La opinión pública y la sociedad estadounidense manifestó en los últimos días temor y preocupación sobre varios derechos conquistados durante los últimos años, entre ellos, el matrimonio igualitario tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de revocar el derecho al aborto a nivel federal en todo el país.

Reconocidas publicaciones como The Wall Street Journal, The Washington Post y la señal de noticias CNN coincidieron en señalar que la misma lógica constitucional usada para anular la sentencia que daba amparo legal a la interrupción legal del embarazo podría usarse para terminar con varias legislaciones dictadas por la jurisprudencia, pero que no están directamente recogidos en ninguna ley federal.

El principal argumento empleado el viernes por la mayoría conservadora del Tribunal Supremo para revocar la sentencia de 1973 bautizada como "Roe v. Wade" que protegía legalmente el aborto fue que este no está recogido explícitamente en la Constitución de EE.UU (que data de 1787), y que la Corte de 1973 se había excedido en su interpretación de la Carta Magna.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, así como el derecho a utilizar anticonceptivos, no están protegidos por ninguna ley a nivel federal que los reconozca explícitamente, sino que emanan de las interpretaciones que en su momento hicieron los magistrados del Tribunal Supremo con respecto a su encaje en la Constitución.

La discusión sobre estos riesgos surgió después de que uno de los jueces de la Corte, el conservador Clarence Thomas, manifestara que se revisen en el futuro los precedentes legales protegidos por la doctrina del "debido proceso fundamental", lo que incluye el fallo que protege el derecho al matrimonio homosexual.

Esta sugerencia del magistrado se expresó en una opinión separada en un alegato personal que acompaña a la decisión de anular el aborto. En esta línea, Thomas abogó por revisar en el futuro los precedentes basados en la mencionada doctrina del Derecho estadounidense, que permite a los tribunales poner límites a la actividad legislativa cuando afecta a "la vida, la libertad o la propiedad".

El juez hizo mención expresa a los fallos previos del Supremo que garantizan el acceso a anticonceptivos a parejas casadas ("Griswold contra Connecticut") y el matrimonio homosexual ("Obergefell contra Hodges").

"Después de revocar estas decisiones probadamente erróneas, quedaría por resolver la cuestión de si hay otras provisiones constitucionales que protejan la miríada de derechos que nuestros casos de debido proceso fundamental han generado. Tenemos el deber de corregir el error establecido en precedentes.", remarcó Thomas.