A raíz de distintos relatos que llegaron a esta redacción, y que evidenciaban la imposibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) en la provincia de Salta, desde el Hospital Público Materno Infantil (HPMI) de la ciudad de Salta confirmaron que únicamente se están realizando ILEs a personas que tienen una edad gestacional de hasta 20 semanas, lo que equivale a cinco meses.

La decisión del establecimiento sanitario incumple lo dispuesto por la Ley nacional 27610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada en diciembre de 2020, que no fija límites de tiempo para las ILE, es decir cuando corre peligro la vida o la salud de la persona gestante o el embarazo es producto de una violación. La situación se torna de gravedad si se tiene en cuenta que Hospital Materno es el único dispositivo que venía realizando estas prácticas en la provincia, ya que el Hospital Papa Francisco se declaró "objetor de conciencia de manera institucional", aunque la ley solo prevé la objeción de conciencia personal. 

Por esta situación, varias organizaciones de mujeres se reunirán hoy con las autoridades de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, para exigir que se cumpla la ley 27610, que es de orden público y por lo tanto, de aplicación obligatoria en todo el país.

En diálogo con Salta/12, el jefe del servicio de Ginecología del Materno Infantil, Esteban Rusinek, afirmó que no tiene "ningún médico capacitado" dentro de su institución que garantice la interrupción en pacientes con un embarazo superior a las 20 semanas. El funcionario aseguró que desde el Programa de Salud Reproductiva de la provincia, en contacto con la Dirección de Salud Sexual y Procreación del Ministerio de Salud de Nación, se están resolviendo estos casos con traslados a otras jurisdicciones para hacer efectivas las prácticas.  

Respecto a la falta de personal, Rusinek sostuvo que están realizando gestiones para resolverlo. De acuerdo a la información proporcionada por organizaciones de mujeres, el Hospital Materno Infantil recibe aproximadamente 8 pedidos de interrupciones legales del embarazo por semana, de las cuales 4 superan las 20 semanas. 

Por su parte, desde Nación, ante la consulta de Salta/12, se reiteró que la legislación vigente prevé una cobertura universal, gratuita y segura para quienes solicitan interrupciones de embarazos. Sin embargo, se reconoció que existen "heterogeneidades territoriales", por lo que la Dirección de Salud Sexual y Procreación da una cobertura nacional, es decir que en los casos que se requieran traslados, se posibilita que se hagan efectivos. 

Aún así, se afirmó que se exige que la provincia de Salta cumpla la Ley 27610. En mayo del año pasado, la cartera que dirige Carla Vizzotti puso en vigencia el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. 

Por su parte, desde las organizaciones que reclaman el cumplimiento de la Ley, afirmaron que la decisión del Materno Infantil cayó "muy mal" porque "no puede ser que no se cumpla la ILE". Así lo expresó a este medio Sofía Fernández, actual articulante de la Campaña Nacional por el Derecho Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la provincia de Salta. 

En ese sentido, y en respuesta a Rusinek, la militante feminista sostuvo que si la Provincia afirma que no tiene profesionales capacitados, lo más obvio es que tendrían que capacitarlos. "Tienen que capacitar y ampliar el servicio de salud", manifestó, dejando en claro que esa capacitación debe ser para el personal de atención, tanto del primer trimestre (hasta la semana 14), como del segundo trimestre (hasta la semana 24).

En el país, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se garantiza hasta la semana 14. Mientras que la ILE, no tiene límite de tiempo para su interrupción. Es más, la ILE rige en el país desde 1921, cuando se estableció que se puede acceder a ella cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante y en caso de violación. En Salta se fijó de hecho un límite de acceso a la interrupción legal, lo que incurre en una clara violación a la ley actual. 

"No estaríamos siendo sujetas de derechos con esta decisión", expresó Fernández. Desde la Campaña llevan adelante consejerías a mujeres y personas gestantes que quieren acceder a una interrupción, sea IVE o ILE. Si bien no abarcan todo el territorio provincial, sí supieron que -en la mayoría de los casos- no se está accediendo a la interrupción voluntaria en el plazo de 10 días, desde que la persona realiza el requerimiento, como lo dispone la norma. 

En ese sentido, Fernández sostuvo que ese retraso en la atención de prácticas hasta la semana 14 ocasiona que se supere ese término, y en algunos casos se llegue a superar las 20 semanas. Esta situación de demora fue marcada el año pasado por Nación, cuando se advirtió a las autoridades sanitarias de Salta que hay "problemas recurrentes" en el cumplimiento del acceso a la Interrupción Legal (ILE) y a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 

En ese momento se puso de manifiesto que el 25% de los llamados que recibe la línea nacional de Salud Sexual (0-800-222-3444) es de usuarias que no han podido acceder a las prácticas en tiempo y forma.

"En el interior se profundiza el problema"

Fernández expuso además que se genera una sobre explotación a lxs profesionales que realizan las prácticas en las primeras semanas de gestación. Esto es claro cuando se tiene en cuenta que sólo en 5 de los 65 centros de salud de la ciudad de Salta se atienden pacientes que cursan un embarazo durante el primer trimestre. "En el interior se profundiza el problema", pues saben que son pocos los profesionales que no se declararon objetores de conciencia, afirmó. 

Por ejemplo, en la zona de los departamentos de Rosario de la Frontera, Metán y Anta, sólo se garantizan ILEs en el Hospital Público de la localidad de Apolinario Saravia (Anta), ya que hay un sólo médico garante de derecho. En ese sentido, Fernández dijo que cuando se llevan adelante las derivaciones de otras localidades a la Capital salteña, no se hacen de la manera adecuada y muchas veces el Estado provincial no garantiza el traslado de las pacientes. 

Incluso denunció que en varias situaciones tomaron conocimiento de que no se les advirtió a las pacientes que si pueden acceder a la IVE/ILE en su zona, deben alertar a la línea 0-800. "Es sumamente grave, más cuando tenemos niñas madres en la provincia", lamentó la referente de la Campaña, y dijo que esto es un indicio de que se está obligando a maternar. Ya en febrero de este año, junto a otras organizaciones, pidieron una reunión con el ministro de Salud de Salta, Juan José Esteban, pero no obtuvieron respuestas. 

Es por ello que hoy mantendrán un encuentro con la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Salta, Itatí Carrique, con el propósito de plantear la situación actual. Además le presentarán un diagnóstico y un petitorio, elaborado por representantes de la Campaña, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir- que forman parte del Campaña- y Católicas por el Derecho a Decidir.

"Nos parece importante articular con los estamentos del Estado para que efectivamente se garanticen los derechos", sobre todo en el área de Salud, dijo la militante feminista. E insistió: "Hoy no se cumple la ley dentro de nuestro territorio, y con ello, nos ponen como ciudadanas de segunda o tercera". 

Fernández también refirió el papel de las obras sociales y prepagas, ya que aseguró que tomaron conocimiento de varios casos de mujeres que querían acceder a la interrupción, pero las obras sociales les negaron las prácticas. Esa negativa, lleva que las personas gestantes deban recurrir al servicio público de salud.

En ese sentido, afirmó que "es importante que las ciudadanas que pagan, accedan al servicio".