En un plenario tenso, la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI) validó por mayoría los informes que envió Agustín Rossi sobre la actuación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el episodio del avión con tripulación venezolano-iraní y decidió ampliar la investigación sobre la llamada “Gestapo” antisindical del macrismo.

La reunión de la CBI se dividió en dos partes –las dos posiblemente espinosas tanto para el oficialismo como para la oposición–. En la primera mitad del encuentro, el diputado del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade informó todo lo que hizo la subcomisión encargada de investigar cómo funcionó el espionaje en la provincia de Buenos Aires durante el macrismo. La subcomisión se creó el 28 de diciembre pasado, un día después de que la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunciara ante la justicia federal de La Plata que había hallado un video en el que se veía a espías, funcionarios y empresarios concertando cómo impulsar causas penales que terminarían con el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina preso.

En la Bicameral está la percepción de que ésta es la investigación con la que más pudieron avanzar, particularmente porque tuvieron una confesión de uno de los cuadros más altos de la AFI macrista: el exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra ratificó que colocó las cámaras en el Banco Provincia –donde se hizo la reunión en la que el entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas se entusiasmó con la creación de una “Gestapo” contra los sindicatos– a pedido de las máximas autoridades de la exSIDE y mencionó un encuentro con el director general Gustavo Arribas en el que él le habría expresado que no quería seguir con las tareas sobre Medina sin orden judicial.

Tailhade anunció que trabajaban para firmar un dictamen en un plazo de tiempo relativamente corto, como ya hicieron en marzo del año pasado con el espionaje a nivel nacional durante el gobierno de Mauricio Macri. Según pudo saber Página/12, la intención de la subcomisión es convocar a exagentes de inteligencia y a trabajadores de los astilleros de Tandanor, que dependen del Ministerio de Defensa. El sindicato había denunciado que Macri designó a dos directores de Tandanor que pertenecían al área de inteligencia del Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), que también es parte del sistema de inteligencia junto con la AFI y con la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. Por el momento, la CBI no maneja fechas para las citaciones.

El clima se volvió más tenso en la segunda mitad del encuentro, cuando analizaron el informe que mandó Rossi sobre la actuación de la AFI y de otras áreas del Estado nacional frente al avión de Emtrasur –cuyo caso investigan el juez Federico Villena y la fiscala Cecilia Incardona–. Para leer la documentación, Moreau pidió que todo el personal de la CBI desalojara la sala. En líneas generales, Rossi informó que la AFI rastreó en bases locales y en bases internacionales y no encontró que ninguno de los tripulantes estuviera catalogado como terrorista, afín al terrorismo o vinculado al financiamiento de estas actividades. “Los informes fueron negativos”, explicaron fuentes que conocen la documentación.

La voz cantante en este tema la lleva Gerardo Milman, a quien Moreau trató de fabulador y lo acusó de estar haciendo un show político que pone a la Argentina en riesgo. El presidente de la Bicameral terminó diciéndole al diputado opositor que el único problema con un avión fue el que envió Macri con pertrechos para apoyar el golpe de Estado en Bolivia en 2019. Las balas de goma que mandó el gobierno de Cambiemos salieron de la Gendarmería, fuerza que estaba bajo la órbita de Patricia Bullrich y del propio Milman.

Para poner paños fríos, en la CBI aprobaron –con la mayoría del FdT– el apoyo al informe de Rossi pero acordaron seguir vehiculizando las consultas que tenga la oposición sobre este tema. Mientras tanto, van a esperar que Villena levante el secreto de sumario para acceder a la causa.