El Ministerio de Salud de Brasil realizó este martes una audiencia pública para debatir sobre el aborto en el país, con una lista de invitados que incluyó a diputados bolsonaristas, a la jueza Joana Ribeiro, que impidió el aborto legal de una niña en Santa Catarina, y a la asesora de Donald Trump Valerie Huber.

El evento tuvo como objetivo discutir la elaboración de un documento con nuevas orientaciones sobre el aborto legal, luego de cuestionamientos al manual vigente, que establece que “no existe el aborto 'legal'”, sino que en algunos casos puede haber “exclusión de ilegalidad” si se prueba mediante una “investigación policial” que el procedimiento se hizo en el marco de los supuestos despenalizados por la ley.

Entre los invitados estuvo la abogada brasileña Angela Gandra, quien formo parte del "amici curiae" en el proceso en la Corte Suprema de Estados Unidos que derivó en la revocación del derecho constitucional al aborto el viernes. También fueron invitados representantes del Consejo Nacional de Justicia, del Consejo Federal de Medicina y del Hospital Pérola Byington, referencia para casos de aborto legal.

“No existe el aborto 'legal' como suele mencionarse, incluso en los textos técnicos. Lo que existe es el aborto con exclusión de ilegalidad. Todo aborto es un crimen, pero cuando se comprueban situaciones de exclusión de ilegalidad tras una investigación policial, deja de ser punible, como la interrupción del embarazo por riesgo materno”, señala el documento actual.

La Constitución de Brasil “garantiza el derecho a la vida como primer derecho fundamental, sin que se establezca ningún tipo de restricción a tal garantía”, apunta el documento. En Brasil el aborto fue despenalizado, por el Supremo Tribunal Federal, en tres situaciones: en caso de riesgo para la vida de la mujer, cuando el embarazo es resultado de violación y si el feto es anencefálico. 

La Federación Brasileña de Asociaciones de Ginecología y Obstetricia denunció que el documento del Ministerio de Salud crea “barreras de acceso” y abre “el camino para la tipificación como delito". “Criminalizan no solo a las mujeres, sino también a los profesionales de la salud que las atienden”, indicó en un comunicado.

“Hay aborto legal en Brasil y debe ser tratado como un problema de salud pública y la construcción de documentos y reglamentos de atención deben contar con la participación de sociedades científicas que representen a los profesionales involucrados en el cuidado de la salud”, continúa.

Bolsonaro pidió investigar al aborto a niña de 11 años

Esta semana se dio a conocer el caso de una niña de 11 años embarazada que fue retenida por la jueza Joana Ribeiro en un albergue para evitar que accediera al aborto legal. Finalmente, la menor interrumpió su embarazo cuando llevaba 29 semanas de gestación.

“Lo único cierto de la tragedia de la niña embarazada de siete meses es que tanto ella como el bebé fueron víctimas, almas inocentes”, escribió el presidente Jair Bolsonaro en redes sociales.

El presidente solicitó al Ministro de Justicia y al Ministerio de la Mujer realizar una investigación sobre “los involucrados en este proceso que provocó la muerte de un bebé sano a los 7 meses de gestación, la violación del secreto de justicia y el desacato total a las leyes y principios éticos, la exposición de una niña de 11 años”. Asimismo, señaló que la menor debe ser protegida “del entorno en el que vive, del dolor, del trauma y del acoso despiadado de los grupos pro-aborto”.

La diputada del estado, Ana Campagnolo dijo este martes que alcanzó las firmas necesarias para iniciar una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) en la Asamblea Legislativa regional para investigar el caso.

La legisladora bolsonarista acusó de una “acción coordinada de feministas para adulterar el orden del proceso que resultó en el asesinato de un bebé de 7 meses”. “El objetivo de estas personas no es detenerse ahí, sino sentar un precedente para desensibilizar a la población y proliferar la matanza”, denuncio en redes sociales.

El aborto en Brasil

El 59% de la población brasileña está en contra de la despenalización del aborto en el país, según una encuesta de PoderData, publicada a fines de mayo. El 24% de los encuestados respondió estar a favor de la legalización de la interrupción del embarazo, mientras que 17% no tiene una opinión formada respecto al tema.

En total, 62% de los hombres entrevistados respondió que está en contra de la legalización del aborto, mientras que en las mujeres esa cifra baja a 56%. La encuesta también reveló que los jóvenes se oponen más a esta medida que las personas mayores.

En el grupo etario de 16 a 24 años, el 60% está en contra de la legalización del aborto. Esta cifra aumenta en el grupo de 25 a 44 años a 63%, pero disminuye en las personas de 45 a 59 años a 59% y en los mayores de 60 años a 49%.