¿Cómo se forma el precio de los medicamentos? ¿Cuál es el principal argumento de las farmacéuticas para cobrar lo que cobran? ¿Los Estados establecen algún límite? Habitualmente, como las personas que afrontan enfermedades específicas no pueden correr con gastos multimillonarios, presentan recursos de amparo ante los Estados que deben responder ante las jugosas sumas fijadas por los laboratorios. A esta altura, pensar que “la salud no tiene precio” constituye más un eslogan que una realidad. Por el contrario, tiene precio y muy elevado: los remedios constituyen mercancías que se producen, circulan y distribuyen como cualquier otro producto.

En Argentina, la lista de veinte medicamentos de mayor precio pagados a través de amparos está encabezada por Zolgensma (192.100.000 pesos) para tratar Atrofia Muscular Espinal; Cerliponase Alfa (151.872.000) para un trastorno genético denominado lipofuscinosis ceroide tipo 2, que afecta la capacidad de gatear y caminar en menores de tres años; Elosulfase Alfa (125.122.944) destinada a combatir mucopolisacaridosis, es decir, la disfunción general de las células, los tejidos y los órganos, que ocasiona el Síndrome de Morquio; Idursulfasa (68.239.344), un tratamiento enzimático para el Síndrome de Hunter; y Treprostinil (35.954.889), con el propósito de mejorar los síntomas de la hipertensión pulmonar. El dato adicional es que estos valores corresponden al costo anual del tratamiento y que algunas patologías son crónicas. El ranking se completa con terapias destinadas a tratar otras enfermedades poco frecuentes, o bien, distintos tipos de cáncer.

“Si los pacientes se curan, los laboratorios pierden clientes. Resignan la posibilidad de vender esos medicamentos. De hecho, una de las principales estrategias de la industria se relaciona con cronificar a las personas para que toda la vida los consuman. Buscar curas equivale a que se termine el negocio”, señala Clarisa Marchetti, médica farmacóloga, miembro de la Alianza Argentina de Pacientes y del Centro de profesional farmacéuticos. Lo que ocurre en esta fase de capitalismo actual es que, a excepción de casos muy puntuales de magnates que hacen de su aparición mediática casi un culto, el poder real no tiene cara.

Patentar para reinar

Pensar en los medicamentos de manera general constituye un error analítico, pues, el mundillo de las sustancias elaboradas para curar o aliviar una enfermedad configura un escenario plagado de heterogeneidades. Están las terapias esenciales y las especiales; las que tienen competencia y los que no; las que son monopólicas y tienen patente, pero también las que son monopólicas y no la tienen; las que, incluso, son producidas y vendidas por una sola firma en el mundo; las que curan y las que no curan. El asunto, en definitiva, es que cada producto, según sus características, requiere de un abordaje diferencial.

“La formación de precios puede analizarse solo para aquellos medicamentos en los que existe competencia, porque la competencia misma es la que regula los precios. Los problemas, precisamente, se generan en los nichos en los que no hay competidores”, explica Sonia Tarragona, jefa de Gabinete en el Ministerio de Salud. Luego continúa: “No hay ningún proceso de formación de precios, los fijan las farmacéuticas, sobre todo, en medicamentos innovadores que están protegidos por patentes, que otorgan la exclusividad de la explotación por 20 años”. De manera que cuando un laboratorio patenta un producto está habilitado de cobrar el precio que quiera, sin ser regulado, durante el lapso de dos décadas.

Según fue regulado por la Organización Mundial del Comercio (ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) a mediados de los 90’s, cuando la patente se vence, culmina el monopolio de la comercialización por parte de las empresas que desarrollaron el medicamento y se libera la fórmula para que las diferentes compañías puedan elaborarlo por su cuenta. De esta manera, se habilita la competencia entre el original y sus copias. “Los laboratorios buscan moléculas innovadoras y para ello se asocian con universidades y diversas instituciones. Cuando observan una con probable eficacia, patentan el desarrollo y lo explotan comercialmente por 20 años. Cuando este lapso se termina, se abren los métodos de producción, de manera que el resto puede acceder a esa fórmula y el procedimiento, hasta ese momento secretos”, apunta Marchetti.

Esto es como la cocina: tener la patente es tener la receta, pero también se necesitan los secretos del chef (el know how, la transferencia tecnológica), los ingredientes y los insumos (EEUU y la Unión Europea son los principales proveedores de la materia prima en estos casos), así como también la cocina (la infraestructura) y los cocineros (los científicos).

La bandera de los privados

La justificación que emplean las corporaciones farmacéuticas para defender los precios que cobran es que necesitan recuperar el dinero invertido durante décadas de intentos fallidos. Los ensayos preclínicos y clínicos son demasiado caros, arguyen, y ese dinero necesita retornar a quienes invirtieron y confiaron en la idea cuando solo era eso: una idea.

“Las patentes les permiten recuperar los costos de la inversión previa, lo que ocurre es que nadie sabe cuál fue dicha inversión”, destaca Tarragona. Las grandes firmas establecen una suerte de caja negra, opaca, en la medida en que no brindan información sensible que pudiera menguar su reputación. La falta de transparencia las conduce al cobro de precios extorsivos. Según un artículo publicado en Journal of the American Medical Association (JAMA), prestigiosa revista académica, los laboratorios responsables de la elaboración de medicamentos como Enzalutamide, Pralatrexate y Eculizumab, por citar algunos ejemplos empleados en pacientes con cáncer y otras patologías, necesitaron apenas un poco más de un año para recuperar el costo en investigación y desarrollo y comenzar a obtener beneficios.

De esta manera lo explica Marchetti: “Los laboratorios justifican los precios de algunos medicamentos bajo el argumento de que les costó mucho realizar la investigación, el desarrollo y la producción. No es lo mismo descubrir un fármaco para la diabetes o la hipertensión arterial que para una enfermedad con pocos consumidores. Como los destinatarios de enfermedades poco frecuentes son menos, colocan un precio alto con el objetivo de tener ganancias”. En concreto, como en cualquier otro campo económico, miden la expectativa de rentabilidad.

“Las ganancias de la industria farmacéutica son enormes. Los precios se van formando, en muchos casos, de manera arbitraria en los diferentes eslabones de la cadena, conformada por la compañía, la distribución a las droguerías y de ahí a las farmacias. Cada quien obtiene su tajada”, comenta Alberto Díaz, pionero en las investigaciones biotecnológicas del país.

En busca de amparo

Como las personas difícilmente pueden correr con un gasto semejante, intervienen los Estados, y deben afrontar los pagos. “Hay que pensar que lo que se gasta para el medicamento de un solo paciente, equivale a la mitad de un programa de salud que involucra a 15 millones de personas”, razona Tarragona. No obstante, destaca la funcionaria: “Cuando hay un medicamento que cura, la voluntad del Estado es cubrirlo”.

Las estrategias que usualmente siguen las compañías es conseguir los médicos que prescriban estos fármacos. Una vez prescriptos, sigue el recurso de amparo y los jueces terminan concediéndolo. “No está mal que un juez dictamine la obligación del Estado a cubrir un medicamento si está correctamente indicado. El problema es que nosotros tenemos muchos casos, particularmente de Zolgensma, con jueces que nos han obligado a pagarlo en casos en donde no había indicación clínica. Desafortunadamente, se aplicó sabiendo que no iba a funcionar”, relata Tarragona.

De manera reciente, se estableció un amparo para otorgarle el medicamento a un chiquito. Dentro del ministerio de Salud, la Comisión Nacional de AME (con la participación de expertos externos a la cartera) se expidió para señalar que no le correspondía porque, aseguraban, su situación no mejoraría pese a recibir la droga. “Incluso el propio laboratorio que la produce, en un hecho histórico, envió una nota para apuntar que su medicamento no servirá para dicha persona, pero el juez nos obligó igual. Lo tuvimos que pagar y se lo dieron. No solo no le hizo bien, sino que le hizo mal”.

En este marco, no hay salida: cuando la justicia obliga, los procesos se establecen contra los propios funcionarios. “De no cumplirse, pueden embargar a la ministra por ejemplo. No hay opción, uno está obligado a cumplir las órdenes de los jueces. Estos medicamentos tan caros terminan enfrentando a la gente con los gobiernos, en vez de que la gente se enoje con los laboratorios”, plantea Tarragona, que se especializa en propiedad intelectual, patentes y medicamentos.

Producción pública: lo que el mercado no resuelve

Cada Estado debe estudiar el mercado para saber qué puede hacer y qué no. Según recita Tarragona, debe “atender las necesidades que el mercado no resuelve”, esto es, invertir en aquellos medicamentos que nadie quiere cubrir y producir todos los que resulten estratégicos para el país. Pensar en los medicamentos que precisa cada nación, asimismo, implica conocer el contexto.

Díaz narra un ejemplo al respecto. “Hace tiempo desarrollamos eritroproyetina, una proteína que fue vedette y se vendió un montón. De hecho, le ganamos el mercado doméstico a Johnson & Johnson por un detalle muy sencillo: en vez de comercializarla líquida, la vendimos liofilizada. Como conocíamos nuestro mercado, sabíamos de la importancia de que la gente pudiera consumirla en polvo, porque aguanta dos meses, a diferencia del líquido que había que mantenerlo siempre a una temperatura y requería de heladeras”.

A comienzos de 2020, se realizó la primera reunión en la que participaron referentes de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), para definir cuáles serían las líneas estratégicas. “Hay proyectos que se concentran en la elaboración nacional de formulaciones pediátricas de medicamentos para el Sida; para la fibrosis quística; el aceite de cannabis; así como también, nos enfocamos en la fabricación de repelentes y protectores solares que, en muchos casos, cuestan como si fueran bienes de lujo”, detalla la jefa de Gabinete en Salud.

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