A 110 años del Grito de Alcorta, cuando los pequeños productores de la pampa húmeda se sublevaron contra los terratenientes para exigir nuevas condiciones en los alquileres y por el acceso a la tierra, las cosas poco han cambiado.
Este fin de semana, en un plenario de la rama Rural del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) que se realizó en la localidad salteña de Apolinario Saravia, en el departamento Anta, los más de 700 productores de Salta y Jujuy que allí se dieron cita, coincidieron en que el acceso a la tierra, el alto valor que deben pagar por pequeñas parcelas, la comercialización y la falta de agua para sus cultivos, son los principales problemas que no les permiten salir de la pobreza, generando la migración de los más jóvenes, que terminan incrementando los bolsones de pobreza en las periferias de las grandes urbes.
Argentina es el octavo país con mayor superficie del mundo, pero el 92% de su población se concentra en grandes ciudades, mientras la tierra se encuentra en manos de unos pocos. El Censo Nacional Agropecuario realizado en 2018 por el INDEC arrojó que el 1% de los propietarios controla el 36% de la tierra. En la misma línea, casi el 40% del territorio argentino es propiedad de solo 1.200 terratenientes. En contrapartida, un 40% de los habitantes del país no tiene acceso a tierra o vivienda propia.
En el encuentro las anécdotas de los integrantes de localidades como Fraile Pintado, Perico, Palma Sola, Aguas Calientes, Chalicán, Pampa Blanca, Monterrico, Santa Clara, Lipan, en Jujuy. Y de Orán, Apolinario Saravia, Rosario de Lerma, Campo Santo, Colonia Santa Rosa, en Salta, se repetían, y eran coincidentes, según los referentes del movimiento, con los que se escucharon en otros plenarios regionales en el país.
“Nosotros vendemos productos a los que les ponemos nuestras vidas, los cuidamos con amor de tres a seis meses, para que venga un intermediario que por tener un camión y un lugar donde venderlos, nos paga $1.000 y lo vende a $2.000 o $2.500”, sintetizó uno de los agricultores de Santa Clara mientras los demás asentían con sus cabezas.
“Necesitamos un camión para llevar nosotros la mercadería a los mercados y ferias locales”, fue otra de las frases recurrentes. A nivel nacional, el MTE cuenta con un puesto en el Mercado Central y un programa de entrega que se denomina Puerta a Puerta y que se vincula con otras ramas de la organización para hacer las entregas a precios justos para el consumidor y el productor, pero en el interior esa logística aún no existe. Los asistentes agregaron la falta de inversión en infraestructura para mejorar caminos y rutas, algo que también utilizan los intermediarios para negociar a la baja.
A pesar de ser quienes históricamente trabajaron las tierras en donde viven, la gran mayoría no son poseedores, y deben pagar altas sumas para poder producir en pequeñas fincas, lo que sumado a la variabilidad de los precios en los insumos les deja finalmente exiguas ganancias.
La falta de agua, producto del cambio climático que provoca altas temperaturas y menos precipitaciones y la inequitativa repartija, también les genera pérdidas. Todos contaron cómo los consorcios de riego les dan apenas unos minutos por día, mientras la mayoría se la llevan las grandes corporaciones como Ledesma en Jujuy.
Para hacer frente a esas inequidades históricas, el referente de la rama, Lautaro Leveratto, esgrimió que a nivel nacional ya están avanzando a paso firme en la conformación de una Federación de pequeños productores rurales que defienda sus intereses y se siente en la mesa de negociaciones a disputar políticas públicas “como lo hacen los de la Mesa de Enlace”.
“Necesitamos tener nuestra propia herramienta de lucha gremial, porque las actuales organizaciones del campo no representan a los sectores de la economía popular rural”, expresó Leveratto ante la multitud de agricultores que aplaudió de pie la iniciativa. “La Sociedad Rural y las demás federaciones solo representan los intereses de los terratenientes, que son muchísimos menos que nosotros y, sin embargo, concentran la mayoría de las tierras en nuestro país”, agregó.
En esa misma línea, el compañero de militancia de Juan Grabois, anunció que en los próximos días comenzarán con un plan de lucha en todo el país para exigirle a los legisladores nacionales que se apruebe la Ley de Acceso a la Tierra. “Queremos que nuestras familias tengan derecho a vivir y producir, y que dejen de pagar altísimos alquileres para que en lugar de eso, comiencen a pagar créditos que les permitan crecer”, explicó. ”Las tierras fiscales deben ponerse al servicio de las familias trabajadoras rurales que somos las que generamos los alimentos para todos los argentinos y argentinas”, afirmó.
Reforma agraria
El intendente de la localidad anfitriona, Marcelo Moisés, quien ya denunció junto a unos 400 pequeños productores de la zona los efectos devastadores que provocan las fumigaciones con agrotóxicos (puntualmente del herbicida 2.4D Amina) en campos de soja y algodón sobre las fincas de hortalizas, participó de la apertura del encuentro junto a autoridades del INTA y la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena.
Moisés sostuvo que como jefe comunal se sentía muy complacido de recibir a la militancia de las organizaciones, “que son parte del gobierno, y que realizan un trabajo fundamental allí donde el Estado no puede llegar por distintos motivos en este país que tiene muchas deudas históricas sobre los más pobres”.
Para el intendente, el Estado nacional y los provinciales “se deben una reforma agraria, que no signifique quitarle nada a nadie, pero sí distribuir de otra manera la tierra, para que todos tengan mejores condiciones de trabajo y derecho a un techo”. “Tenemos un país muy extenso que debe generar oportunidades para todos, una nueva organización para contener a los pequeños sectores productivos, que además son la mayoría”, sostuvo.
Con respecto a la denuncia que llevó hasta el gobierno provincial para que se prohíba el uso del herbicida 2.4D en todo el territorio salteño, contó que desde el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Ambiente, ya constataron que la pérdida de las producciones de hortalizas se debió a la “deriva” de ese herbicida hormonal que se usa para secar plantaciones extensivas como la soja, y añadió que avanzarán con denuncias civiles y penales por los daños ocasionados.
La importancia de estar organizados
En el encuentro destacaron la importancia de nuclearse en un movimiento que los represente para dejar de pelear individualmente, “así nos escuchan y respetan un poco más, porque antes estábamos solas y nos pasaban por encima”, apuntó una militanta de Palma Sola.
Para Roxana Salas, agricultora de Campo Santo, en el departamento Güemes, significó también encontrarse entre las mujeres del pueblo “y contarnos las cosas que vivimos, darnos fuerzas”, y hasta ayudarse con el cuidado de sus hijes.
De esas reuniones surgió una guardería para les niñes y un merendero. Pero también fundaron su propia área de género que mantiene reuniones y encuentros con mujeres de todo el país, “es una alegría compartir con las otras chicas su sabiduría, porque en el campo se complica mucho charlar y contar las cosas que nos pasan”. “Reunirnos y organizarnos nos sirvió para reconocernos y ayudarnos en distintas situaciones, además para comenzar a decir cosas y no callarnos”, añadió.
Las mujeres que integran el área de género de Campo Santo, además de trabajar cotidianamente para producir alimentos, generaron una nueva unidad productiva dedicada a la costura y la elaboración de manufacturas como carteras, materas, alhajeros y costureros.
“El MTE es una herramienta muy grande para nosotras, porque antes cuando no lo teníamos era muy difícil, cuando te pasaba algo, te dolía algo, nadie se enteraba y no teníamos a quién acudir, hoy estamos unidas y con esa unión nos sentimos fuertes para seguir peleando, además, conocimos más mamás como nosotras de otras partes del país”, concluyó Salas.
