El Gobierno no mantendrá la doble indemnización. Se trata de una medida establecida al comienzo de la gestión de Alberto Fernández y extendida en el contexto de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia de coronavirus, que ahora el gobierno ya no considera necesario prorrogar en función del cambio de condiciones y de la reactivación económica.
“La doble indemnización fue una medida que se tomó durante la pandemia", respondió este jueves la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, consultada por un periodista sobre una posible prórroga.
En la actualidad, destacó la vocera, "tenemos números de empleo que muestran que el desempleo sigue bajando, que se siguen creando empleos, 20.000 por mes".
Ese crecimiento del empleo, explicó, "nos permite considerar que hay una nueva situación en la que lo que tenemos que seguir haciendo es promover la creación de empleo formal y las mejores paritarias".
Si bien se trataba de una medida por 180 días, su vigencia se fue prorrogando a lo largo de 2020 y 2021 y la última extensión, finalmente, tiene como vencimiento este jueves.
Reducción gradual
La medida establecía que el trabajador tenía derecho a percibir, además de la indemnización que corresponde por ley, un monto adicional.
A fines del año pasado, el Gobierno nacional determinó una reducción gradual de la doble indemnización por despido a través del decreto 886/21.
Para las personas despedidas sin causa entre el primero de enero de 2022 y el 28 de febrero del mismo año, el incremento de indemnización quedó fijado en 75%. Para los despedidos entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2022, el incremento pasó a ser de 50%. Para las desvinculaciones entre el 1 de mayo y el 30 de junio, en tanto, el porcentaje de indemnización adicional fue de 25%.
Críticas
Este martes, ante el inminente vencimiento de la medida, el exdiputado nacional y abogado laboralista Héctor Recalde remarcó la necesidad de prorrogarla, argumentando que aún permanecen las causas que le dieron origen.
"Es imprescindible que se prorrogue el Decreto de emergencia pública en materia ocupacional que estableció la prohibición de los despidos y la doble indemnización. Las causas que le dieron origen no sólo no cesaron, sino que en algunos sectores se agravaron", escribió en Twitter.
"Prohibir los despidos sin causa va de la mano del art. 75 inc. 19 de nuestra Constitución Nacional", recordó el letrado, sumándose a las críticas ya expresadas por algunos gremios.
Cifras de la desocupación en Argentina
Cerruti mencionó este jueves, como argumento para poner fin a la doble indemnización, que en la actualidad "tenemos números de empleo que muestran que el desempleo sigue bajando" en Argentina.
Según el Indec, en el primer trimestre de 2022 la tasa de desocupación fue del 7%. La cifra se mantuvo en el mismo nivel que el último trimestre de 2021 pero implica una reducción del desempleo de 3,2 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año pasado, cuando se había ubicado en el 10,2%.
De acuerdo con el último informe publicado por el organismo, de un total de 29,1 millones de personas que residen en los grandes conglomerados urbanos, el 46,5% (es decir, 13,5 millones de individuos) forman parte de la población económicamente activa, es decir, que tienen trabajo o pretenden tenerlo.
Considerando puntualmente esta población activa, unos 12,6 millones de personas cuentan con empleo y 943 mil individuos se encuentran desocupados. Otros 3,3 millones entran en la categoría de no asalariados al trabajar por cuenta propia, ser patrón o trabajador familiar sin remuneración.
Estas estimaciones permiten hacer el cálculo de la tasa de desempleo. El conjunto de las 943 mil personas sin trabajo sobre los 13,5 millones de personas económicamente activas arroja una desocupación del 7%. Se trata de una tasa que a principio de 2021 era de dos dígitos y que en el cuarto trimestre bajó al 7%.
Estos datos del mercado de trabajo van en línea con la recuperación de la actividad económica y el mercado interno, aunque el salto de precios de los últimos meses sigue siendo uno de los principales desafíos para recomponer el poder de compra de los sectores asalariados.
