Un amplio arco de organizaciones y particulares repudiaron ayer que el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta haya participado la muerte del ex juez federal Ricardo Lona, condenado en 2019 y procesado en otras dos causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
El ex magistrado no es "una persona del derecho ya que abdicó de la Constitución Nacional siendo Juez Federal en la última dictadura militar en Salta", aseguraron las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, y las personas que repudiaron el obituario del Colegio de Abogados salteño, con el que, sostuvieron, se desconoció y agravió "la constancia por más de 45 años de los Organismos de Derechos Humanos y familiares que lo acusaron con todo tipo de pruebas solicitando: condena y justicia, en el marco de la ley".
La muerte de Lona expuso el negacionismo en parte de la sociedad salteña. A las previsibles esquelas públicas de despedida de familiares, amigues y militares, se sumaron miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, un juez federal de primera instancia, funcionarios de la provincia y, la piedra que desató el debate público, el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.
"Repudiamos la participación por la muerte de Ricardo Lona firmada por el Presidente del Colegio de Abogados de Salta, Pedro Humberto Burgos, la Vicepresidenta Marisa Falconier Diez, haciendo extensivo al Consejo Directivo y Gerencia, publicada en el obituario en el diario El Tribuno de Salta el día 28 de junio de 2022", afirmaron las organizaciones y particulares en una nota difundida ayer.
Cuando esta nota, que fue impulsada por abogadas del Instituto de Género, circulaba sumando adhesiones, el Colegio de Abogados sacó una "Aclaratoria" en la que aseguró que el obituario se debió a un "error involuntario" (sic) del personal administrativo de esa entidad.
Pero ya la discusión se había instalado y la nota de repudio siguió circulando y sumando una larga lista de adhesiones, entre ellas las de las Asociaciones de derechos humanos Lucrecia Barquet, Coca Gallardo e Hijos Salta. "Los firmantes (del obituario) demuestran claramente el desconocimiento de la persona del ex juez Ricardo Lona, dueño de la vida y la muerte de miles de salteños y salteñas en la última dictadura militar en Salta. Persona que fue parte y con su silencio hasta su último minuto de vida del engranaje del terrorismo de estado en nuestra provincia. Un pacto de Silencio, violatorio de los Derechos Humanos de los familiares que no saben dónde están los restos de los desaparecidos en Salta", aseguraron las organizaciones y particulares.
Asimismo, recordaron que posturas como esta lograron que Lona transitara sus últimos años en prisión preventiva con el beneficio de la modalidad domiciliaria. "Dr. Pedro Burgos y Dra. Marisa Falconier Diez: Lona murió y será recordado como un condenado por crímenes de lesa humanidad, condenado en la tierra de los desaparecidos de Salta que nunca fueron encontrados", afirmaron.
Por estas razones pidieron que "se corra traslado al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Salta por el accionar de los firmantes Dr. Pedro Burgos y Dra. Marisa Falconier Diez", y reclamaron "sus disculpas públicas, por su posición antidemocrática, y agraviante a los familiares de la Masacre de Palomitas (...), a los familiares del ex gobernador Miguel Ragone desaparecido, a los familiares que presentaban Habeas Corpus en esa fecha y no eran aceptados, como así también a los familiares de la causa conocida como '627', que reúne a 78 víctimas, y a la sociedad en general".
También consideraron que debe haber una capacitación en materia de derechos humanos a través del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia o la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y que la publicación de pedido de disculpas "se realice con fondos propios, ya que para la publicación por la participación de la muerte de Lona fue a través de los aportes de todos los colegiados y colegiadas del Colegio de Abogados de Salta, siendo una acción institucional".
