Organismos de derechos humanos realizaron una presentación ante la Justicia riojana por el caso Arcoiris para solicitar que “se adopten medidas para el resguardo de los derechos de la niña y se garantice su interés superior, el debido acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación para la Promoción y Protección de Derechos Humanos XUMEK, Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), y el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencias de Argentina (coalición de organizaciones de todo el país) apelan a quiene intervienen en la causas judiciales que no revictimicen a la menor y eviten la criminalización de su madre que la protege ante nuevas situaciones de abuso sexual. Luego de reiteradas denuncias de abusos por parte del abuelo paterno la madre tuvo que solicitar ayuda fuera de la provincia y logró una resolución del Poder Judicial de la Nación para que ambas sean protegidas porque no logró ser escuchada por la Justicia local.
“Toda vinculación forzada con quien habría propiciado un nuevo contacto del presunto abusador con la niña resultaría alarmante y, en consecuencia, toda criminalización de una madre que pretende proteger a una niña también resultaría alarmante” advierten la extensa nota presentada a la jueza del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N°2, Gisela Flamini y a la que tuvo acceso La Rioja/12.
En su informe sobre el accionar judicial afirman que la justicia con “un criterio adultocentrista” no tiene una escucha activa de la niñez y, en este caso, consideran que “las expresiones de la niña no han sido consideradas debidamente por el Poder Judicial, exponiéndola a nuevas situaciones de revictimización”.
Además, tanto el padre y como la justicia no dieron la importancia suficiente a la posibilidad que la niña habría sufrido potenciales abusos. “A todas luces estamos en presencia de señales de alarma” y en este sentido advierten que “un estado incapaz de garantizar a niñas y niños víctimas de ASI (abuso sexual infantil) procesos e investigaciones exhaustivas en el esclarecimiento de los hechos y la disposición de medidas de efectiva protección durante los mismos, frente a los reiterados pedidos de protección de la madre de la niña resultaría sin lugar a dudas un Estado con responsabilidad internacional”.
Asegura y destacan que “los juzgados intervinientes en las causas donde se denuncia abuso sexual han resuelto faltas de mérito y sobreseimientos con una arbitrariedad inaceptable, en flagrante incumplimiento de los deberes a su cargo: nula justificación de los razonamientos sostenidos, sin valorar los elementos probatorios arrimados a la causa, realizando meras referencias genéricas al plexo probatorio en su conjunto, omitiendo la más mínima consideración a la voz de la niña”.
Reclaman además que hay un intento de criminalizar a la madre de la niña que “la protege para preservar su integridad”. “La obligación del Estado, y en este caso del Poder Judicial y el Ministerio Público, es en primer lugar proteger mientras se investiga, pero aparentemente lejos de proteger, se está intentando criminalizar a quien protege. Estamos en presencia de una madre que tiene como único y entendible objetivo preservar a su hija, frente a la carencia de medidas de protección efectivas”.
