En lo que podría entenderse como uno de las tantos “usos de la lapicera” —al menos en materia parlamentaria—, el miércoles por la tarde tuvo lugar la segunda jornada del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados por el proyecto de ley que busca crear un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El proyecto busca financiar el préstamo de 44 mil millones de dólares tomado por el gobierno de Mauricio Macri con dinero fugado al exterior, y ya cuenta con media sanción en el Senado. “Este proyecto pone en el centro del escenario la cuestión histórica de la fuga de dólares, la evasión impositiva y cuáles pueden ser las formas posibles de afrontar para el pago de la deuda con el fondo”, expresó el diputado Carlos Heller, miembro informante del Frente de Todos y presidente de una de las comisiones participantes.
“En lo esencial, el objetivo del proyecto es obtener los fondos para hacer frente a la deuda heredada, sin que eso afecte las posibilidades que el país tiene de utilizar sus recursos para mejorar la calidad de vida de la población”, expresó Heller, titular de la comisión de Presupuesto. El debate comenzó alrededor de las 15:30 y estuvo dirigido también por la comisión de Legislación General, conducida por Cecilia Moreau.
“Lo interesante es que apunta a pagar la deuda a partir de gravar a aquellas personas residentes que no cumplieron con las leyes impositivas de nuestro país, que evadieron el pago de impuestos que les correspondía efectuar al haber obtenido importantes ganancias en nuestro territorio, y que las mandaron al exterior”, señaló el miembro informante. Además, hizo hincapié —luego de un extenso recorrido por informes que dieron cuenta de la situación de evasión impositiva y del histórico endeudamiento como forma de financiación de la fuga de capitales— en que, de concretarse la creación del fondo, se podrán recuperar los fondos fugados “para que no sea la sociedad la que tenga que pagar ese endeudamiento que, además, ha sido eminentemente político”.
El primer diputado de la oposición en tomar la palabra fue Martín Tetaz, quien reiteró su pedido de que el proyecto sea tratado en la comisión que él preside, de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales. Para, seguidamente, señalar lo que él consideró “errores conceptuales” en el informe de Heller, referidos a fuga, evasión y formación de activos externos. Sin embargo, su argumento tuvo dos puntos centrales: por un lado, la distinción entre “fugadores buenos y fugadores malos”, al cuestionar por qué solo se perseguiría a quiénes tienen el dinero en el exterior, pero no a quienes evaden con plata guardada en cajas de seguridad en los bancos nacionales. Por el otro, discutió el hecho de que, a su entender, la nueva ley —en caso de sancionarse— será una forma de blanqueo para los evasores. “Mi sospecha es que lo que ustedes van a hacer con esta ley es generar un incentivo más al incumplimiento de las normas argentinas, total siempre puede llegar otro blanqueo”, señaló.
Sergio Palazzo (Frente de Todos), por su parte, celebró las certezas que garantiza el proyecto al tener un plazo de vigencia establecido; una asignación específica “que es para el pago de la deuda, hasta que la Justicia decida sobre la denuncia efectuada por el Presidente de la Nación sobre la legitimidad y legalidad de esta deuda”; claridad en su funcionamiento, a cargo del Ministerio de Economía, y en su fiscalización, en manos de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior.
Asimismo, entre otras cuestiones, el también secretario general de la Asociación Bancaria destacó que el proyecto debatido “se enmarca dentro de la responsabilidad política y fiscal que debe tener cualquier Estado”. “Cualquiera que vea el cuadro de pagos se puede dar cuenta que del 2026 en adelante se tornan virtualmente impagables los compromisos asumidos con el FMI”, afirmó, dando cuenta de la importancia de contar con los fondos necesarios para cancelar dicha deuda. En este sentido se refirió también Itai Hagman (FdT) al apuntar que “se produjo un daño que hay que reparar, y este proyecto de ley busca reparar ese daño”.
Las y los demás oradores del debate fueron Emiliano Estrada, Constanza Alonso, Vanesa Silley y Sergio Casas, por el oficialismo; y Graciela Camaño, Germana Figueroa, Alejandro Cacece y Francisco Monti, por la oposición. Luego de unas tres horas de intercambios, el resultado fueron 41 firmas aconsejando la aprobación del dictamen procedente del Senado y 36 en rechazo, mientras que la diputada Camaño pidió presentar su propio dictamen ya que, según ella, “no es de cualquier manera, es como corresponde”.
Informe: Sofía Moure
