"El capitalismo es esa creencia inaudita según la cual los peores hombres harán las peores cosas para la felicidad de todos", señaló John Maynard Keynes. Durante los últimos 40 años, en los países avanzados y en la Argentina desde la dictadura cívico militar hasta el 2003, se observó el empobrecimiento de vastos sectores de la población acompañado de un incremento del patrimonio de los más ricos.
Se introdujeron cambios en la estructura económica, fue restringido el rol regulador del Estado, desde la eliminación de los aranceles a las importaciones, el abandono de las políticas industriales y energéticas, el renunciamiento a proteger los consumidores, a regular los precios de los alimentos y el abastecimiento de los productos esenciales. También se observó la disminución del número de los inspectores del trabajo, la ausencia de verdaderas sanciones a la evasión fiscal y de controles de precios o la falta de una política cambiaria favorable a la industrialización, pasando por la privatización de las empresas públicas y la ausencia de control de los oligopolios o de las políticas tarifarias de los servicios públicos privatizados.
Las consecuencias son conocidas: durante el período que va de 1976 al 2003 la tasa de crecimiento del PBI fue en promedio del 0,78 por ciento y la evolución per capita fue negativa. En cambio, entre 2003 y 2015, la misma tasa se elevó al 3,4 por ciento por año.
La acción del gobierno de Alberto Fernández logró superar la crisis económica provocada por la política de Macri, que generó una baja del 4 por ciento del PIB en 4 años y la pandemia. Sin embargo, existe un debate sobre cómo avanzar más rápidamente y disminuir la pobreza creada por las políticas económicas neoliberales aplicadas en el pasado. En 1976, la pobreza era del 3,5 por ciento y actualmente supera el 40 por ciento.
Post crack del '29
La política anticrisis más célebre y la más estudiada fue la aplicada en los Estados Unidos para combatir la Gran Depresión en los años '30. Se basó en dos propuestas que no eran contradictorias sino complementarias. El equipo de Roosevelt, entre los que estaba John K. Galbraith, de solo 25 años, sostenía que la crisis había sido provocada por los grandes capitalistas y que las reformas estructurales y el encuadramiento de las conductas extraviadas o aberrantes de estos eran la solución.
Esto llevó a promulgar la ley Banking Act, más conocida como Glass-Steagall Act, que reguló hasta 1999 el sistema bancario para impedir que los pequeños depositantes sean perjudicados en caso de quiebra de los bancos. Definió el sostén controlado de los precios y los salarios, se instauró un fuerte incremento de los impuestos directos, se crearon proyectos de desarrollo, el gobierno apoyó a los sindicatos e impuso negociaciones salariales.
Keynes era escéptico sobre el impacto de estas reformas porque temía que los capitalistas entorpecieran las medidas anticrisis y proponía aumentar el gasto público, incrementar la masa monetaria y bajar de las tasas de interés. Como se sabe, la política del New Deal es una combinación de ambas propuestas.
El marco institucional
La estanflación de los años '70, que según los economistas ortodoxos mostró el agotamiento de las políticas keynesianas, dejó en claro que justamente las políticas anticíclicas podían ser neutralizadas por quienes apuestan a la recesión y a la inflación. Esto se debe a que ni el aumento de la inversión, del salario, de la emisión monetaria o la baja de las tasas de interés funcionan mecánicamente para facilitar e impulsar la expansión y arrastrar el crecimiento económico si no existen condiciones estructurales que lo permitan y lo faciliten.
Accionar sin más las variables no produce el efecto esperado porque la teoría keynesiana no es mecánica sino política. Dicho de otra manera, si se aumentan los salarios y no se controlan los precios, los incrementos salariales no tienen el efecto esperado de un aumento de las cantidades producidas y del bienestar de los trabajadores sino que son acaparados por los oligopolios que aumentan los precios y desabastecen el país. Los excesos tarifarios, la fuga de capitales y la evasión impositiva anulan o limitan fuertemente los efectos de las políticas de expansión monetaria, del gasto público y del incremento de los ingresos. El encuadramiento institucional es imprescindible porque los capitalistas prefieren la ganancia a corto plazo más que asegurar la expansión a largo plazo.
Thomas Piketty mostró que en los últimos 40 años hubo un cambio significativo en la distribución del ingreso y que esto fue provocado por las políticas económicas neoliberales y de desregulación económica que acompañaron los cambios institucionales, en particular la disminución de los impuestos directos que limitaron el crecimiento económico.
Desigualdad
Existe una correlación positiva entre el incremento del ingreso del 5 por ciento que gana más, la disminución en valores relativos y absolutos de los ingresos de los que ganan menos y la ralentización del crecimiento económico. La redistribución negativa del ingreso lleva a que la tasa de inversión sea inferior a la tasa de beneficio, lo cual permite afirmar que una parte significativa de la riqueza obtenida por los más ricos se dirige a gastos suntuarios y no a la inversión productiva, de allí el estancamiento y la segregación social.
El enriquecimiento de la oligarquía argentina muestra que ese aspecto va de la mano con el incremento de la pobreza. Como decía el General Perón, para muestra sobra un botón: en el periodo de Macri los ricos se hicieron más ricos, según las encuestas del Indec, pero la inversión disminuyó un 12 por ciento, se restringió el empleo global y bajó la productividad de los factores en la economía.
Las restauraciones conservadoras de los años '80 y '90 disminuyeron la economía del bienestar, el Welfare State. El proyecto de extremistas como Thatcher, Aznar, Kohl, Berlusconi, la dictadura cívico militar, Menen o Macri, era un nostálgico deseo de retorno al viejo orden socio económico que rompía con la modernización de las estructuras sociales nacidas al fin de la segunda guerra mundial.
Cuando los partidos progresistas volvieron a acceder a la gestión del Estado, no lograron o no quisieron desarmar el entramado conservador que obstruía el progreso social. Así, la tasa de crecimiento quedó estancada y la pobreza, intacta. El péndulo quedó claramente trabado a la derecha y esto explica la dificultad de salir de la situación de estancamiento económico y de la endémica injusticia social actual.
Gerhard Schröder gobernó entre 1998 y 2005 sin mejorar lo destruido por Kohl a pesar de una tasa de pobreza en Alemania del 22 por ciento. Anthony Blair gobernó entre 1997 y 2007 y quedará en la historia como un insólito incapaz que sucedió al dúo Thatcher-Mayor. François Hollande dejó casi intacto el conjunto de medidas fiscales favorables a los más ricos instauradas por Chirac y Sarkozy. De socialdemócratas pasaron a ser social-liberales.
Rafael Correa mantuvo la dolarización de la economía ecuatoriana y los gobiernos de Lagos y Bachelet dejaron sin grandes cambios lo actuado por Pinochet. El Frente Amplio sostuvo a Uruguay al borde de la lista gris de los paraísos fiscales y consolidó las zonas francas, verdaderas guaridas desfiscalizadas promovidas por la dictadura e instaladas enfrente de la Argentina. Pedro Sánchez impuso en España recientemente la reforma laboral que enmienda en parte los desmanes de Rajoy pero que no restablece los derechos adquiridos por los trabajadores después de la muerte de Franco.
En Argentina, los destrozos socio económicos del periodo 1976-2003 hicieron que apareciera el hambre en un país agroexportador. Durante el período 2003-2012 se revertió parte del desastre con la restauración parcial de la progresividad de la política fiscal, la jubilación por reparto y el fin de las AFJP, las renacionalizaciones de YPF, Aerolíneas, Aguas Argentinas, la restauración de prestaciones sociales, la AUH y el restablecimiento de la legislación laboral.
Sin embargo, la privatización de facto del sistema de salud y de la educación, la ausencia de marcos regulatorios del comercio exterior y el comercio interior, la insuficiencia por falta de personal de la inspección del trabajo, de la inspección del comercio interior, de la inspección fiscal, la persistente evasión impositiva, la acción de los oligopolios alimentarios, el contrabando de cereales y la especulación cambiaria que provoca las llamaradas inflacionistas muestran que la reconstrucción del Estado ha sido parcial y debe continuar.
Es imprescindible que el marco regulatorio del Estado sea claramente reafirmado y realizado para que el circuito económico virtuoso no sea trabado por quienes reciben una renta agrícola y oligopólica. Esta forma de funcionar de la economía no supone cambios significativos o desconocidos en el país, sino que se trata de anular las políticas y situaciones prebendarias que fueron impuestas por la dictadura militar o durante los gobiernos de los '90 y que generaron el empobrecimiento masivo de los argentinos.
* Doctor en Ciencias Económicas de l’Université de Paris. Autor de La economía oligárquica de Macri, Ediciones CICCUS Buenos Aires 2019.
