Los juicios por delitos de lesa humanidad siguen echando luz sobre la participación del Poder Judicial en el terrorismo de Estado. A partir del testimonio de un abogado que presentaba hábeas corpus por desaparecidos, el fiscal federal Francisco Maldonado pidió la declaración indagatoria de Juan Carlos Caballero Vidal, que en 1977 era juez provincial y desde 1996 integra la Corte de Justicia de San Juan. El representante del Ministerio Público Fiscal lo imputó como partícipe necesario del secuestro y las torturas que sufrió Héctor Cevinelli, y por las amenazas al abogado Pedro Bayugar, a quien le aconsejó “olvidarse de todo lo acontecido” con una pistola 9 mm sobre su escritorio. “Los delitos que cometieron las fuerzas armadas y de seguridad durante el terrorismo de Estado sólo fueron posibles gracias al apoyo del Poder Judicial, que omitió sistemáticamente realizar las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, garantizando la impunidad de sus autores”, destacó Maldonado. Caballero Vidal, quien aseguró que no se amparará en sus fueros como en su momento lo hicieron los magistrados Otilio Romano o Néstor Montezanti, es el primer integrante de un tribunal superior (antes hubo camaristas y jueces de tribunales orales) imputado por su actuación durante la dictadura. El pedido de indagatoria está en manos del juez Leopoldo Rago Gallo.

Bayugar declaró como testigo el 8 de mayo en el segundo megajuicio de San Juan, que tiene a 21 ex militares y policías en el banquillo, incluido Jorge Olivera, el torturador que se fugó del Hospital Argerich tras su primera condena y fue recapturado en enero. El abogado, que tras el secuestro de Cevinelli presentó un hábeas corpus en representación de su pareja, relató que luego de su aparición con vida se presentó en el Sexto Juzgado a cargo de Caballero Vidal para darle la noticia. El juez, que había recibido el hábeas corpus, le manifestó que “sabía que Cevinelli no tenía nada que ver con la subversión y que tenía muchas posibilidades de aparecer”, según informó el portal del Ministerio Público. Cuando le recordó que estaba pendiente la investigación del robo de la moto y otras pertenencias de su defendido, Caballero Vidal sacó una pistola del cajón, la puso sobre el escritorio y dijo “supongo que tendrán poderosas razones para olvidarse de todo lo acontecido”, agregó el testigo. “Ahí se me terminaron las garantías. Si un juez sale con esto, ¿qué queda?”, razonó el abogado. Contó, según consignó el Diario de Cuyo, que no lo declaró mientras “no se juzgaba ni se condenaba a quienes secuestraban y mataban personas” porque “este hecho es una cuestión colateral, secundaria”, pero que “ahora, cuando tuve la oportunidad, lo dije”.

“Caballero Vidal omitió realizar las investigaciones pertinentes relativas a los delitos de los cuales resultó víctima Héctor Cevinelli, circunstancia a la cual se encontraba obligado en relación al cargo que ocupaba al momento de los hechos”, escribió el fiscal, quien detalló que Cevinelli fue torturado durante casi un mes en una construcción precaria cercana al Polígono de Tiro del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22). Del testimonio surge también que el juez “buscó amedrentarlo con el objeto de que cesara en sus investigaciones”, señaló Maldonado, e interpretó el arma sobre el escritorio como un mensaje de que “de continuar podría correr riesgo su vida o la de la familia de Cevinelli”. Al no investigar el secuestro, las torturas, ni el robo “prestó un aporte esencial tendiente a garantizar la impunidad”. Sólo los jueces “podían manipular el sistema judicial con el objeto de evitar que progresaran las investigaciones”, recordó. El fiscal Maldonado pidió que se indague al juez como partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y robo agravado, por las amenazas al abogado, como miembro de una asociación ilícita y por no promover la acción penal.

Hace un mes, tras la declaración de Bayugar, Caballero Vidal afirmó que estaba “sorprendido por el relato, en sí mismo contradictorio y absolutamente falso, ya que jamás he tenido actitudes amenazantes o intimidatorias para con nadie, mucho menos con un arma de por medio”. En un comunicado difundido por la Corte de San Juan aclaró que no iba a hacer declaraciones y aseguró que en caso de ser citado a indagatoria no pensaba ampararse “en las garantías o privilegios que impone mi cargo”. Tras la imputación fiscal, el presidente del tribunal, Adolfo Caballero, aseguró que su compañero imputado “se presentará porque está convencido de su inocencia”, informó el diario El Zonda. El juez Guillermo De Sanctis agregó que “esta Corte se mantiene expectante y el miembro seguirá cumpliendo el deber que tiene como cortista del superior tribunal de San Juan”.