hay personas que están causando caos y destrucción", afirmó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en su cuenta de Twitter.
Por su parte, Iza recordó que ya cumplieron un año de diálogos sin resultados y que durante las últimas conversaciones en noviembre de 2021 Lasso había propuesto un plazo de 15 días para ofrecer una solución al aumento de combustibles y siete meses después no tuvieron una respuesta del mandatario. El líder indígena también reclama la desmilitarización de un parque en Quito donde tradicionalmente se concentra el movimiento indígena cuando protesta en la capital ecuatoriana. Desde que comenzaron las manifestaciones la confederación indígena movilizó a unos 10 mil indígenas hacia Quito.
Por otro lado, el ministro de Interior, Patricio Carrillo, denunció que un total de 18 agentes están desaparecidos después de un ataque de indígenas contra las instalaciones de la policía de Puyo, en la Amazonía ecuatoriana. Carrillo indicó que otros seis policías resultaron heridos con traumas severos y perdigones. Además, el ministro denunció la quema de 18 vehículos que estaban en el patio de la unidad policial y de los cuales seis eran patrulleros.
En ese mismo ataque murió un manifestante y los indígenas responsabilizan al gobierno mientras que la policía asegura que "falleció a consecuencia de la manipulación de un artefacto explosivo". Se trata del segundo muerto desde que iniciaron las protestas el 13 de junio.
La Fiscalía denunció que su sede central fue atacada, y que puso "a buen recaudo la información sensible de los casos que lleva adelante", al tiempo que también hizo "un llamado público a la paz y el respeto a la ley". La Conaie, que lidera las protestas a las que se plegaron más de 50 organizaciones, rechazó lo sucedido y aseguró que quienes cometieron el ataque no forman parte de las organizaciones indígenas.
En otros puntos de la ciudad también hubo varios cortes de calles que obligaron a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito a suspender los servicios "hasta que las condiciones en las vías sean favorables".
Los principales reclamos del paro son los precios elevados de los productos de primera necesidad, la precariedad de los hospitales públicos, los altos precios de los combustibles, la ausencia de créditos para promover la producción, así como la atención hacia el sector agricultor y la privatización de empresas públicas.
"A nosotros los pequeños agricultores nos han subido bastantísimo las cosas (insumos y abonos) y nuestros productos no suben nada", dijo Tito Zamora, un indígena de la aldea de Sigchos en Cotopaxi. Zamora explicó que mientras un litro de leche se vende hasta en un dólar en Ecuador, ellos reciben por esa misma cantidad 0,35 centavos.
La reacción del gobierno
El ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara, dijo que la democracia está en "serio riesgo", horas después de que el presidente Lasso declarara el estado de excepción en seis provincias con miras a sacar de las calles al movimiento indígena. "Se trata de un intento deliberado para utilizar la violencia para atentar en contra de la democracia y amenazar las instituciones. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción en contra de la democracia o las leyes", aseguró Lara, escoltado por la plana mayor del Ejército.
El presidente Guillermo Lasso aceptó este martes el diálogo propuesto por la Conaie. El mandatario de derecha indicó que desde su mejor predisposición y la de su gabinete, está dispuesto a participar en un proceso de diálogo franco y respetuoso entre la Conaie y el resto de las organizaciones de la sociedad civil para "buscar soluciones a cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas".
Alerta de Amnistía Internacional
Mientras tanto, Amnistía Internacional (AI) advirtió al presidente Lasso que la represión policial de las protestas "está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019". El informe de AI sostiene que durante la represión a las protestas de 2019, "organizaciones de derechos humanos en Ecuador y Amnistía Internacional documentaron violaciones de derechos humanos similares, que aún permanecen en la impunidad".
La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, urgió al presidente Lasso a "cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica" y solicitó que se haga pública la información sobre personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra. "El presidente debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protestas, incluido el abordaje de la crisis económica y el impacto de sus políticas en los derechos de los grupos más afectados por la pandemia", indicó Guevara Rosas.
