Un nuevo capítulo de la saga independentista de Cataluña se abrió hoy en España. El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, convocó a un nuevo referéndum el 1 de octubre. Los ciudadanos de las cuatro provincias catalanas, Tarragona, Barcelona, Gerona y Lérida, deberán responder si quieren que Cataluña "sea un Estado independiente en forma de república", una pregunta más concreta que las dos del plesbicito del 9 de de noviembre de 2014, cuando la consulta fue si se quería que Cataluña fuera un Estado y, en caso afirmativo, si se quería que fuera independiente.
"El Estado se ha negado hasta 18 veces a que los catalanes decidan su futuro, violentando los derechos democráticos elementales. Estamos ante un Gobierno que tiene ministros que conspiran para acabar con la Sanidad catalana, que fabrica pruebas contra políticos catalanes. Y ante un Estado ineficiente e injusto, que tendrá una deuda de al menos 15 mil millones anuales de euros en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social”, aseguró hoy Oriol Junqueras, número dos del gobierno regional tras la oficialización de la convocatoria.
El proceso independentista tomó nuevos bríos al compás de la crisis económica que afecta a toda España. El gobierno regional anterior, del conservador Artur Mas, provocó la mayor ofensiva separatista desde la transición del franquismo a la democracia, momento en que se reconocieron las autonomías regionales, entre ellas la catalana, la gallega y la vasca, y se acordaron los estatutos de autonomía y los órganos de los gobiernos regionales.
Tras la división de la alianza conservadora Convergencia y Unión, a la que pertenecía Mas, que reivindicaba la nacionalidad catalana sin promover el separatismo. Mas se acercó a otros grupos más radicalizados, como Esquerra Republicana y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), la coalición más intransigente, cuya alianza con el gobierno regional se disolvió poco después, obligando a Mas a ceder el mando de la Generalitat en manos de Puigdemont.
Para Madrid, la convocatoria a un nuevo referéndum ha sido una "escenificación que trata de ocultar la soledad de los convocantes". "Cada vez están más solos", agregó un portavoz del Partido Popular, quien descalificó la iniciativa como "un nuevo paso en una estrategia que es cada vez más minoritaria, más unilateral y más radical".
La Fiscalía de Estado, por su parte, no actuará de oficio, dado que el anuncio no tuvo carácter oficial.
