Médicos durante las 24 horas, una ambulancia estacionada y un chofer asignado durante todo el día, un consultorio odontológico, un gabinete para tratamientos kinesiológicos y personal de salud mental de lunes a viernes. Esos son algunos de los servicios con los que cuentan las dos unidades penitenciarias en las que se reparten los represores de la última dictadura –la 34 de Campo de Mayo y la 31 de Ezeiza–, según un relevamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación al que accedió Página/12. El documento –que en estas horas está llegando a los juzgados y fiscalías en donde tramitan causas de lesa humanidad– muestra que los imputados por estos crímenes aberrantes reciben atención y cuidados acordes con los estándares internacionales, a diferencia de lo que sus defensas denuncian para reclamar que los envíen a sus casas –algo a lo que jueces y juezas acceden cada vez con mayor frecuencia–.

En las últimas semanas, la discusión sobre las prisiones domiciliarias para represores se agudizó especialmente después de que la Cámara Federal de Casación se la otorgara en un expediente a Miguel Etchecolatz y a dos represores condenados en el juicio de la Contraofensiva. Los argumentos, en general, sostienen que los procesados o condenados por crímenes contra la humanidad pueden recibir mejores cuidados en sus casas. Por eso, la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) se propuso analizar las condiciones de detención y, según las conclusiones de sus expertos, esa tesis judicial no es correcta.

“Las cárceles donde está la mayor parte de los genocidas están preparadas para resguardar su salud y están ubicadas a pocos minutos de hospitales de alta complejidad”, le explica a este diario Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos. “De esta forma demostramos que están mejor atendidos que en sus domicilios. Queremos mostrarles a los jueces cuáles son las condiciones de los genocidas en las cárceles y que la prisión domiciliaria debe ser la última opción para delitos tan aberrantes”, añade el funcionario.

Con ese objetivo, entre marzo y abril, un grupo de peritos y funcionarios de la SDH, junto con el arquitecto Gonzalo Conte, de Memoria Abierta, recorrieron la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde se aloja la mayoría de los represores de la última dictadura –54 en total– y la Unidad 31 del penal de Ezeiza, donde hay 22 genocidas detenidos. El denominador común que encontraron es que hay médicos de manera permanente y que los dos lugares cuentan con shock room. Si un represor que está en la U34 se descompone, tiene una ambulancia en la puerta con la que debería estar en cinco minutos en el Hospital Militar de Campo de Mayo –ubicado a solo tres kilómetros de distancia–. En caso de que le sucediera a uno que se encuentra en la U31, en siete minutos debería estar en el Hospital Eurnekian.

Campo de Mayo

La Unidad 34 –que fue puesta en funcionamiento en los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri– tiene cinco pabellones distintos. Los que alojan al mayor número de represores son el A, B y C –con un promedio de 18 o 16 presos–. Hay un pabellón, el D, donde están detenidos los represores que necesitan atención permanente aunque sus cuadros de salud no sean graves. Allí, había –al momento de la visita de la SDH– dos detenidos. El pabellón E solo se usa para aislamiento y tiene el tamaño de una casa familiar –con cocina, baño y tres habitaciones–.

En cada pabellón hay televisores, computadoras –aunque sin internet– y locutorios. Todas las celdas son individuales –algunas más amplias que otras– y, en algunos casos, sus moradores cuentan con una TV propia. En zonas compartidas, unos sillones de algarrobo están dispuestos alrededor de las pantallas. En algunos pabellones, hay una heladera cada dos internos. Los espacios cuentan, además, con calefacción o aire acondicionado. Los baños están preparados para adultos mayores con barandas y barras.

De lunes a viernes, los internos reciben atención de tres psicólogos y, si lo requieren, va un psiquiatra. En esa unidad ponen en marcha un taller de estimulación neurocognitiva para adultos mayores. Al aire libre tienen dos canchas de tenis –que dicen que son usadas con frecuencia– o un circuito para caminata. Hay un gimnasio con aparatos y un celador que asigna turnos para su uso. Dentro del enorme espacio de la guarnición militar de Campo de Mayo hay tres huertas también, que se usan con finalidad recreativa.

Ezeiza

La Unidad 31 tiene dos grandes áreas: una destinada a mujeres que están presas y, en algunos casos, con sus hijes; la otra alberga a adultos mayores. El área de los represores es el ala derecha –como no podía ser de otra forma–. En general, cuenta con las mismas comodidades que la Unidad 34 aunque los espacios son más reducidos.

Hay atención médica las 24 horas, nutricionistas que regulan las dietas, kinesiólogos y odontólogos de forma permanente. En Ezeiza también hay una farmacia y, al igual que en la 34, no se reportaron faltantes. Cuando los expertos de la SDH hicieron la visita, en la 31 y en la 34 todos los internos tenían al menos tres dosis de la vacuna contra el covid.

Los represores que están presos en Ezeiza hacen talleres literarios o encuentros de escritura creativa. También toman cursos virtuales. Cuando fueron los integrantes de la SDH estaban aprendiendo cómo restaurar muebles con docentes de la Universidad de Córdoba. En las carteleras se leen avisos para practicar distintas actividades físicas: caminata, voley, gimnasia, pilates o básquet. Tienen una cancha de tenis criollo, un gimnasio y una huerta.

Todo lo necesario

“Estábamos detectando que había decisiones que se tomaban en las distintas causas sin saber en qué condiciones estaban los presos”, explica Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace internacional en Derechos Humanos. “Este informe es un aporte del Poder Ejecutivo para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que sirve para enriquecer la respuesta judicial y que pone la vara más alta porque para conceder arrestos domiciliarios habrá que probar que la unidad penitenciaria no está en condiciones de proveer los servicios de salud que se requieren”.

La fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, es una de las funcionarias que percibe cómo se vacían las unidades que alojan a los represores. “Con el correr de los años vemos que hay una tendencia creciente a la prisión domiciliaria, por lo que entendemos que hay que poner el foco en los controles y en el seguimiento también”, dice Ramos.

“El informe de la SDH expone lo que siempre afirmamos al momento de contestar las vistas por los pedidos de prisión domiciliaria: el ámbito de detención de los imputados por delitos de lesa humanidad cuenta con las instalaciones, infraestructura y personal adecuados para atender las patologías que en razón de la edad suelen tener”, dice la abogada querellante Guadalupe Godoy. “En caso de no poder atenderlas, tienen respuestas rápidas y efectivas de internación en instituciones extramuros para las complicaciones transitorias de salud. Ojalá todas las personas detenidas tuvieran garantizados sus derechos constitucionales como en este caso”, añade.

Emanuel Lovelli, coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, coincide. “Son los presos mejor cuidados del país, pese a que jamás quisieron reinsertarse en la sociedad: jamás se arrepintieron ni ayudaron a encontrar a los desaparecidos ni a los bebés apropiados”, dice. “Es claro que en las unidades que los alojan no hay hacinamiento y que cuentan con infraestructura adecuada a los padecimientos lógicos de su edad. Están mejor cuidados que nadie. Con ellos se cumple la manda del artículo 18 de la Constitución sobre que las cárceles serán sanas y limpias. Se les procuró la vacunación en el peor momento de la pandemia y se extremaron los recaudos para el ingreso, justamente porque cárcel común y efectiva es una cárcel digna”, concluye.