La Policía Federal de Brasil allanó ayer la sede de la empresa JBS, implicada en un escándalo de corrupción que tiene contra las cuerdas al presidente Michel Temer, en busca de pruebas en una investigación sobre uso de información privilegiada en operaciones bursátiles y de cambio.

La operación en San Pablo fue realizada en coordinación con la Comisión de Valores Mobiliarios (CMV), el órgano regulador del mercado bursátil en Brasil que tiene abiertas nueve investigaciones contra JBS por diferentes irregularidades. La Policía Federal explicó en un comunicado que el allanamiento fue decidido por el juzgado sexto federal criminal de San Pablo, que expidió tres órdenes de allanamiento e incautación de documentos y memorias informáticas en empresas del grupo JBS, así como mandatos para que cuatro investigados sean conducidos a la fuerza a rendir testimonio en comisarías.

JBS está sospechada de fraude porque habría comprado una elevada cantidad de dólares y vendido muchas de sus acciones en los días previos a que estallara el escándalo que provocó por sus acusaciones contra Temer. La empresa obtuvo enormes ganancias con las operaciones que realizó en el mercado cambiario y bursátil antes de que el escándalo que puso a temblar al gobierno brasileño provocara fuertes turbulencias en los mercados.

Los propietarios de JBS confesaron en el marco de un acuerdo de colaboración con la Justicia que en los últimos años pagaron coimas por 600 millones de reales (unos 187,5 millones de dólares) a 1.829 políticos de 28 partidos a cambio de favores en sus negocios. Los hermanos Joesley y Wesley Batista, controladores del frigorífico y que fueron autorizados a viajar a Nueva York por supuestos motivos de seguridad, dijeron haberle pagado sobornos tanto a Temer como a los entonces presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Como parte de su acuerdo con la Justicia, le entregaron a la Fiscalía una grabación en la que Ele Batista relata varias de sus corruptelas en una conversación en la que Temer parece avalar los pagos. Las acusaciones justificaron la decisión de la Corte Suprema de abrirle una investigación al jefe de Estado por los supuestos delitos de corrupción, obstrucción a la justicia y asociación para delinquir, que amenaza su mandato.

La Policía Federal explicó en su comunicado de que el allanamiento de este viernes en la sede de JBS tiene por objetivo investigar el uso de informaciones privilegiadas en el mercado financiero. “La investigación intenta esclarecer dos eventos: la venta de acciones de JBS en la bolsa de valores por parte de su controladora a finales de abril, en el período concomitante a un programa de recompra de acciones de la empresa, y las compras de contratos futuros de dólar en la bolsa de futuros y de dólares en efectivo entre el final de abril y mediados de mayo”, dice la nota. Según la Policía, en caso de que se compruebe su culpabilidad, los investigados podrán ser condenados a penas de entre uno y cinco años de prisión y al pago de multas por un valor tres veces superior al de la ganancia obtenida por crímenes financieros.

El jueves, la petrolera estatal Petrobras rescindió el contrato por el que ofrecía gas natural a una térmica vinculada a JBS por violación de la cláusula del contrato en que las dos partes acordaron combatir la corrupción. Ayer, las acciones de JBS SA, el mayor faenador de carne vacuna del mundo, alcanzaron un mínimo en dos semanas tras las confirmaciones de que la policía allanó la compañía y a su accionista mayoritario, FB Participações SA, en conexión con la investigación. JBS no hizo comentarios inmediatos sobre los allanamientos.