Las declaraciones de CFK sobre el excesivo número de “planes sociales” durante un acto de la CTA abrieron un nuevo debate al interior del Frente de Todos. El planteo tiene que ver con la coyuntural competencia territorial entre las organizaciones sociales y las agrupaciones políticas, y su dispar alineamiento de cara a la interna del peronismo. Pero también abre un debate más amplio sobre la incapacidad estructural de generación de empleo formal de la economía y las alternativas para dar derechos a quienes quedan excluidos.

Al respecto, la relación entre entre "planes" y desempleo no es tan lineal como sugirió la vicepresidenta al decir que en su gobierno había 220.000 “planes” con un desempleo de 5,9 por ciento y hoy hay 1.300.000 “planes” con un desempleo del 7,0 por ciento. La no linealidad surge porque quienes cobran un programa social son considerados por el Indec como ocupados, de manera tal que los “planes” disminuyen la tasa de desocupación. Por ello, si se tomara a quienes perciben un “plan” como desempleados, en 2015 habría 7,0 por ciento de desempleo y 220.000 planes, pero en 2022 se tendría 13,0 por ciento de desempleo con 1,3 millones de planes. Es decir, el incremento de los “planes” no se explica por un punto porcentual más de desempleo, sino por siete puntos porcentuales. Si bien muchos que perciben planes hacen changas y no serían considerados desocupados, el ejemplo sirve de muestra para mostrar la no linealidad entre desempleo y planes.

La expansión fuerte del PotenciarTrabajo en el gobierno de Alberto Fernández se explica por el impacto de la pandemia sobre muchas actividades (comercios, restaurantes, venta ambulante) y fue decidida como una alternativa menos costosa al IFE. Su continuidad tiene que ver con que la reactivación no logró la reapertura de muchas PyMEs que cerraron, generando una mayor concentración económica y una menor generación de empleo relativo. Más allá de esos temas coyunturales, el crecimiento de los planes se vincula a una incapacidad estructural de dar empleo formal a toda la población que trasciende al color político que gobierna, al menos los últimos 10 años. Problema que se vincula, no sólo con las restricciones al crecimiento económico, sino a una tendencia global a la destrucción relativa del empleo por las nuevas tecnologías bajo la regulación del capitalismo globalizado.

El debate por un ingreso independiente de la participación en la producción (renta universal) que hoy se da en muchos países desarrollados, ya se daba en Argentina en los años noventa dentro de los movimientos de desocupados, gérmenes de las actuales organizaciones sociales. En esa tradición de lucha se explica no sólo el acceso a programas de empleo, sino también la asignación universal y las moratorias jubilatorias implementados por el kirchnerismo, cuyos primeros bocetos fueron promovidos por la CTA durante la crisis de la convertibilidad en el marco del Frente Nacional contra la Pobreza. Un historial de conquistas que tiene que ver con el acceso a ingresos por parte de los excluidos del mercado de empleo formal, una problemática estructural de las economías en el siglo XXI.

@AndresAsiain