El planteo de Cristina Fernández de Kirchner de dejar de tercerizar los planes sociales, generó un amplio debate en relación a la política subsidiaria que viene implementando el Gobierno nacional. 

Con las organizaciones sociales, o ciertamente, algunas de ellas, en el foco de la discusión, otra vez la cuestión pasa por ver de qué manera convertir los planes sociales en fuentes de trabajo genuino. 

Ante el pedido de una opinión sobre el debate del manejo de los planes sociales en la Argentina, el presidente del Foro de Intendentes de Salta, Daniel Moreno, no dudó en responder que “sería fundamental que nosotros manejemos los planes y les demos las tareas a esas personas, porque a veces necesitamos gente en el centro de salud o en las escuelas, y me parece que tenemos que pensar de esa forma para que así devuelvan las horas que tienen que devolver”.

Crítico, agregó que “si le pagás al Partido Obrero no sé cuántos planes y te cortan la 9 de Julio cada 5 minutos, no avanzamos, entonces la única manera de avanzar es trabajando y viendo qué puede hacer esa gente que necesita laburar, porque yo creo que todos tienen ganas de laburar y no de cortar rutas ni hacer paros, por eso la solución tiene que pasar por ver cómo emplear a esa gente”.

Poniendo como ejemplo el municipio que gobierna, Vaqueros, Moreno cerró diciendo que necesita "gente que vaya a barrer, a limpiar y acomodar las plazas, o sea que les daría más laburo a modo de contraprestación, y en todos los municipios hay cosas para hacer”.

La reconversión 

Para el diputado nacional por Salta Lucas Godoy, "la política de implementación de programas y planes debería estar ejecutada, controlada y manejada por el Estado”.

En particular, opinó que "el Potenciar Trabajo y los distintos programas deben universalizarse, así como sucedió en su momento con la Asignación Universal donde se establecían criterios objetivos de distribución”.

Además, para el representante del Frente de Todos, un tema central en la discusión es que "los planes se transformen en un puente al empleo y que haya un reconversión, porque tampoco puede aceptarse la eternización de los programas, que son justamente medidas coyunturales y extraordinarias para situaciones de crisis, pero en este caso debería implementarse en un plazo mediato y hasta largo, con una reconversión hacia el empleo formal o bajo otras características, por ejemplo, cooperativas”.

En este sentido recordó un proyecto presentado por el titular de la Cámara Baja nacional, Sergio Massa, relativo a "la reconversión no tan solo con el ámbito público, sino también a través de mecanismos con las empresas privadas, hablando de las pymes principalmente”.

"Todo plan social debe tener una contracara"

Viniendo hacia la Legislatura Provincial, para la presidenta de uno de los bloques oficialistas (Salta Tiene Futuro) de la Cámara de Diputados, Socorro Villamayor, “la ayuda social tiene que tener una motivación, es decir, si existe una persona que hoy tiene carencias para ingresar a un trabajo o realizar determinada ocupación porque no tiene oportunidad, debe tener un Estado presente que le garantice salir de esa situación triste y de carencia económica”.

Pero, independientemente de esta asistencia, prosiguió, "a la vez, y este tiene que ser un requisito sine qua non, se debe lograr que esa persona que por esa situación de emergencia recibe una ayuda, tenga también, a través de ella, una capacitación o una proyección a futuro que lo dignifique”. 

“Todo plan social debe tener una contracara y una fecha de terminación, porque muchos de ellos surgieron por una situación de emergencia, luego se hicieron eternos y no hay Estado que aguante millones y millones de personas subsidiadas, que, dicho sea de paso, sale del esfuerzo de aquel trabajador que va y aporta determinados impuestos, entonces si una persona que recibe un subsidio puede tener una contracara donde realice determinado trabajo, ya sea en el campo, en una cooperativa o en una plaza, y si no existiese esa posibilidad laboral, al menos la capacitación”, sugirió.

Por último, Villamayor aseguró que “el plan social no puede ser tercerizado, porque hemos visto que terminaron siendo utilizados políticamente por corporaciones intermedias que esclavizan a la gente bajo el apriete de que los van a perder, y eso no apunta a dignificar a las personas”.

Organizaciones sociales y Estado, en su justa medida 

Al ser consultado por este medio sobre la temática, uno de los legisladores del departamento San Martín, Franco Hernández, comenzó diciendo que “las organizaciones sociales son un elemento fundamental en esta crisis porque lograron paliar la situación crítica de miles de familias, ya que hacen un trabajo excepcional, y creo que la mirada de Cristina es ciertamente un punto de partida y una opinión política de conducción hacia el Presidente de la Nación”.

Para el presidente del bloque del Frente de Todos, “los planes deben ser manejados por las organizaciones sociales y el Estado, en su justa medida, porque las organizaciones tienen el territorio necesario y han sabido entender cómo ingresar a las casas de las personas en situaciones críticas para darle la oportunidad de un crecimiento”.

En lo personal, contó que trabaja "mucho con las organizaciones sociales que generan proyectos productivos, sobre todo en lo que tiene que ver con la agricultura familiar o con la instalación de textiles, que hacen mucho a la reactivación de las economías barriales”.

Ni Estado ni organizaciones sociales

Una de las voces de la oposición en la Cámara de Diputados, es la de Cristina Fiore, quien descartó de plano la posibilidad de que los planes sociales sean manejados pura y exclusivamente por el Estado.

"El hecho de que los planes sociales salgan de la órbita de determinados grupos sociales o de los denominados grupos piqueteros, y pasen a la órbita de los gobernadores e intendentes, lamentablemente no va a la raíz del problema, porque es gravísimo el tema de los intermediarios, ya que quienes tienen una necesidad y por eso reciben un plan social, terminan siendo rehenes o de uno, o quizás terminen siendo rehenes de los intendentes”, afirmó.

Para la ex legisladora nacional, "la raíz del problema es ver cómo salimos adelante del tema de la pobreza, porque resulta que tenemos un país con potencialidades tremendas, pero tenemos una inflación del 5% mensual que nos está matando, y más del 50% de nuestra gente trabaja en negro, sin mencionar que hoy tener un trabajo no implica necesariamente que se sale de la pobreza”. 

Para finalizar, la ex presidenta del Partido Renovador subrayó que “no basta con cambiar quiénes van a ser los patrones de la gente que necesita el plan social, sino en ver qué se hace con esos planes sociales para reconvertirlos en un trabajo genuino para salir adelante”.