El fiscal federal Juan Pedro Zoni amplió la imputación contra el presidente Mauricio Macri en la causa en la que se investiga la supuesta condonación de una millonaria deuda por parte del Estado al Correo Argentino S.A. Zoni profundizó la denuncia contra Macri y resaltó que incluso al solicitar volver a “foja cero”, el mandatario se involucró “en incompatibilidades por conflicto de intereses”. También pidió que se investigue el presunto intento de vaciamiento de la empresa, durante los años que lleva en quiebra, por lo que sumó las acusaciones contra la jueza Marta Cirulli y los directivos de las firmas Correo Argentino S.A., Socma S.A. y Simeco S.A. y a los síndicos intervinientes del concurso, a quienes cuestionó por la aceptación del lapso de 120 días acordado para estudiar nuevamente un eventual acuerdo entre el Estado y el holding Macri.
Respaldado en los nuevos dictámenes de la fiscal Gabriela Boquín, Zoni amplió la denuncia que presentó en febrero ante el juez Ariel Lijo para investigar las responsabilidades de Macri; el ministro de Comunicación, Oscar Aguad; y el representante legal del ministerio en el concurso del Correo Argentino S.A., Juan Manuel Mocoroa; por el acuerdo calificado de “abusivo” por Boquín, ya que significaba una condonación del 98,8 por ciento de la deuda mantenida entre el Correo Argentino S.A y el Estado.
Zoni apoyó la ampliación de la imputación en el rechazo de Boquín respecto de la voluntad del gobierno nacional de postergar por 120 días la audiencia que se debió desarrollar a mediados de marzo para tratar la deuda del Correo. El pedido de demora hecho por el Ejecutivo, días después de que el presidente Macri diera un discurso solicitando que se revise el acuerdo, fue aceptado por todas las partes pero no por la Cámara Nacional Comercial.
“Resulta llamativo el accionar de las sindicaturas en cuanto cuestionan la dilación del proceso pero a la vez relativizan las consecuencias de la suspensión de los 120 días requerida, sin oponerse”, sostuvo Zoni en su dictamen de doce páginas. En ese punto, el fiscal subraya la contrariedad entre las decisiones tomadas y el objeto del concurso al indicar que “la aceptación a dicha suspensión resulta no menos que contradictoria con la defensa de los intereses de los acreedores concursales entre ellos el Estado Nacional” y advierte: “El paso del tiempo tiene como principal consecuencia licuar el crédito en perjuicio de los acreedores, por lo que la medida sólo favorecería a Correo Argentino S.A.”
El dictamen del fiscal también pone en crisis la respuesta de Macri en aquella conferencia en Casa Rosada luego de que se destapara el escándalo por el acuerdo firmado -que condonaba la deuda de la familia presidencial con el Estado en un 98,8 por ciento-, cuando dijo que la intención era cobrar la deuda que desde hace 16 años perjudica las arcas públicas y propuso volver a “foja cero”. Por un lado, Zoni retoma otra observación de Boquín para advertir que ya existía legislación vigente que “ordenaba el deber de abstención de aquellos funcionarios en la intervención de asuntos que revistiesen un interés directo” antes de que el presidente sancionara tras el escándalo el decreto 201/17 para regular “conflictos de intereses” montando en el discurso de una nueva transparencia.
Luego, el dictamen vuelve sobre la marcha atrás del Gobierno para señalar que “al retractarse de la aceptación a la propuesta concordatoria, el representante del Estado Nacional refirió estar siguiendo expresas instrucciones del Presidente la Nación” y subraya que “denota una vez más un elemento a investigar (…) ya que quien da las instrucciones se encuentra incurso en incompatibilidades por conflicto de interés”.
En cuanto a las acusaciones contra la jueza Marta Cirulli y los directivos de las firmas Correo Argentino S.A., Socma S.A. y Simeco S.A, Zoni coincidió con la fiscal general en el “posible vaciamiento de la concursada a favor de sus empresas controlantes en perjuicio de los acreedores”, en un contexto de presunto “fraude concursal”.
Así, el documento sostiene que “Correo Argentino SA habría abonado a su controlante Sideco Americana SA en concepto de alquileres y otros conceptos adicionales, montos cuyo respaldo documental no coincide con las cifras erogadas”. También menciona “la compra por parte de la concursada a su controlante, Socma Americana SA, de una porción minoritaria de la sociedad Neficor SA (uruguaya) por la suma de u$s 2.210.000”.
“La conducta de la concursada respecto de la actividad vinculada a esta compraventa (...) podría importar un vaciamiento realizado en beneficio de la accionista Socma Americana SA”, sostuvo la fiscal Boquín y coincidió su colega Zoni.
“Aquel acto requería de autorización judicial previa ya que la incorporación al proyecto automotriz resultaba un acto notoriamente ajeno al objeto social de Correo Argentino SA por lo que el juez del concurso debía autorizar o no dicho acto”, lo que no ocurrió, según explica el dictamen.
El caso por el acuerdo “abusivo” y “ruinoso” -de acuerdo al primer dictamen de la fiscal Boquín- que pretendía convalidar Macri con la empresa privatizada manejada por su familia cuenta con cuatro denuncias por corrupción que tramitan en Comodoro Py. Dos fueron realizadas por bloques de diputados kirchneristas, una por un abogado independiente y la cuarta por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
Las denuncias fueron presentadas luego de un duro dictamen de Boquín en diciembre del año pasado ante la Cámara Comercial donde describió cómo el acuerdo aceptado por el representante del Ministerio de Comunicaciones significaba una quita del 98,8 por ciento de la deuda a través de un pago en 15 cuotas anuales, que contemplaban la cancelación de la mitad de la deuda nominal en los últimos dos años, o sea, en 2032 y 2033.
Boquín también reveló en el reciente dictamen cómo el holding de la familia Macri consiguió la mayoría para cerrar el acuerdo de junio pasado. La fiscal general denuncia que 354 acreedores vendieron o cedieron su voto a un grupo de 14 personas, en su mayoría vinculadas al Grupo Macri, y algunas incluso integrantes del directorio del Correo. Parte de la operación se hizo a través del Meinl Bank Antigua, entidad financiera propiedad en un 51 por ciento de la constructora Odebrecht y pieza clave en el pago de coimas que se investigan en la megacausa Lava Jato. Boquín también señala que en la operación en busca de mayorías participó el Banco de Servicios y Transacciones SA (BST), que tiene como accionista a Marcelo Mindlin, empresario cercano al Gobierno y actual dueño de Iecsa, firma socia de Odebrecht en el soterramiento del tren Sarmiento, obra que está en la mira de la pata argentina del Lava Jato.
