Tras el fallo de los jueces de la Cámara de Apelaciones de Catamarca, que avalaron que la sobreviviente del intendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, lograra que la joven que lo acusó de violencia y abuso sexual vuelva a declarar en el marco de la causa, la sobreviviente redactó una carta en donde reclama justicia. Carolina Vascosellos, la denunciante, aseguró que la sentencia genera un “precedente grave, dejando a las víctimas expuestas y desprotegidas”. Diputadas oficialistas mostraron su solidaridad con ella.
En carta a la cual tituló: “Connivencia de Poderes. Cuando el machismo que usan para abusar, termina bajo la falda del poder”, Carolina carga contra los jueces y el sistema y el Poder político, teniendo en cuenta que su denunciado ejerce desde hace 14 años el puesto de Intendente de la localidad de donde ella debió huir para poder denunciarlo.
“Los mercaderes del negocio. Compra y venta de tiempo, mostraron el desprecio absoluto por lo que supuestamente representan: la Justicia. ¿Dónde está la perspectiva de género con la que deberían actuar? Violan leyes, protegen delincuentes, pagan favores. Justicia catamarqueña, lo más alejado del derecho”, comienza.
“Hoy hago un llamado a la sociedad catamarqueña, es necesario dejar en claro, que la decisión tomada por el Tribunal de la Cámara de Apelaciones, pone en riesgo a todas las víctimas actuales, generando un precedente grave, dejando a las víctimas expuestas y desprotegidas. ¿Dónde encontraremos protección las víctimas, si los y las sres/as que ostentan los cargos más altos en la justicia, negocian con la corrupción? ¿Hasta dónde pretenden llegar, menospreciando la administración de justicia? preguntas sin respuestas...” dice.
“Sepan sras/es, representantes de la Justicia y representantes estatales, responsables de garantizar derechos a la ciudadanía, que no voy a claudicar, que mi verdad será la única bandera que levantaré, por mí y por todas las víctimas de los delincuentes, psicópatas, depredadores de menores, que luego de perpetuar sus delitos buscan cobardemente ocultarse bajo las faldas del poder y lo más penoso, es que lo consiguen”.
“Apelo a la toma de conciencia y responsabilidad del Estado, para poner fin a la protección sistemática a los delincuente y, de una vez por todas, dejar de lado la hipocresía sobre la perspectiva de derechos que proclaman y sanear la deuda con todas las víctimas de abusos”, concluye.
La decisión del Tribunal de Alzada se conoció el martes. La defensa del Intendente peronista, había apelado en abril el fallo de la jueza de Garantías Cecilia Mas Saadi, quien le había negado la posibilidad de que Carolina vuelva a declarar en el marco de la causa y también que se le tome testimonio a la psicóloga que le realizó la pericia, teniendo en cuenta que Guaraz había puesto un perito de parte. Mas Saadi, aclaraba en su resolución que se trataría de una revictimización innecesaria hacer lugar a estas demandas.
Por su parte, el abogado de Carolina, Luis Muñoz y Pérez también se expresó al respecto: “Esta postura no solamente significa una resolución para este caso, sino que es una muestra clara de cuál es la interpretación que se efectúa y que deben efectuar los organismos inferiores en casos similares que involucran a mujeres víctimas de violencia de género. Tal preocupación es tan grave, ya que involucra al poder público encargado de interpretar y aplicar la ley y en este caso concreto en relación a las personas más vulnerables de la relación procesal”.
También se refirió a la jurisprudencia que sentaría el caso “La resolución abre la puerta para permitir innumerables planteos dilatorios y defensa espurias que a sabiendas tendrán resultado positivo en dicha Cámara, impidiendo o restringiendo el acceso de las víctimas a la justicia y el descubrimiento de la verdad”.
Apoyo
Las diputadas oficialistas Cecilia Guerrero y Adriana Díaz también manifestaron su preocupación y su apoyo a la sobreviviente.
“Que una víctima de abuso sexual sea obligada a volver a declarar sobre los hechos que oportunamente denunciara judicialmente, configura una situación de revictimización y además constituye un evidente hecho de violencia institucional, lesivo de los derechos de las mujeres reconocidos y protegidos por la Convención de Belem do Para. También vulnera las Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Alguna vez la Justicia debiera actuar en protección de la víctima, que luego de transcurrido más de un año desde que formuló la denuncia penal, ni siquiera cuenta con una imputación contra el agresor por el delito presuntamente cometido”, dijo Guerrero.
Díaz, opinó que: “Aún en contra de lo que dictan las normas creadas para proteger, equilibrar e igualar los derechos de las mujeres, la Cámara de Apelaciones y Exhortos de la provincia decidió hacer lugar al pedido del Intendente Elpidio Guaraz, y hacer que la denunciante declare nuevamente. No sólo las normas nacionales buscan evitar lo que se conoce como “revictimización secundaria”, es decir la que ejerce en este caso el Poder Judicial contra la joven que denunció violencias, sino también las Convenciones Internacionales. Sin embargo, hoy a la clara situación de desigualdad que vive la chica en donde su denunciado ejerce también el Poder político en el pueblo del que ella debió huir, se le suma esta nueva violencia”.
