La Misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos integrada por dirigentes sociales argentinos relevó cinco muertes a manos de fuerzas policiales, detenciones arbitrarias, secuestros y planificación de atentados contra líderes sociales durante el paro y los cortes del movimiento indígena en Ecuador.
La misión argentina señala en su primer informe que recabó testimonios y realizó entrevistas en la zona céntrica de Quito, entre otros lugares en La Casa de la Cultura, la Universidad Central y la zona del Parque El Arbolito. Está integrada por el abogado Juan Grabois, dirigente de Patria Grande y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano; Marianela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Claudia Rocca, de la Asociación Argentina de Juristas, entre otros.
5 muertos, 6 desaparecidos y 132 detenidos
"Recibimos declaraciones provenientes de líderes y lideresas sociales, indígenas, organizaciones de mujeres, voluntarios de salud en los corredores humanos de paz, familiares de jóvenes indígenas fallecidos a manos de las fuerzas policiales, y también recibimos numerosos elementos probatorios (imágenes y videos) que dan cuenta de la vulneración de diferentes derechos", señala el grupo. En base a esa información, la misión argentina elaboró un documento "preliminar con la sistematización de las tipificaciones de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las movilizaciones del paro nacional" que se inició el pasado 13 de junio.
El documento denuncia que cinco personas fueron "asesinadas a manos de las fuerzas policiales, con el uso irregular de armas de disuasión de forma letal". Menciona a Henry Quesada, Marcelino Villa, Wairon Watatuka, Franco Iñiguez y Jon Muenala, las víctimas fatales que "muestran heridas de gravedad producidas por disparos de perdigones e impactos de gases lacrimógenos a corta distancia y en zonas vitales del cuerpo".
El informe da cuenta de "132 detenidos de forma arbitraria por ejercer el derecho a la protesta", muchas luego imputadas por delitos como sabotaje, terrorismo o resistencia. Denuncia además "secuestro, persecución y planificación de atentados en contra de la integridad de líderes y lideresas indígenas y sociales, violación al derecho a la protesta social, violación a las garantías judiciales y al acceso a la justicia de los ciudadanos".
La delegación argentina reseña que se negó la atención médica en instituciones públicas de salud "por motivos raciales y antiindigenistas, violación a la integridad de las mujeres, evidenciando episodios de humillación, violencia verbal y simbólica y violación a los derechos de niños y niñas". Advierte además que hubo "ataques reiterados a las zonas de paz y de resguardo humanitario, poniendo en grave peligro a miles de personas afectadas por gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad".
El informe enumera "ataques armados por parte de organizaciones civiles y fuerzas policiales, basadas en violencia racista y anti-indigenista, censura y bloqueo mediático de la información, bloqueo del servicio de internet y redes sociales y hackeo a cuentas personales de líderes y lideresas indígenas y sociales". Señala, además, que tiene "información y testimonios que dan cuenta de seis casos de desaparición de personas" que participaban de las movilizaciones.
Grabois: "Asesinatos, torturas y desapariciones forzadas"
El grupo hizo su presentación este sábado con un encuentro con la prensa en Quito. Más tarde y en su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador que analiza el pedido de destitución de Lasso, el dirigente Juan Grabois aseguró: "Hemos constatado asesinatos, torturas, desapariciones forzadas. Hemos podido escuchar declaraciones que automáticamente se convertían en una invitación a lo que podríamos denominar comandos civiles para que enfrenten por cuestiones de clase y de raza a los manifestantes".
El también abogado denunció haber recibido "un mensaje intimidatorio" por parte de la policía ecuatoriana a través de Twitter y exhortó a que "todos los poderes del Estado tomen conciencia de la importancia de garantizar la paz". Por su parte, los congresistas ecuatorianos le expresaron que "todas las organizaciones originarias y todos los dirigentes incluyendo los más estigmatizados no eran responsables de los desmanes", de acuerdo a un comunicado de la misión argentina.
