“La Justicia tiene herramientas para determinar qué es lo que es justo. Yo lo que quiero es que me expliquen por qué me echaron, me dejaron en la calle y cuando me dieron la libertad no me reincorporaron”, insiste Adriano Acosta. Es uno de les siete trabajadores judiciales cuyos secuestros, durante la última dictadura cívico militar, son eje del flamante juicio contra dos exjueces del Superior Tribunal de Justicia de Formosa. Fue el único testigo de un juicio breve que a fines de esta semana ingresará en etapa de alegatos y, probablemente, tenga veredicto.

Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey fueron designados ministros del Superior Tribunal de Justicia de Formosa en 1976, por el interventor de facto de la provincia, coronel Juan Carlos Colombo. Cuando ocupaban esos cargos, suspendieron o cesantearon a un grupo de trabajadores, secuestrades entre 1976 y 1977. A raíz de una denuncia que impulsó durante años Acosta --uno de esos trabajadores--, y a pesar de todos los obstáculos que se presentaron en el camino, el viernes pasado empezaron a ser juzgados por esos delitos, considerados de lesa humanidad.

Tras la lectura de cargos y la ampliación de indagatorias en la que ambos acusados argumentaron su inocencia ante el TOF durante la primera audiencia del debate, Acosta, el único testigo del debate, contó su historia. Era jefe de la imprenta del Superior Tribunal de Justicia de Formosa y tenía su oficina “en un tallercito” del edificio donde funcionaba la máxima autoridad judicial local cuando, el 5 de agosto de 1976, no sólo se quedó sin trabajo.

–-Fui despedido --dijo--. Me detuvieron en el pasillo del edificio de tribunales dos hombres de civil. Me dicen que estoy detenido por orden del jefe del Área 234. Me quedé pálido, pregunté si podía avisar al secretario del Superior Tribunal, le pedí que le avisara al presidente que estaba preso, saqué unos pesitos que tenía en mi bolsillo para que le entreguen a mi familia y avisaran lo que me había pasado, pero después me enteré de que no lo habían hecho. Me llevaron en una camioneta y dimos vuelta por la ciudad. Me sentaron en medio de dos personas que no conocía y en el piso había un fusil. Y bueno, me quedé quieto. Me dicen que me acueste y me vendan. Me llevan, después me entero, a la famosa policía de cuatrerismo, le llamábamos la escuelita.

Allí, en el centro clandestino de detención que funcionó en la Sección Cuatrerismo de la Unidad Especial de Asuntos Rurales del Ejército, en el barrio formoseño de San Antonio, Acosta estuvo detenido unos 20 días, durante los cuales lo “lastimaron mucho”, cuenta a este diario. La sordera de la que se excusó el viernes ante el TOF es un efecto de la tortura. Fue blanqueado y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), pero pasó detenido por diversas cárceles durante los siguientes tres años. Cuando salió en libertad su trabajo no le fue devuelto. “Yo quiero preguntar en esta ocasión por qué estas personas tenían el poder de echarnos del trabajo, de suspendernos sin pagarnos nada, sin restituirnos nada cuando salíamos en libertad”, dijo y pidió una explicación durante su testimonio.

Su caso es uno de los siete por los que Vázquez Rey y Montoya, dos exjueces de alta influencia en la Justicia y la política provincial, deben dar explicaciones. Aquel 5 de agosto también fueron secuestrades Elsa Chagra, Ángela Colman, Raquel Lebi, Zulma Sena, Andrés Medina y el matrimonio de Mirta Insfran y Ricardo Borgne, trabajadores judiciales y afiliades a la Asociación Judicial de Formosa. El matrimonio permanece desaparecido.

Según el auto de elevación a juicio, los exmagistrados actuaron “legitimando” con su encubrimiento “los secuestros, detenciones ilegales, torturas físicas y psíquicas” de esas víctimas al omitir controlar la legalidad de las privaciones de la libertad de ellos y las condiciones de detención”.

Un juicio express

De las víctimas, sobrevivieron seis. Y de esos seis, sólo dos llegaron con vida al juicio. Acosta, no obstante, fue el único habilitado para dar su testimonio. Fue él quién denunció a los exjueces supremos en 2007. Para entonces, hacía siete años que Vázquez Rey ya no era integrante del Superior Tribunal, pero su poder seguía siendo pesado en la provincia. Montoya, en tanto, había sido presidente del comité provincial de la UCR y su hijo fue diputado provincial por Juntos por el Cambio. Había otro exjuez denunciado, Sergio Martínez, pero falleció en el lento camino que emprendió el expediente por los pasillos de la Justicia.

El fiscal federal de Formosa Luis Benítez dio un paso al costado cuando la causa llegó a sus manos: hasta 2020 compartió la representación del Ministerio Público Fiscal ante la Justicia federal con Vázquez Rey, uno de los acusados. Desde entonces, decenas de fiscales “no querían hacerse cargo de esto porque no querían enfrentar a los acusados”, apuntó Williams Dardo Caraballo, abogado de Acosta. Quien avanzó finalmente fue el fiscal de Corrientes, Flavio Ferrini, entonces subrogante en Formosa: investigó, en 2018 solicitó indagatorias para los exsupremos y finalmente pidió la elevación a juicio, que se concretó a fines del año pasado.

Sin embargo, cuando el Tribunal Oral Federal de Formosa ordenó la presentación de prueba, la fiscalía federal, a cargo de Benítez, no respondió el requerimiento, por lo que la representación estatal quedó desierta. Así, sólo corren las pruebas presentadas por las partes querellantes –Acosta y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación–: el testimonio del sobreviviente y una sólida documentación que prueba el mal desempeño de los acusados.

“Benítez siempre fue un estorbo para querellantes, abogades y víctimas, de causas de lesa humanidad en Formosa. Siempre complicó nuestro trabajo, siempre jugó para el lado de los represores”, apuntó Caraballo, quien reconoce que “Formosa es un lugar en donde estas investigaciones son resistidas por una gran parte de la sociedad que siente muy cerca el 5 de octubre”, apuntó en relación al copamiento que Montoneros intentó sobre el Regimiento de Infantería de Monte número 29 en 1975. En ese sentido, el abogado destacó que “se esté juzgando a dos exjueces por su accionar delictivo durante la dictadura. Es el primer lugar en el país en donde se juzgan exintegrantes de un Superior Tribunal de Justicia”.

Dos audiencias

Así, la primera audiencia del debate sucedió el viernes pasado y el próximo, 1 de julio, muy posiblemente sea la de cierre. El TOF citó a las partes para las 7 de la mañana, cuando las partes tendrán una hora y media como máximo cada una para presentar sus alegatos. Se calcula que para antes del mediodía, esa instancia ya haya sido completada, con lo cual quedan las últimas palabras de los acusados y el veredicto que, “esperamos para esa tarde”, apuntó Caraballo.