Francia inició este sábado un debate para incluir el derecho al aborto en la Constitución, luego de que este viernes la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo "Roe contra Wade", que desde 1973 garantizaba el derecho a la interrupción del embarazo de forma legal en todo el país.
La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, aseguró en su cuenta oficial de Twitter que "el Gobierno apoyará con firmeza esta propuesta de ley, por todas las mujeres, y por los Derechos Humanos. Debemos grabar este logro en piedra". Asimismo, la funcionaria instó al Parlamento francés a reunirse "en torno a este texto".
Horas después de la polémica decisión del Tribunal estadounidense, la jefa de filas de los diputados del partido Renacimiento -fundado por el presidente Emmanuel Macron-, Aurora Bergé, dijo a la señal France Inter: "En Francia, garantizaremos y haremos progresar los derechos de las mujeres. Los haremos sagrados. Mi grupo presentará una propuesta de ley constitucional para proteger el acceso al aborto".
La propuesta fue alabada también por el ministro de Justicia, Eric Dupont-Moretti, y otras fuerzas políticas en un momento en el que la formación de la Asamblea Nacional, tras las elecciones legislativas de la semana pasada, dejaron un panorama de fuerte fragmentación política en Francia, informó la agencia de noticias AFP.
En tanto, la coalición de partidos de izquierda Nupes, que obtuvo 131 diputados en dichos comicios, publicó un comunicado para exigir la presentación de un documento del conjunto de grupos de la Asamblea Nacional que deseen proteger el "derecho fundamental" al aborto, "inscribiéndolo en la Constitución".
La antesala al proyecto para constitucionalizar el aborto
De acuerdo con la agencia de noticias francesa, en 2019, varios grupos de izquierda presentaron una propuesta de ley para introducir el derecho al aborto en la Constitución, pero en ese momento, los diputados del partido macronista la rechazaron por considerar que la ley ya lo protegía con suficientes garantías.
Para que la medida entre en la Constitución, la Asamblea Nacional y el Senado deben adoptar el documento, y después, el Congreso, en una reunión extraordinaria de diputados y senadores, deben votarlo por mayoría de tres quintos.
Despenalización del aborto y ampliación de derechos
En Francia, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue despenalizada en 1975 con la promulgación de la "Ley Veil", nombre inspirado en su impulsora, Simone Veil, una abogada, política y sobreviviente del Holocausto nazi. El objetivo para las funcionarias políticas feministas del país europeo en ese entonces era acabar con los cerca de 300.000 abortos clandestinos que se practicaban por año, según detalla Euronews.
A partir de su legalización, las mujeres y personas gestantes que desearan interrumpir sus embarazos debían solicitarlo antes de la semana 12 de gestación. No obstante, en febrero de este año, tras largas jornadas de lucha y reclamos de diferentes organizaciones feministas, la Asamble Nacional de ese país aprobó con 135 votos a favor y 47 en contra un proyecto de Ley que pedía la extensión del plazo para solicitar un aborto hasta la semana 14.
La iniciativa había sido presentada al Parlamento francés en agosto de 2020 por la diputada del grupo Ecología, Democracia y Solidaridad (EDS) Albane Gaillot, a pesar de las reticencias del Macron, quien consideraba que podía causarle "traumas" a las mujeres.
En tanto, el proyecto de Ley aprobado se respaldó en el informe oficial de la Dirección de Estadísticas DREES del 2020 que en septiembre se habían practicado 222.000 abortos voluntarios. Esto había suponido una caída del 4% respecto a 2019, año en el que se alcanzó la cifra más elevada desde 1990, principalmente por parte de jóvenes de 20 a 29 años.
Gaillot apuntó en el documento presentado y aprobado a comienzos del 2022 que el aborto sin restricciones es legal hasta las catorce semanas de gestación en países como Argentina, España y Austria, y hasta las 18 semanas en Suecia, las 22 en Holanda e incluso las 24 en Reino Unido.
"Estos ejemplos reflejan que ningún argumento médico o científico justifica oponerse a la ampliación de los plazos", había sostenido la diputada en la presentación de su proposición, con la que pretendía mejorar la "efectividad" del derecho al aborto.
