La reciente determinación de la Corte Suprema de Estados Unidos de derogar el acceso protegido a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), generó una ola de repercusiones en todo el mundo. Miles de personas repudiaron la medida en redes sociales y otras miles salieron a la calle para manifestar su rechazo. Esta anulación podría traer consigo riesgos para otros derechos conquistados.

Con 6 votos a favor y 3 en contra, la Corte Suprema estadounidense derogó el derecho constitucional al aborto, que era garantizado desde 1973 con el fallo Roe vs. Wade. Según los fundamentos del mismo, el aborto entraba dentro de "ciertas áreas o zonas de privacidad" en donde la constitución no ponía reparos, así como la anticoncepción y el matrimonio igualitario.

Además del acceso protegido a la IVE, que era garantizado por Roe vs Wade, hay otros derechos que se enmarcan dentro del ámbito privado y las decisiones íntimas de cada familia, registradas como “debido proceso sustantivo”, según la Constitución estadounidense. Entre ellos, se destacan la anticoncepción con métodos cotidianos o de emergencia, la fertilización asistida y el matrimonio entre personas del mismo género, entre otros. 

Matrimonio igualitario y suicidio asistido

Tras la reciente decisión de la Corte Suprema, otros derechos corren el riesgo de sufrir la misma suerte y ser derogados. El juez Samuel Alito pidió al máximo tribunal que considere anular el fallo Obergefell vs. Hodges, un caso de 2015 que abrió las leyes de matrimonio a personas del mismo sexo.

“Ningún Estado puede privar a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso”, señala la Constitución. El debido proceso sustantivo prohíbe que el Estado viole los derechos fundamentales de las personas que, además, no pueden ser sometidas a un proceso procesal sin estar fundamentado por una justificación expresa.

El problema radica en que el debido proceso sustantivo depende de la subjetividad de los máximos tribunales y qué opinión o interpretación realizan de qué derechos deben protegerse. Para esta distinción, han prevalecido dos indicadores: si el derecho está “profundamente arraigado en la historia y la tradición de la nación” y si está “implícito en el concepto de libertad ordenada”.

Otra situación similar podría afectar al derecho al suicidio asistido. Por ejemplo, en el fallo Washington v Glucksberg, los nueve jueces se negaron a agregar este derecho al panteón sustantivo del debido proceso. 


Derecho al aborto: cómo podría afectar a los tratamientos de la fertilidad en EE. UU.

Partiendo de un derecho fundamental, como es el acceso a un aborto voluntario dentro de las 23 semanas de gestación, vigente desde hace 50 años en Estados Unidos, otros derechos considerados parte de la “privacidad” de las personas, pueden ser vulnerados.

Uno de los principales focos que entra en riesgo radica en el acceso a tratamientos de fecundación in vitro, o fertilización asistida, generalmente elegido por madres solteras, parejas homosexuales o personas que cuentan con alguna dificultad para quedar embarazadas.

Expertos en el tema aseguraron, en diálogo con el Washington Post, que dada la restricción al aborto, la fertilización asistida podría ser más inaccesible en términos de opciones y precios. Hoy en día, este tipo de procedimientos representan un 2% de los nacimientos en los Estados Unidos, con unos 55.000 nacimientos al año.

Este riesgo se potencia, ya que la derogación de la IVE abre la puerta a que las legislaciones contemplen derechos y protecciones legales a los embriones humanos, cosa que podría tener un impacto en el uso de tratamientos artificiales o material genético. La fertilización in vitro implica la extracción de óvulos de los ovarios, fertilizarlos con esperma en un laboratorio y luego regresar estos embriones al útero para su desarrollo.

La aprobación de leyes de “personalidad fetal” que protegen a “los no-nacidos”, con un fuerte apoyo de sectores conservadores y cristianos, abre una nueva jornada de debates respecto a la fertilización asistida que, según los expertos, puede durar años y es muy poco probable que el efecto sea inmediato en términos legales.

Sin embargo, es probable que los estatutos de cada estado tiendan a constituir nuevas regulaciones con respecto a la fertilización in vitro, lo que a su vez podría impulsar revisiones de políticas y aumentos de sus costos de un tratamiento que tiene un elevado valor en general.

El estado de Alabama, fiel luchador contra el derecho constitucional al aborto, ya ha redactado una ley de restricción al aborto de manera tal que los óvulos fertilizados están excluidos de esta restricción. Pero en Luisiana, se presentó un proyecto de ley que hace el aborto equivalente al homicidio y define a la vida humana a partir del momento de la fertilización.