Una mujer que dio a conocer la última muerte por desnutrición de una nena wichí de Fortín Dragones (en el norte provincial), ocurrida el 5 de junio pasado, quedó sin el beneficio de la “planilla social”, el 20 de este mes.

La quita del beneficio fue luego de que Marcela Navarro, vecina de la delegación municipal que pertenece a Embarcación (municipio del departamento San Martín), informara sobre la muerte de Griselda Tejerina Pérez. La mujer había denunciado que se usó el camión de la basura para llevar el cajón de la nena hasta el cementerio. Sin embargo, desde la Municipalidad se negó que hubiera sido así al explicar que se usan vehículos municipales para ayudar a las familias sin los recursos suficientes al momento de hacer los entierros.

Navarro ingresó en la Municipalidad con las llamadas “Planillas Sociales” en 2016, durante la gestión del ex intendente Alfredo Llaya. “Éramos jornaleros”, dijo; explicó que se suponía que pasada una cierta cantidad de años contarían con un contrato y luego, con el pase a planta permanente. Ella empezó cobrando 700 pesos por un trabajo que debía cumplir entre las 6.30 y 10.30 para limpiar una plaza. Actualmente, el cobro mensual es de 5 mil pesos por mes.

El pasado 20 de junio Navarro fue a firmar la planilla para cobrar la ayuda de 5 mil pesos, pero contó a Salta/12 que el delegado municipal, Lucio Aranda, le dijo que como también había ingresado su marido en otro sector “y no podemos estar trabajando los dos en la Municipalidad”, debían elegir que quede uno solo. Navarro entonces le respondió que había más de un matrimonio trabajando allí. Del intercambio surgió que en realidad estaba perdiendo su trabajo “porque habíamos salido a hablar por este tema”, la muerte por desnutrición de la nena wichí y las condiciones de su entierro.

“Hay algo de cierto y otra cosa que no”, respondió a Salta/12 Lucio Aranda al ser consultado por la quita del beneficio a la mujer. Lo primero que señaló fue que “acá falleció una nena wichí y se hizo todo mediático. Y ella pertenece a una gestión anterior, de Llaya”. 

Aranda contextualizó la problemática en las exposiciones mediáticas (pues se afirma que Llaya sería el dueño de medio de difusión en Embarcación) contra la actual gestión. Añadió que al asumir el actual intendente, Carlos Funes, en la Municipalidad de Embarcación, “nadie quedó afuera” por su signo político. Y siguió apuntando a una “persecución mediática” en contra de Funes porque “la gente pobre que hubo de por vida ahora la muestran y quieren hacer cargo de esas cosas al intendente”.

Al referirse al tema de Navarro en particular, afirmó que “hubo un video que se hizo viral” tras el fallecimiento de la niña wichí, en el cual la mujer sostuvo que la amenazaban con quitarle la planilla si continuaba hablando del tema. “Entonces la llamé porque el delegado soy yo y el responsable, y no era así”, comentó Aranda. Afirmó que cuando la confrontó, ella “se empezó a reír diciéndome que no me había nombrado a mí”, lo cual era cierto. Pero a su entender “el que quedaba como que la amenazaba era yo”.

“Yo la ayudé”

Tanto Navarro como Aranda coincidieron en el pedido de una ayuda y la confirmación de esta posibilidad cuando ella pidió que su marido también pudiera obtener el beneficio. “Ella me pidió para su esposo una planilla y se lo contemplé”, sostuvo el delegado. Añadió que también “la ayudaba con la nafta” para llegar a cursar el terciario en Morillo (Coronel Juan Solá), en donde Navarro está terminando su profesorado de nivel inicial.

Luego de argumentar todas estas situaciones y de reconocer que hubo “algo de cierto” en el despido por difundir la muerte por desnutrición, Aranda afirmó que la mujer tenía “faltas recurrentes” en su labor en la plaza, faltas que “arrastraba desde hace tiempo”. “Entonces tampoco puedo tener a una persona que adentro me está jugando en contra”, añadió.

Sin indemnización

“Ella no es empleada municipal”, aseguró Aranda cuando se le consultó sobre la situación de Navarro como beneficiaria de la Planilla Social. La mujer, en tanto, fue hasta la Secretaría de Trabajo ubicada en la ciudad de Orán, en donde le solicitaron una notificación del despido, pero el instrumento le fue negado por la delegación municipal.

En esa zona el trabajo no abunda. El mismo Aranda inidcó que las fuentes laborales surgen de dos fincas: Desafío de El Chaco y El Yuto (esta última de la familia Macri). Navarro, por su parte, aseguró que es complicado conseguir otro trabajo remunerado. Aranda afirmó que actualmente hay 36 “planilleros” a cargo de la delegación de Fortín Dragones, y solamente 8 trabajadores tienen contrato municipal. En el pueblo, ubicado a 100 kilómetros de Embarcación sobre la ruta nacional 81, viven unas 4000 personas.

Mientras tanto, el presidente del Foro de Intendentes de la provincia y titular de la comuna de Vaqueros, Daniel Moreno, entendió que los planes sociales deberían quedar a cargo de los gobiernos municipales. La pregunta es bajo cuáles parámetros se decide quién puede acceder y quién no a un beneficio que se otorga con fondos que son del Estado, y no de quienes lo administran.