Por primera vez, una investigación refleja los obstáculos que enfrentan a diario mujeres de la provincia de Buenos Aires para poder recibir la cuota alimentaria que deben pagar sus exparejas por loshijxs de ambos --pero que ellos no cuidan ni crían--, una situación que se agravó durante la pandemia y que constituye una forma de violencia económica de género. La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, presentó los resultados del mapeo junto con un paquete de 35 recomendaciones para enfrentar el problema, que afecta, destacó, “de forma desproporcionada a las mujeres”. Fueron encuestadas más de seis mil mujeres de los 135 municipios y medio centenar de informantes clave. Casi siete de cada diez mujeres separadas y con hijos que respondieron no reciben obligación alimentaria o sólo la percibe eventualmente.

El estudio revela que el incumplimiento de la obligación alimentaria “es significativo, independientemente de la condición laboral de los progenitores” y “es transversal a los distintos sectores sociales”.

Además, muestra que en los casos en que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de dinero, en la mayoría de los casos el monto resulta escaso o alcanza a cubrir solo algún gasto o necesidad particular. El dato más significativo, sin dudas, es que solo el 10 por ciento considera que es suficiente para cubrir todos los gastos y necesidades de niñas, niños y adolescentes.

Los resultados “constatan una realidad que no sorprende, pero tampoco deja de consternarnos por su magnitud y sistematicidad. Sabemos que no es exclusividad de los padres bonaerenses no hacerse cargo, mayoritariamente, de las obligaciones alimentarias. Es una triste regla que podemos encontrar en el resto del país”, señaló la ministra Díaz.

Las respuestas de la encuesta se registraron a través de un cuestionario autoadministrado mediante una plataforma virtual, distribuida a través de redes sociales. Aunque no se trata de una muestra representativa, refleja un problema recurrente y extendido, destacaron las autoras del mapeo titulado “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires: un problema estructural que profundiza las desigualdades de género”, que fue elaborado en el marco del trabajo articulado entre la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio, y la Dirección Provincial de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad.

Entre las medidas sugeridas, se incluye fijar por ley la obligatoriedad para el Poder Judicial de establecer alimentos provisorios y a la mayor brevedad posible en el primer auto que se expida en una demanda por alimentos o de violencia por razones de género.

El relevamiento

En la presentación, que se hizo en la Casa de Buenos Aires, participaron la ministra Díaz, la subsecretaría bonaerense de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos, y su jefa de Gabinete, la abogada feminista Sabrina Cartabia Groba, entre otras funcionarias. Las acompañaron la asesora presidencial Dora Barrancos y la diputada nacional del Frente de Todos María Rosa Martínez.

Se trata del primer “diagnóstico cualitativo desde las voces de las protagonistas, mujeres que peregrinan por los juzgados reclamando por los derechos de sus hijas e hijas y conocen cada vericueto por donde se cuelan las injusticias”, indicó Portos.

Entre quienes respondieron la encuesta, más de la mitad tiene un nivel de estudios superior (56 por ciento, terciario o universitario), seguido por un 25 por ciento, con secundaria completa.

Frente a la insuficiencia del monto percibido o ante el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, las mujeres encuestadas describen múltiples estrategias para garantizar las necesidades de sus hijas e hijos. “Muchas de estas estrategias implican un costo alto para sus condiciones de vida y las del hogar. Principalmente para las mujeres trabajadoras y de sectores populares, esto significa incrementar los niveles de dependencia de otras redes, tanto económicas como de cuidado, ante la ausencia de los progenitores, incrementar la cantidad de horas de trabajo o endeudarse”, advierte el informe.

Llama la atención cómo, a pesar del acceso a mayores recursos que algunas entrevistadas tienen en función de la clase social, “su situación de fragilidad al reclamar que los progenitores se hagan cargo de sus obligaciones parentales es la misma que denuncian quienes pertenecen a sectores más vulnerables de nuestra comunidad”, dice el informe.

El incumplimiento de la obligación alimentaria se advierte como una forma más de violencia hacia las mujeres --violencia económica-- “que, en muchos casos, deriva en coacción y violencia sexual, y deja a las mujeres en un lugar de desventaja y vulnerabilidad”, destaca el informe. Y se transforma en “una herramienta de manipulación, extorsión y dominio” luego de producida la separación.

Otros resultados

* Más de la mitad de las mujeres encuestadas (51,2%) indica no percibir ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas y/o hijos.

* Dentro del grupo de encuestadas que responde que el progenitor aporta dinero en concepto de obligación alimentaria (41%), un 25 por ciento menciona que este lo realiza de manera regular y un 15 por ciento de manera irregular. Es decir, más de la mitad de las encuestadas (66,5%) no recibe obligación alimentaria o sólo la percibe eventualmente.

* En una notable menor proporción (8%), las mujeres señalan que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de la cobertura de gastos y necesidades de manera directa.

* La sobrecarga de cuidados que afrontan las mujeres, derivada de la falta de pago de la obligación alimentaria, las aleja de la posibilidad de acceder al empleo formal y registrado.

* La falta de pago de la obligación alimentaria por parte de los progenitores contribuye a la aparición de formas de sobreendeudamiento de los hogares monomarentales.

Las conclusiones

“Las respuestas ineficientes y la indiferencia sistémica son un problema extendido. Esto permite que la injusticia se siga reproduciendo pues, por un lado, se envía un mensaje social de tolerancia y aceptación frente al incumplimiento. Por el otro, genera la sensación de inseguridad y desconfianza en las instituciones que administran justicia. La falla sistémica actual exige a las mujeres que condicionen sus vidas y afronten en soledad las responsabilidades derivadas de la crianza y cuidado de hijos e hijas”, concluye la investigación.

En la mayoría de los casos resulta un desincentivo para iniciar reclamos, por lo cual algunas mujeres terminan optando por no continuarlos. Se generan situaciones de violencia, agotamiento e incluso endeudamiento para poder pagar un servicio jurídico, sin garantías de que todo ese esfuerzo redunde en el cobro efectivo de la obligación alimentaria que hijas e hijos necesitan.

Los obstáculos detectados pueden ser de carácter informal o formal y van desde la falta de información y la ausencia de perspectiva de género en los operadores de la Justicia y demoras en los procesos judiciales hasta la falta de patrocinio jurídico gratuito para accionar, los altos costos que significa recurrir a la Justicia y la falta de mecanismos de actualización automáticos de las cuotas alimentarias.

Las recomendaciones

El informe finaliza con 35 recomendaciones a los distintos poderes del Estado que van desde campañas de sensibilización sobre paternidades responsables, modificaciones al funcionamiento de los registros de morosos alimentarios, el apoyo al acceso a dispositivos de cuidados comunitarios, sensibilizar y capacitar a las áreas estatales intervinientes en la recepción de oficios y trámites, incorporar la temática en las capacitaciones dictadas en el marco de la Ley Micaela; la realización y difusión de un recursero para el acceso a la justicia; convocar a una mesa de trabajo dentro del Estado de la provincia con el objetivo de involucrar a todos los ministerios y organismos con competencias, y articular con el Poder Judicial, entre otras acciones.

¿Cómo se hizo la encuesta?

Le encuesta que se distribuyó por redes sociales y fue respondida por un total de 6.442 mujeres separadas. La mayor parte de las encuestadas se ubican en los rangos medios de edad (un 40% entre 26 y 35 años, y otro 49% entre 36 y 55 años). Respecto a la condición laboral, si bien la mayoría de las mujeres se encuentran trabajando en relación de dependencia formal (42%), también se registraron desocupadas (18%), trabajadoras por cuenta propia (10%) y de la economía popular (19%), y empleadas informales (7%). El 54% de las respuestas corresponden a hogares monomarentales.

Por otra parte, las entrevistas en profundidad fueron realizadas a informantes clave del Poder Judicial, entre ellos jueces, abogados y abogadas, y defensores oficiales en contacto con la problemática; areferentas de organizaciones sociales y colectivos que trabajan con la temática; a diversos agentes del Poder Ejecutivo que desempeñan funciones clave, como representantes de las Áreas de Políticas de Género de varios municipios; y también a mujeres que deben percibir obligación alimentaria por parte del progenitor no conviviente, y a un adolescente y una psicóloga que trabaja en el tema.