“Las penas son de nosotros, las casitas son ajenas”. La bandera que parafrasea unos versos de Atahualpa Yupanqui condensa el drama que viven 9 millones de argentinos. Inquilinos Agrupados se movilizó frente al Congreso y realizó un “Valijazo” contra la modificación de la ley de alquileres. “El Estado tiene que cumplir un rol fundamental en el acceso a la vivienda. Hoy tenemos una ley de alquileres que es una de las más protectoras de Latinoamérica, pero tenemos una derecha criminal que está pretendiendo modificarla en función de los intereses del mercado inmobiliario”, denunció Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados.

Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y Provincias Unidas lograron un dictamen de minoría en el que plantean volver al plazo de los contratos por dos años; que la actualización de los valores sea pactada entre las partes, con la posibilidad de que sea cada 3 meses; y que los propietarios puedan pedir hasta 6 meses de alquiler por adelantado. En la esquina de Rivadavia, frente al Congreso, las inquilinas --algunas con máscaras de Don Ramón, uno de los personajes del Chavo del 8-- llevaron valijas para visibilizar las mudanzas que pueden multiplicarse en caso de que ese dictamen, “escrito por las inmobiliarias”, se convierta en ley. También desplegaron varios carteles: “El mercado no se regulariza solo”; “Fumar es malo, pero creer que el mercado se regula solo es peor” y “Quiero alquilar pero también vivir”, entre otros.

Gisela Marziotta y Federico Fagioli, diputados del Frente de Todos, acompañaron a las inquilinas y los inquilinos. La primera en hablar fue Luci Cavallero, del colectivo Ni una menos. Una de las principales razones por las cuales las mujeres lesbianas, travestis y trans no pueden salir de la violencia es la vivienda. “La ley de alquileres no es la culpable de todos los problemas que tenemos para alquilar. No podemos tener que elegir entre comer y alquilar, no podemos tener que endeudarnos para alquilar”, advirtió Cavallero. Agustín Lecchi, secretario general de Sipreba (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), reconoció que como inquilino también forma parte de esta lucha y precisó que más del 35 % de las trabajadoras y trabajadores de prensa de la ciudad de Buenos Aires alquila. “En la calle es donde se consiguen los derechos y la vivienda tiene que ser un derecho”, afirmó Lecchi.

Para el diputado Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda Unidad, el dictamen de JxC y otros bloques de la oposición de derecha es resultado del lobby de los grupos inmobiliarios. “La actualización cada tres meses y que se reduzca el tiempo de los contratos de 3 a 2 años es retroceder y es lo que ellos querían. Hay millones de personas que somos inquilinos y sabemos lo que significa porque ningún salario se actualiza en función de la inflación; las paritarias siempre se quedan por detrás y hace seis años que viene perdiendo el salario de las trabajadoras y los trabajadores”. Para Del Caño se deben actualizar los salarios y las jubilaciones. “Si no vamos a esa cuestión de fondo de recuperar los ingresos es imposible poder llegar a fin de mes y poder pagar el alquiler”, alertó el diputado.

Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, dio una breve clase de historia cuando recordó que en el barrio de Barracas, en 1907, se organizó la primera huelga inquilina del mundo. “Las mujeres de esa huelga, llamada ‘la huelga de las escobas’, lograron que bajen el precio de los alquileres y quedaron en la historia como el primer grupo de inquilinas organizadas, a la cual me parece justo que reivindiquemos porque nos sentimos con la obligación de volver a levantar esas banderas y luchar como lo hicieron ellas”, ponderó Muñoz y detalló que Hipólito Yrigoyen congeló el precio de los alquileres y terminó con un golpe de Estado. Juan Domingo Perón también congeló el precio de los alquileres y prohibió en la Argentina las viviendas vacías. “En esa etapa todo trabajador o trabajadora se pudo comprar una vivienda porque la vivienda dejó de ser un negocio y empezó a ser un derecho. Ese gobierno también terminó con un golpe de Estado”, resaltó Muñoz.

“La última dictadura dolarizó todas las viviendas”, repasó Muñoz y destacó que la Argentina es el único país de la región que tiene la vivienda dolarizada. “Pero además la dictadura desreguló el precio de los alquileres y le dijo al mercado que podía poner los precios que se le antojasen en nombre de la oferta. La vivienda una vez más se convirtió en un negocio para muy poquitos. Esas dos medidas de la dictadura todavía no las pudimos reparar”, observó el referente de Inquilinos Agrupados y aseguró que cuando se votó la ley de alquileres en 2020 “muchos sectores volvieron a decir que el Estado no se tenía que meter en un negocio entre privados, como si se tratase un negocio menor y no de la necesidad de vivienda de millones de familias en la Argentina”.

El referente de Inquilinos Agrupados informó que hay “una campaña feroz” contra la ley de alquileres vigente desde 2020. “El dictamen de JxC es una ley redactada por el mercado inmobiliario para defender sus intereses y para que nosotros una vez más volvamos atrás en una pelea que es justa y que no vamos abandonar. A todos los diputados que levanten la mano en nombre del mercado inmobiliario les decimos que no los vamos a olvidar, que no lo vamos a permitir y que vamos a seguir luchando para que la vivienda sea un derecho”, concluyó Muñoz.