Los choferes de colectivos de Córdoba capital cumplieron ayer el quinto día consecutivo de paro en rechazo al acuerdo salarial de 21 por ciento de aumento firmado por la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional. Los trabajadores, que recibieron el apoyo de las centrales sindicales provinciales mantuvieron reuniones con funcionarios nacionales, provinciales y municipales para encausar el conflicto, y volvieron a reclamar por los 70 despidos ocurridos durante la protesta y un aumento de salarios del 33 por ciento. 

En ese contexto, el ministro de Gobierno de Córdoba, Juan Carlos Massei, presentó una denuncia penal para que se identifique e investigue a quienes “pretenden amedrentar y alterar la paz social”. Los trabajadores afiliados a UTA-Córdoba, por su parte, desconocen el acuerdo nacional firmado por el gremio encabezado por Roberto Fernández, y exigen la reincorporación de los trabajadores cesanteados. El intendente radical Ramón Mestre justificó ayer los despidos con el argumento de que fueron por “no presentarse a trabajar” durante la conciliación obligatoria, rechazada por los choferes.

Anoche, los delegados de las cuatro empresas de transporte urbano de pasajeros se reunieron con autoridades municipales y provinciales. Jorge Kiener, secretario del interior de UTA, no asistió a la reunión sino que mantuvo conversaciones telefónicas con quienes estaban reunidos. El interventor de la seccional Córdoba, Luis Arcando, tampoco fue parte de las negociaciones. Los trabajadores exigen que se llame a elecciones, porque nunca han tenido diálogo con la intervención.

En principio el gremio nacional estaba de acuerdo con finalizar la intervención. Los empresarios habrían prometido a su vez “considerar” los despidos y las horas caídas por el paro. Pero la negativa del gremio a renegociar las paritarias para los choferes cordobeses fue contundente, ya que plantearía la posibilidad de que se abran conflictos en otras provincias. El punto principal del reclamo es el rechazo al aumento firmado por UTA, que significa sólo un 8 por ciento hasta fin de año. Fernández propuso ayer adelantar en Córdoba el bono de 5800 pesos, acordado a nivel nacional, pero sostuvo que no habrá reapertura de paritarias.

Por otro lado, Mestre y el vicegobernador Martín Llaryora también se reunieron por primera vez desde que comenzó el conflicto. Llaryora se encuentra a cargo del Ejecutivo provincial. En un comunicado conjunto, les transfirieron la responsabilidad al gobierno nacional y a la UTA. “Solicitamos una intervención eficaz del Ministerio de Trabajo de la Nación y el gremio nacional de la UTA, ya que quedó claro que el conflicto en Córdoba es por la paritaria y la renovación de las autoridades del gremio en Córdoba”, plantearon. También pidieron a los trabajadores que recapaciten y levanten la huelga.