En junio en el Congreso, se puso nuevamente en discusión el valor de la participación ciudadana en políticas públicas y, en particular, en las de comunicación y cultura. Mientras Diputados daba media sanción al proyecto iniciado por el diputado Pablo Carro que prorroga por cincuenta años las asignaciones específicas para cultura -que incluye el sostenimiento de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual-, Sabrina Ajmechet y Hernán Lombardi presentaron un proyecto para cerrarla. Además, se habían comenzado a tratar en comisión del Senado proyectos de flexibilización de los sistemas de consulta e iniciativa popular presentados por Oscar Parrilli y Juliana Di Tulio. En efecto, la participación es considerada hoy un imperativo de democratización de las políticas, pero la distancia entre la reivindicación discursiva y la puesta en práctica suele ser grande. Vuelve la pregunta: ¿Para qué sirve la participación social en instituciones de comunicación y cultura? Un estudio de próxima publicación aborda este tema en Argentina, Uruguay, Ecuador y México en los últimos quince años.
En Argentina la movilización social por el derecho a la comunicación logró incidir en algunas leyes e impulsó organismos para institucionalizar la participación social. En 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual incluyó al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) -sustituido en 2015 por el Consejo Federal de Comunicación (COFECO)-, al Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI), la Defensoría y el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos. En 2014 la Ley Argentina Digital creó el Consejo Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Consejo TIC).
La inestabilidad caracterizó a estas entidades. La demora en su puesta en marcha, su integración incompleta o su eliminación fueron las formas de esta fragilidad. El Consejo TIC y el COFECO nunca iniciaron sus actividades. Sólo el COFECA y el CONACAI se lanzaron antes de cumplirse dos años de la promulgación de la ley. En cambio, la Defensoría se activó más de tres años después y el Consejo de Medios Públicos, más de seis años después, en el final del segundo mandato de Cristina Fernández. Hoy se mantienen apenas dos de los seis organismos previstos. El COFECA fue cerrado en menos de siete años, al asumir Mauricio Macri, y nunca fue reemplazado por el COFECO. El Consejo de Medios Públicos duró menos de dos años por la obstaculización a su tarea. Sólo la Defensoría y el Consejo de medios y niñez lograron mantenerse, aunque también sufrieron interrupciones o recortes de funciones.
La suerte de estas instituciones se juega en gran parte según su dependencia administrativa y presupuesto. También tallan las repercusiones de disputas externas, la movilización social, los cambios en las relaciones de fuerzas partidarias, las definiciones judiciales y hasta el apoyo internacional. El debilitamiento de la aplicación de las normas que las crearon también las afectó: en soledad no logran grandes cambios, pero, al complementarse con otras políticas públicas, consiguen un impacto más sostenido y evidente. Frente al deficiente o inestable apoyo institucional y político, su funcionamiento se explicó en gran parte por el compromiso de sus participantes.
El estudio demuestra que, cuando los organismos tuvieron constancia, sí consiguieron limitar o suspender la captura por parte de las élites en algunos aspectos y enriquecer las políticas. Además, la participación social institucionalizada produjo aprendizajes relevantes para la democracia y la formación ciudadana. No obstante, en la mayoría de los casos, quedaron subsumidas en disputas políticas generales y no pudieron contrarrestar la resistencia de las élites económico-políticas a las reformas.
*Investigadora del CONICET y docente de la UNC
**Investigador del CONICET y docente de la UNAF
