Con una bella fotografía del amanecer en el lago de Ginebra, el pasado 16 de junio la Representante Comercial de los Estados Unidos deslizó en su cuenta de Twitter un inspirador “¡Buenos días desde la OMC!” en las postrimerías de la reunión más importante que lleva adelante la organización que regula los destinos del sistema multilateral del comercio desde mediados de los años '90. Quien haya leído el insustancial saludo de Katherine Tai habrá podido advertir inmediatamente que nada cambiaría en el futuro inmediato del comercio internacional.

La Duodécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio tenía por delante una tarea desafiante: examinar el funcionamiento del sistema en un mundo en crisis, donde el multilateralismo y la propia OMC no escapan de esa caracterización. A pesar de su escasa repercusión mediática, el papel de este organismo internacional de naturaleza intergubernamental es decisivo. Se encarga de regular las normas que rigen el comercio entre los países y compone, junto con el FMI y el Banco Mundial, la tríada de instituciones internacionales que rigen el sistema económico mundial.

Conformada por 164 Miembros que dan cuenta del 98 por ciento del comercio mundial, las funciones de la OMC comprenden además de la administración de los acuerdos comerciales suscriptos en su seno y la creación de nuevas normas, la supervisión periódica de las políticas comerciales de sus integrantes y la asistencia a los “países en desarrollo” (en adelante, PED). El organismo también cuenta con un sistema de solución de diferencias destinado a resolver disputas, que constituyó hasta hace poco uno de sus principales activos. 

Irónicamente, la imposibilidad de "solucionar las diferencias" sobre numerosos aspectos institucionales condujo al bloqueo de este mecanismo por parte de Estados Unidos en 2019. Esta parálisis ha generado una escalada inédita de medidas comerciales unilaterales aplicadas por las economías más poderosas, que ya no pueden ser cuestionadas legalmente en dicho ámbito por los países afectados. En consecuencia, y ante la ausencia de un sistema de reglas que amortigüe su impacto, impera a sus anchas la "Ley del más fuerte".

Sin respuestas

Resulta indudable que el escenario bajo el cual se llevó a cabo la Conferencia no era alentador. Las consecuencias de la pandemia y las tensiones provocadas por la guerra en el Este europeo tiñeron la agenda oficial e impulsaron a la OMC a ensayar algunas respuestas que permitan afirmar, ante los crecientes cuestionamientos acerca de su rol, que su capacidad de ofrecer "soluciones globales" todavía se encuentra de pie.

Este intento desplazó parcialmente de la agenda de negociación a aquellos temas que suelen ocupar el centro de las discusiones. Y con ello también alivió la tarea de las autoridades, en tanto no se registran avances en los históricos reclamos de los países de la periferia para equilibrar el asimétrico sistema actual, en donde el comercio agrícola es objeto de cuantiosas ayudas monetarias y medidas proteccionistas por parte de los países centrales. 

Tampoco se resolvieron los pedidos de reestructuración institucional, que lideran Estados Unidos y la Unión Europea con claros objetivos de limitar aún más los ya escasos márgenes que disponen los PED para implementar políticas industriales; dinamitar la regla del consenso para la toma de decisiones y así fragmentar los espacios de negociación; y eliminar cualquier vestigio de trato especial para muchos de los países no desarrollados. 

Sobre este último punto, cabe alertar que el avance de ciertas propuestas reduciría de modo considerable las zonas de vacancia regulatoria con las que todavía cuentan los PED para aplicar políticas de desarrollo. Por ejemplo, se destacan proyectos que buscan ampliar el listado de subsidios prohibidos al sector industrial; constreñir las actividades de empresas estatales; desterrar las prácticas de transferencia tecnológica; o validar medidas contra el "dumping ambiental", lo cual podría incrementar la capacidad de los países centrales de imponer nuevas barreras comerciales, de forma arbitraria y discriminatoria.

Novedades

Dos resultados de la Conferencia acapararon la mayor atención de la prensa internacional. En primer término, la conclusión luego de 20 años de las negociaciones para un acuerdo sobre subsidios a la pesca. En principio, esto representaría una buena noticia para nuestro país. 

Desde hace más de dos décadas Argentina alza su voz, junto a otros 10 países, contra los considerables subsidios que fomentan la sobrepesca, la sobreexplotación de poblaciones marinas y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), comandada por embarcaciones de países como China, Corea del Sur, Japón, Taiwán y España. Estas prácticas implican grandes pérdidas económicas para Argentina y suponen, a su vez, un fuerte impacto ambiental.

Lamentablemente, la eliminación de los subsidios a las actividades que fomentan particularmente la sobrecapacidad y la sobrepesca no alcanzó el consenso necesario. Consecuentemente, quedaron fuera del acuerdo los subsidios a los combustibles (principalmente gasoil), los cuales representan la mayor parte de la ayuda concedida por los países mencionados previamente para la sobrepesca en aguas distantes.

En segundo término, se adoptó, tardíamente luego de casi dos años de negociaciones y de la tragedia humanitaria global que representó la pandemia, una Decisión que exime temporalmente a los PED de la aplicación de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, para la fabricación y exportación de vacunas contra la Covid-19. En este caso, Argentina copatrocinó junto a otros PED una propuesta originalmente impulsada por India y Sudáfrica, que luego fue "edulcorada" por la enorme presión ejercida por parte de los países sede de los principales laboratorios del mundo (Estados Unidos, la Unión Europea, Inglaterra y Suiza), como condición para alcanzar un acuerdo. Tristemente, la exención solo abarca a las vacunas y no así a los medios de diagnóstico y tratamientos contra la Covid-19.

Un hecho adicional que merece destacarse, aunque sea eminentemente simbólico, es que todos los países de América Latina presentaron una Declaración llamando la atención sobre la falta de avances en los temas pendientes de la agenda del desarrollo, específicamente en la esfera agrícola. Esta acción consensuada es algo inédito en una Conferencia Ministerial y da cuenta de que aun en nuestros días articular posiciones, consolidar grupos de presión y coordinar un accionar conjunto en la OMC (en otras palabras, hacer política desde nuestros propios intereses) sigue siendo uno de los déficits históricos que tienen los países de la región en el plano comercial internacional. Este hecho adquiere particular relevancia teniendo en cuenta que la región explica el 17 por ciento de total de las exportaciones mundiales de estos productos, con lo que ello significa en términos de la tan anhelada seguridad alimentaria.

Retrocesos

Con muy poca repercusión, la Conferencia también avanzó en Decisiones que erosionan el saldo de beneficios que se desprenden de lo antedicho. En primer lugar, y a pesar de las advertencias realizadas en sendos informes de la UNCTAD por las potenciales pérdidas de recaudación que sufrirían la mayoría de los PED, los países desarrollados se han asegurado nuevamente –como sucede desde 1998– la extensión de la denominada “moratoria a los derechos aduaneros sobre el comercio electrónico”, al menos hasta fines del año 2023. La presión de las grandes empresas tecnológicas, una vez más, ha dado sus frutos.

En segundo lugar, estos países también lograron el inicio formal del proceso de "reforma de la OMC" frase acuñada por primera vez en la Declaración de Líderes del G20 de 2018 realizada en Buenos Aires. No hace falta mucho ingenio para vislumbrar que esta reforma nada bueno traerá para el denominado "mundo en desarrollo". Por si faltara algo, los Miembros pactaron que el sistema de solución diferencias no funcionará, en el mejor de los casos, hasta el año 2024.

En resumen, lo que fue presentado por la Directora General de la OMC Ngozi Okonjo-Iweala en la rueda de prensa final de la Conferencia como un "conjunto de acuerdos sin precedentes que marcará la diferencia en la vida de las personas" no parece ser más que una serie de documentos que, por cierto, en poco y nada mejorarán los problemas que aquejan a los sectores más postergados del planeta. Por el contrario, se cristaliza nuevamente el statu quo, reduciendo el funcionamiento del sistema multilateral de comercio a un campo de juego inclinado en favor de los países más ricos.

En rigor, los resultados han sido un fiel reflejo tanto de las estructuras de poder existentes como de la disgregación política a nivel global, lo cual no debería sorprender a nadie: después de todo, las reglas que regulan el funcionamiento del comercio internacional, su arquitectura institucional y la distribución de costos y beneficios que ésta conlleva, no son consecuencia de un designio de la providencia sino fundamentalmente de un mundo injusto y desigual.

*Investigador Universidad Nacional de Quilmes

**Docente Universidad Nacional de Tres de Febrero