Con una agenda focalizada en la escasez de gasoil, los subsidios al transporte y la escalada inflacionaria, la Liga de Gobernadores de las provincias peronistas se reunió en Chaco para cerrar filas y exigirle al Gobierno nacional un "mayor federalismo" en la toma de decisiones. Fue el primer encuentro de este grupo de mandatarios oficialistas --al que se sumó la rionegrina Arabela Carreras-- por fuera de la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones, en donde la "Liga" se fundó con el objetivo de instalar una agenda federal que sorteara el internismo de la coalición gobernante. A través de un documento, los gobernadores exigieron una mayor participación en la toma de decisiones y abrieron la puerta para que sumaran el resto de las provincias que no pertenecen al Frente de Todos. La discusión en torno al manejo de los planes sociales orbitó también las conversaciones de las y los mandatarios, quienes están trabajando en un proyecto de ley para transferir los programas sociales a las provincias y municipios. "Federalización sin tercerización", es la consigna que motoriza el reclamo.
Durante poco más de dos horas, un total de 12 gobernadores y dos vicegobernadores se reunieron en Resistencia para poner en común las principales problemáticas que aquejaban sus respectivas provincias. "Nos unen los problemas de los argentinos, pero más nos une la búsqueda de soluciones. Nos une el federalismo, un objetivo de inclusión e igualdad de oportunidades en cada rincón de la Argentina. Y despojados de cualquier pertenencia política o sectorial, esta es una liga institucional que lucha por una mejor calidad de vida en cada uno de los territorios", señaló, al finalizar la firma del documento titulado "En defensa de los argentinos", el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. Con el mandatario chaqueño Jorge Capitanich como anfitrión, la cumbre contó también con la presencia de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Ricardo Quintela (La Rioja), Arabela Carreras (Río Negro), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Sergio Uñac (San Juan). Salta y Misiones enviaron a sus vices. El único ausente fue Osvaldo Jaldo de Tucumán que estuvo en la Rosada firmando un convenio para sumar horas de clase en su provincia.
Era la primera vez que la liga de provincias peronistas y aliadas --que, en esta ocasión, contó también con la participación de Carreras, que no es oficialista-- se reunían por fuera del edificio del Consejo Federal de Inversiones, ubicado en el barrio porteño de Retiro. Fundada al calor de la disputa por la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires y de la incertidumbre provocado por el internismo furioso entre el presidente y la vice, la liga de gobernadores había sido creada con el objetivo de darle empuje a políticas que atendieran las preocupaciones de las provincias. En el encuentro de Chaco, estas preocupaciones giraron principalmente en torno al faltante de gasoil, la distribución de los subsidios al transporte y las tarifas y, de modo más solapado, el debate en torno a los planes sociales.
"Hoy damos un paso más en la construcción de un país más federal, centrado en una agenda que tiene que ver con el gasoil y el transporte, pero fundamentalmente con las asimetrías estructurales que hay entre la metrópolis y el resto del país. En el área metropolitana se consigue más barato el gasoil, más barato el gas y el agua y el transporte, porque el 64 por ciento de los subsidios están destinados a esta área", cuestionó Gerardo Zamora durante la conferencia de prensa. El reclamo por una distribución más equitativa de los subsidios de transporte --así como un incremento del fondo compensador que va a las provincias-- forma parte de la agenda fundacional de la liga y, en el último mes, ha avanzado en el Congreso, en donde se están debatiendo una batería de proyectos vinculados al tema. Los gobernadores de la oposición --Córdoba, Corrientes, Jujuy y Mendoza-- también han protagonizado el reclamo, lo cual explica el hincapié que la liga hizo en abrir el espacio hacia otras provincias. "La institucionalización de esta liga de gobernadores está más allá de una parcialidad política. Lo que pretende es construir una agenda común, fortalecer los consensos entre las partes y peticionar ante las autoridades", resaltó Capitanich.
La suba de precios fue también otro de los ejes de la cumbre, llevando incluso a que los gobernadores alertaran en el documento sobre "el impacto de la inflación en el ingreso de las familias argentinas". "Solicitamos la implementación de medidas específicas destinadas a desacelerar su impacto de manera clara y sostenida, pues su crecimiento afecta las tarifas, la ejecución de las obras, el sostenimiento del salario real", advirtieron en el texto final, a la vez que exigieron "ser partícipes ante decisiones que nos afecten". Luego del encuentro, Ricardo Quintela se refirió incluso al plan de segmentación tarifaria anunciada por el gobierno y señaló que había que "segmentar más": "Si a los argentinos no les alcanza para la canasta familiar va a ser muy difícil que puedan pagar el costo de algunos servicios", explicó a la prensa.
Paralelamente, de manera más sutil, los gobernadores también se subieron al debate de los planes sociales. En el documento, los mandatarios llamaron a "transformar planes sociales en trabajo digno", haciendo hincapié en que esta tarea debería ser lograda "entre todos los que tenemos responsabilidad de gobierno en diferentes niveles". En efecto, luego de que Cristina Fernández de Kirchner pusiera el tema en agenda en Avellaneda --cuando llamó a dejar de "tercierizar" la asistencia social en manos de las organizaciones sociales--, varios intendentes y mandatarios provinciales subieron el perfil del reclamo de traspasar el control de los Potenciar Trabajo a los municipios y provincias. Kicillof es uno de los principales impulsores del debate en torno a la "federalización" de los planes sociales --aunque Alicia Kirchner lo sigue también de cerca-- y está trabajando, junto a otros mandatarios, en un proyecto de ley en ese sentido. Si bien es "un trabajo en proceso", la expectativa es presentar una iniciativa legislativa que plantee el traspaso del control de los planes de las organizaciones sociales a las provincias, de una forma muy similar a lo que ya se había hecho con el proyecto de ampliación de la Corte Suprema.
