La Justicia en lo Contencioso Administrativo bonaerense habilitó ayer la aplicación del aumento de la tarifa de luz para los usuarios del interior de la provincia de Buenos Aires. La Cámara hizo lugar al recurso de queja presentado por la Fiscalía de Estado provincial en contra de la medida precautelar dictada hace tres semanas por el juez provincial Luis Arias. Lo hizo con “efecto suspensivo”, por lo cual frena los efectos de la medida de Arias y otorga luz verde al aumento. Sin embargo, los idas y vueltas judiciales podrían continuar: como la medida en cuestión es una precautelar (un recurso de extrema urgencia) en los próximos días la Defensoría del Pueblo presentaría un nuevo pedido de medida cautelar ante Arias. Si el juez la acepta, el gobierno provincial volvería a apelar ante la Cámara. Después vendrá el fallo sobre la cuestión de fondo, que consiste en la supuesta vulneración del criterio de “razonabilidad” que deberían tener las tarifas de los servicios públicos.

  La medida de la Cámara en lo Contencioso provincial, integrada por los jueces Gustavo Juan De Santis, Claudia A.M. Milanta y Gustavo Daniel Spacarotel vuelve a poner en vigencia el aumento de la luz en las áreas en donde prestan servicio las empresas Edelap (La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio), Eden (norte y centro de la provincia de Buenos Aires, con cabeceras en las ciudades de San Nicolás, Arrecifes, Campana, Junín, Chivilcoy, Mercedes, Lincoln y Carlos Casares), Edes (sur de la provincia, con cabecera en Bahía Blanca) y Edea (centro-este, que incluye a las ciudades balnearias bonaerenses). Estas compañías junto a unas 200 cooperativas prestan el servicio eléctrico en todo el territorio bonaerense salvo el Conurbano abastecido por Edesur y Edenor.

 La medida precautelar fue solicitada en su momento por Guido Lorenzino, defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, con el aval de las asociaciones de consumidores. A diferencia del tarifazo del año pasado, en esta oportunidad el incremento de los servicios fue aplicado previa realización de audiencia pública. Por eso, en lugar de la falta de convocatoria a esa instancia participativa (principal argumento utilizado por la Justicia para frenar el aumento de tarifas el año pasado), la presentación de Lorenzino y las entidades se centró en la supuesta violación del criterio de “razonabilidad” que deberían tener las tarifas. 

 El aumento de la boleta de electricidad en la provincia de Buenos Aires tiene un componente definido por el Gobierno nacional a raíz de la quita de subsidios en el precio de la energía mayorista que cobra Cammesa. El resto tiene que ver con el cargo que se queda la distribuidora, que se determina a nivel provincial. Según los cálculos de Lorenzino y de las entidades de consumidores, los aumentos en muchos casos superaron el 100 por ciento. 

 En el caso de Edelap, la entidad Deuco que dirige Pedro Bussetti calculó que el impacto en las boletas es del 115 por ciento para un consumo mensual de 150 Kw/h (de 95,90 a 206,11 pesos), un 127 por ciento para un consumo mensual de 301 Kw/h (de 176 a 400 pesos), al igual que para un consumo mensual de 401 Kw/h (de 265 a 603 pesos). Una boleta con un consumo de 501 Kw/h se enfrenta a un incremento del 119 por ciento (de 434 a 953 pesos).

 “La administración provincial debe respetar el régimen legal de las tarifas de los servicios públicos, para que su determinación sea justa y razonable no sólo desde el punto de vista del retorno o ganancia esperada por el concesionario, sino también (y fundamentalmente) respecto de la protección de los intereses del usuario”. Así convalidó el juez Luis Arias el pedido para que dicte una medida precautelar que frene el aumento. 

 La precautelar se pidió como una medida de urgencia que permite una resolución incluso previa a la medida cautelar. Desde la Defensoría explican que podrían solicitar a Arias que dicte una medida cautelar. “El programa de actualización de tarifas que ha habido en estos 16 meses del gobierno de Cambiemos no guarda sentido de la proporción ni razonabilidad con respecto a los incrementos de sueldos. Sabemos que hay que hacer inversiones pero nos oponemos al camino de castigar el bolsillo de la gente. Lo hicimos en cada audiencia pública y ante la falta de respuesta del gobierno provincial decidimos avanzar en la Justicia”, dijo a este diario Guido Lorenzino. “La decisión de la Cámara era obvia, es una Cámara oficialista y tiene una mirada empresaria”, agregó.

 Más allá de la demora en la aplicación del aumento, se espera que el raid judicial termine resultando favorable al Gobierno, que podría entonces aplicar la resolución 149 del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos que autorizó los aumentos para las tarifas de luz y también define los compromisos de inversión de las empresas distribuidoras del servicio eléctrico en la Provincia de Buenos Aires.