Una movilización encabezada por mujeres y estudiantes fue reprimida por la policía en las inmediaciones de la Asamblea Nacional en la capital ecuatoriana. Las manifestaciones en reclamo al aumento del costo de vida llegan al onceavo día sin diálogo entre el gobierno de Guillermo Lasso y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) que encabeza las protestas en las que murieron al menos tres personas y 90 resultaron heridas según registran organizaciones de derechos humanos. El mandatario mantiene el estado de excepción en seis provincias ecuatorianas, pero este jueves atendió uno de los pedidos de la Conaie y desmilitarizó la Casa de la Cultura. En tanto los gobernadores de 23 provincias de Ecuador propusieron una tregua de 24 horas entre la administración nacional y la confederación indígena liderada por Leónidas Iza. Mientras una mayoría de asambleístas votó a favor de una moción para que los ministros de Interior y de Defensa comparezcan ante el congreso para informar sobre el accionar de la policía y las fuerzas armadas en el contexto del paro
Represión en Quito
La capital ecuatoriana es el epicentro de las protestas del movimiento indígena y a las que se sumaron otras organizaciones sociales ante el aumento a los precios del combustible, así como el costo de vida en general. Por la tarde la movilización encabezada por mujeres y estudiantes llegó hasta las inmediaciones de la Asamblea Nacional donde fueron reprimidos por la policía que lanzó bombas lacrimógenas a los manifestantes.
Más temprano la Conaie informó que recuperó y liberó la Casa de la Cultura. "Es un triunfo de la lucha", aseguró el presidente de la Conaie, Leónidas Iza, a su llegada al centro cultural donde instalarán una asamblea popular para definir los próximos pasos. Ese espacio fue reclamado por los manifestantes tras ser militarizado en medio del estado de excepción impuesto por Lasso en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo y Pastaza.
El mandatario, que se encuentra aislado por covid-19, ordenó el repliegue de los militares que estaban en la Casa de la Cultura desde el inicio del paro. “Para que no haya violencia, ni tampoco excusas, el día de hoy vamos a permitir que las organizaciones sociales, lideradas por la Conaie se convoquen y reúnan en el ágora de la Casa de la Cultura", aseguró el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez en un mensaje grabado.
Unos de 14 mil indígenas llegaron hasta Quito en los últimos días para unirse a las manifestaciones fuertemente reprimidas por la policía nacional, que por su lado también denunció violencia por parte de los manifestantes. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (AODH) registró un muerto en la última jornada en la localidad andina de Tarqui, al sur del país. Según la entidad, al lado del cuerpo de Marcelino Villa, de 38 años, encontraron un cartucho de gas lacrimógeno. Desde el pasado 13 de junio el organismo dio cuenta de 3 muertos, al menos 90 heridos y 87 detenidos.
Mientras que las fuerzas de seguridad informaron que 101 policías y militares resultaron heridos, otros 27 retenidos temporalmente por los manifestantes y luego liberados, y 80 civiles arrestados. En el caso de la muerte de Villa la policía aseguró que murió por una cirrosis hepática en “el contexto de las manifestaciones”. Además, las autoridades confirmaron que los 18 policías que habían sido reportados como desaparecidos en la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza, fueron encontrados y están bien.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador denunció que uno de sus
edificios se encuentra bajo ataque. Además, revelaron que durante la
semana manifestantes sustrajeron y quemaron en la vía pública
documentación de esa institución.
Los gobernadores piden diálogo
Por otra parte, los gobernadores agrupados en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) pidieron al gobierno nacional y a la Conaie una tregua de 24 horas que le permita a las partes ir a una mesa de diálogo. Ante el corte de calles y rutas en la capital y en otras provincias ecuatorianas, los prefectos plantearon establecer corredores humanitarios para abastecer y atender necesidades urgentes en zonas afectadas por los paros.
En esta línea, llamaron a las organizaciones que se manifiestan a respetar la libre circulación en estos corredores. Además, durante la presentación también propusieron que las autoridades nacionales, gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones indígenas y sociales impulsen medidas para potenciar la inversión en el sector rural para reducir las brechas de salud, educación, seguridad y fomento productivo.
Mientras que en la Asamblea Nacional una mayoría aprobó la moción de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) que ordena la comparecencia en el pleno y en las comisiones del ministro de Interior, Patricio Carrillo, y el de Defensa, Luis Lara, para informar sobre las acciones de la policía y de las fuerzas armadas durante el paro nacional. La moción obtuvo 80 votos a favor, 3 en contra y 47 abstenciones de los 130 legisladores presentes y fue presentada por Jhajaira Urresta, asambleísta de UNES, que en 2019 perdió el ojo izquierdo por el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por la policía mientras participaba de un cacerolazo afuera de su casa.
La parlamentaria por Pichincha indicó que los funcionarios del gobierno de Lasso deben dar cuenta sobre como la fuerza pública coordina sus acciones. “Es claro que se está extralimitando en el desarrollo de las funciones y no sólo están violando derechos consagrados en la Constitución sino también los derechos humanos en general”, precisó Urresta en su presentación. También serán convocados por la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que informen sobre las medidas adoptadas por el gobierno para garantizar la integridad de los niños en el marco de las protestas.
Por su lado, el presidente de la Comisión de Fiscalización Fernando Villavicencio del Partido Socialista Ecuatoriano presentó una denuncia ante la fiscalía por rebelión y terrorismo durante el paro. "Se debe investigar a personas vinculadas a estructuras criminales, asambleístas, actores sociales y políticos que financiaron el paro y organizaron el fallido golpe", señaló en su cuenta de Twitter.
La Conaie participó en varias mesas de diálogo con el gobierno de Lasso para reclamar una baja en los precios de los combustibles que entre mayo de 2020 y octubre de 2021 eran revisados mensualmente. Según Iza, durante las últimas conversaciones en noviembre de 2021 el mandatario se había comprometido a dar una respuesta en un plazo de 15 días y sin embargo siete meses después todavía no tienen soluciones por parte del Ejecutivo.
Según Lasso una rebaja al precio de combustibles es inviable y considera que la protesta es una tentativa para destituirlo. Esta semana el gobierno conservador anuncio algunas medidas como el aumento de bonos de 50 a 55 dólares para el 30 por ciento de la población más pobre. También condonó deudas de hasta 3.000 dólares con un banco estatal para agricultores y campesinos. Sin embargo, el pedido de Iza por la derogación del estado de excepción en seis de las 24 provincias no está dentro de los planes de presidente.
