El fiscal de Derechos Humanos Gabriel González pidió que el diputado provincial por Rosario de la Frontera Gustavo Orozco y once policías sean juzgados por torturas, apremios ilegales y vejaciones. Las acusaciones son por hechos de violencia institucional de cuando el ahora legislador era jefe de la Brigada de Investigaciones en aquella localidad. 

Orozco acumula 35 denuncias en su contra y, por un fallo de la Corte de Justicia de Salta, debe proseguir el trámite de un juicio a realizarse en Joaquín Víctor González. Además, esta semana el juez de Garantías de Metán, Mario Dilascio, solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del legislador, como medida previa a elevar a juicio una causa por amenazas. La quita de fueros es necesaria para que pueda ser juzgado, por ello también el fiscal de derechos humanos hizo un pedido en ese sentido.

Junto a Orozco están imputados los policías Víctor Orellana, Diego Arias, Rubén Medina, Nelson Rojas, Andrés Suárez, Javier Reynoso, Víctor Luna, Denis Coronel y Darío Pérez. También las efectivas María Soria y Andrea Díaz.

La acusación es por imposición de torturas; privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia; apremios ilegales y vejaciones calificadas por el uso de violencia, todo agravado además por el uso de arma de fuego. En esta causa interviene el fiscal González. 

Además, esta semana se presentó como querellante el Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. A raíz de esta presentación, la jueza de Garantías Sandra Espeche se apartó de este trámite, por recusaciones previas. Ahora interviene la jueza Claudia Puertas.

González solicitó a esta jueza que se les imponga a los imputados la obligación de presentarse cada 15 días en la Fiscalía de Derechos Humanos, y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

Pedido de desafuero

El fiscal pidió que el Juzgado de Garantías solicite a la Cámara de Diputados el desafuero de Orozco, de acuerdo a lo que prevé el artículo 122 de la Constitución Provincial, que dispone: “Cuando se deduzca acusación ante la justicia ordinaria contra un Senador o Diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, puede cada Cámara con dos tercios de votos de los miembros presentes, suspender en sus funciones al acusado”.

Además, el juez Luciano Martini Bonari, del Tribunal de Impugnación, en un fallo por un recurso de casación presentado por el senador Sergio Ramos, dispuso que al formular el requerimiento a juicio, la fiscalía debe instar al juez para que pida el desafuero a la Cámara que correspondiera. Y hasta tanto el órgano legislativo no se expida positivamente sobre la suspensión de la persona acusada, el proceso no puede continuar.

En otra causa contra Orozco, esta vez por amenazas a raíz de un hecho cometido el 28 de julio de 2021, el juez Mario Dilascio ya pidió a la Cámara de Diputados que tramite el desafuero del legislador. Este pedido ya tomó estado parlamentario y debe ser tratado por la comisión de Legislación.

En otra causa por torturas y hechos de violencia policial que tiene como acusado a Orozco y a siete policías que también están requeridos a juicio por el fiscal González, la Corte de Justicia de Salta negó un recurso de la defensa del legislador para que no se realice el juicio y ordenó que prosiga el trámite. El juez de Garantías de esa causa, Héctor Guzmán, había ordenado oficiar a Diputados para que tramite el desafuero, pero esto se interrumpió ante la apelación. El magistrado dijo a Salta/12 que espera que vuelva el expediente a su Juzgado en Joaquín V. González para requerir otra vez el desafuero.

Cuatro actuaciones

En su momento la Fiscalía de Derechos Humanos intervino por una denuncia radicada en 2015 por parte de quien entonces era menor de edad. El relato del denunciante y otros seis testigos detenidos señala que Orozco y otros policías, los conducían a revisión médica para luego infringirles torturas, como la colocación de bolsas plásticas en la cabeza, trompadas en las costillas, rodillazos en el pecho, meterles la cabeza en un inodoro y tirar la cadena, y obligarlos a observar cuando torturaban a otro. A esto se agregaba la posterior amenaza de que si denunciaban, la pasarían peor.

Otra denuncia, también fue radicada en 2015 ante la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, es contra Orozco y los otros policías de la Brigada de Investigaciones de esa localidad. El denunciante relató que al enterarse de que estaba siendo buscado por la Brigada, se presentó en la Comisaria 31, adonde llegaron Orozco y otros policías, lo trasladaron a una pieza en el fondo y comenzaron a golpearlo en la cabeza y estómago. Cuando fue trasladado a la Base Operativa, dijo que le pidieron que se desnude, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza comenzando a asfixiarlo, pegándole varias piñas más.

El denunciante dijo que Orozco lo golpeó en la nuca, le pateó una pierna, le puso una bolsa en la cabeza y le pegó en el estómago.

Otra actuación corresponde a una denuncia de 2014. Un hombre contó que fue detenido por unos seis policías vestidos de civil, entre los que reconoció a “Orozco y Ale Luna”. Relató que le pegaron con la mano y lo ahorcaron con el cinto. Después lo ahogaron en el río, lo desnudaron y le pegaron con un palo por el cuerpo y señaló que este palo estaba envuelto con un trapo para que no se noten los golpes. Luego, en el baño del destacamento contó que le metieron la cabeza en el inodoro y le hacían dar la cabeza contra la pared. También denunció que lo amenazaban con matarlo a él y su familia.

La cuarta actuación fiscal es por una denuncia de 2015. El denunciante dijo que fue detenido en Rosario de la Frontera por Orozco, Medina, “Piri” y otros tres. Contó que lo torturaron, lo golpearon en los riñones, le pisaron la cabeza, lo ahogaron en el inodoro y en un tacho con agua, y lo asfixiaron con una bolsa. Después lo amenazaron de muerte para que no denuncie.

La Fiscalía de Derechos Humanos, relevó 35 denuncias en contra de Orozco.