La Justicia federal de Rosario procesó ayer con prisión preventiva al capo narco Esteban Lindor Alvarado y a su exesposa, Rosa Capuano, en la causa que los tiene como imputados por “lavado de activos de origen delictivo” y les trabó embargo por 30 millones de pesos. La resolución fue dictada por el titular del Juzgado Federal 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, a instancias de una investigación realizada por el responsable de la Fiscalía Federal 1 de esta ciudad, Javier Arzubi Calvo, la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).  De igual modo Arzubi Calvo volvió a reclamar que se termine con el beneficio de la prision domiciliaria para Capuano, que había logrado con un procesamiento anterior. 

Según la resolución, Alvarado y Capuano fueron procesados “como autores responsables del delito de lavado de activos de origen delictivo realizado como miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza”.

La investigación se inició como desprendimiento de una investigación de 2013. Durante la pesquisa “se pudo determinar que los principales involucrados en la trama de operaciones resultaban ser Luis Medina -fallecido en diciembre de 2013- y Esteban Alvarado”.

Medina fue el empresario narco asesinado junto a su novia Justina Pérez Castelli, y según varios testimonios brindados en el juicio por asociación ilícita a Alvarado, fue él quien lo habría mandado a matar luego de que su entonces esposa Capuano recibiera amenazas por una deuda.

Para los fiscales, Alvarado y un grupo de personas allegadas habrían lavado al menos de 10,3 millones de pesos entre 2012 y 2019, que tuvieron como ilícito precedente el tráfico de drogas en distintos barrios de Rosario.

“Las personas investigadas se valieron de actos simulados, de operaciones coordinadas a partir de la interrelación entre los investigados, y del despliegue de diferentes maniobras tendientes a dificultar el control estatal”, señaló el dictamen fiscal.

“Específicamente, las operaciones de puesta en circulación habrían consistido en operaciones de adquisición, administración y venta de bienes muebles e inmuebles, inscriptos en los registros correspondientes a nombre de los propios investigados, de terceras personas, o de sociedades comerciales, poniendo en circulación en el mercado bienes de origen ilícito con un valor aproximado de, por lo menos, pesos $10.367.000”, agregó.

Puntualmente, en el caso de Capuano, el fiscal le atribuyó haber comprado -y en algunos casos vendido- a lo largo de esos años dos camionetas Toyota Hilux; una Ford EcoSport; una VW Saveiro; un Ford Cargo; un camión Scania y un semirremolque registrado por la sociedad Logística Santino SRL (nombre de uno de sus hijos) y valuado en 2015 en casi un millón de pesos.

Para los fiscales, las declaraciones de impuestos de Capuano y sus ingresos como monotributista no se condicen con los bienes que adquirió en los últimos años. Alvarado fue condenado el 3 de junio último a prisión perpetua en un juicio oral de la Justicia ordinaria santafesina en el que fue encontrado responsable de la instigación de un homicidio, balaceras a edificios judiciales, lavado de activos y de ser jefe de una asociación ilícita.

Antes había cumplido una condena a seis años y seis meses de prisión por robo de autos. Capuano, por su parte, firmó un procedimiento abreviado el año pasado por el cual acordó una condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional por lavado de activos y al pago de una multa por $51 millones.