El Gobierno del Reino Unido, que este jueves afrontará la segunda jornada de la mayor huelga ferroviaria en el país desde 1989, prepara una ley que permitirá a las empresas reemplazar con trabajadores de agencia temporales a empleados que secunden paros.
El ministro de Empresas, Kwasi Kwarteng, afirmó que la medida, que se espera entre en vigencia en pocas semanas, eliminará "restricciones de la era de 1970", dará "libertad a las compañías" e impedirá que los huelguistas "hagan rehén al país paralizando servicios públicos y negocios".
"Esta situación no es sostenible", señaló Kwarteng, quien remarcó que la legislación prevista "permitirá a las personas seguir con su vida sin interrupciones y mantener funcionando la economía".
Martes de paro y continuidad de la huelga jueves y sábado
Más de 40.000 empleados de 13 compañías ferroviarias y el operador de infraestructuras Network Rail paralizaron el pasado martes la red de trenes del Reino Unido y mantienen convocadas otras dos jornadas de protesta para este jueves y el sábado.
Con la inflación que ascendió hasta el 9,1 %, su nivel más elevado en 40 años, el sindicato del transporte RMT reclama aumentos salariales y evitar despidos previstos.
Por otra parte, el Ejecutivo teme además que otros sectores organicen protestas similares en los próximos meses ante la crisis del costo de la vida que afronta el país.
Grant Shapps, titular de Transporte, manifestó que "a pesar de todos los esfuerzos de los líderes sindicales militantes para paralizar este país, está claro que las huelgas de esta semana no han tenido el impacto deseado debido a que más gente puede trabajar desde casa".
"Reformas como las de esta legislación son vitales, asegurarán que cualquier futura huelga provoque menos problemas y permitirá que trabajadores completamente cualificados, adaptables y flexibles, continúen haciendo el trabajo", sostuvo.
Sindicatos, en contra de la ley
La secretaria general de la federación de sindicatos TUC, Frances O'Grady, criticó la iniciativa del gobierno británico y la tildó como un "intento deliberado de socavar el derecho a la huelga y reducir el poder negociador de los trabajadores".
"Utilizar a trabajadores de agencia menos cualificados para llevar a cabo servicios importantes pondrá en riesgo la seguridad de las personas, empeorará las disputas y envenenará las relaciones industriales", advirtió el gremialista.
