Aún no está saldado el debate sobre el futuro de la administración de la vía navegable fluvial Paraná-Paraguay. Lo demuestran las últimas fichas que movieron quienes siguen el tema de cerca. De cara a la firma de la licitación definitiva, que en términos legales debería ser el próximo 11 de septiembre, los gobernadores rechazaron el decreto que establece un nuevo llamado a concesión privada, mientras que el presidente del Ente Nacional encargado de elaborar los pliegos para la misma, Ariel Sujarchuk, puso una fecha: habrá un primer borrador en los próximos cuatro meses.

Aunque con puntos en común, sobre todo en lo que tiene que ver con una mayor presencia del Estado, el debate de fondo es similar a aquel que comenzó a fines de 2020 cuando se acercaba la fecha de vencimiento del contrato que le entregó al consorcio Hidrovía S.A. el control total durante 25 años de la principal puerta de entrada y salida de los granos (sobre todo soja) y productos que comercializa Argentina.

Por un lado, concederle por entre 10 o 20 años la administración a empresas privadas,  aunque sin resignar el mayor control estatal. Por el otro, pisar más hondo y encomendar la responsabilidad definitiva a la estatal Administración General de Puertos (AGP) que se está encargando de hecho desde el 11 de septiembre de 2021 por el plazo de un año.

La historia oficial

En los papeles el camino va por la salida privada. Lo dice el decreto que conformó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable y lo confirmó su titular, Ariel Sujarchuk: "El compromiso es que en cuatro meses vamos a tener el primer borrador para la licitación privada, es una fecha alcanzable y la cumpliremos", reafirmó en diálogo con PáginaI12 lo que había dicho en la última reunión del Ente.

De esta forma se abre el primer interrogante que tiene que ver con los tiempos. Si la concesión actual vence el 11 de septiembre y el primer borrador estará listo para fines de octubre, habrá que tomar una decisión para el tiempo del medio y hasta que se efectivice la licitación, que tarda meses.

Siguiendo el camino oficial con vencimiento el próximo 11 de septiembre, este diario dialogó con Sujarchuk a fin de obtener definiciones sobre los temas más controversiales en su trabajo por elaborar los pliegos para la licitación definitiva en manos privadas:

*Traza: se elaborarán tres pliegos distintos para tres tramos del río. Una para el Paraná superior, de Confluencia hasta el Norte con la intención de llegar a Paraguay tras gestionar con Cancillería; otra para la vía navegable troncal, extendiéndola hasta Confluencia e incluyendo el acceso a algunos puertos provinciales; y otra para el proyecto del Canal Magdalena, frente a las costas de la provincia de Buenos Aires que actualmente no se encuentra en condiciones de ser navegable y es fuertemente reclamado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

La novedad radica en la inclusión de puertos provinciales, que el titular del Ente no quiere adelantar. Es que uno de los reclamos de los gobernadores sobre la concesión anterior era que trabajaba principalmente con los puertos privados de las principales empresas exportadoras relegando los intereses provinciales y la capacidad de control estatal. En la traza actual existen provincias a la vera del Paraná que no cuentan con puertos en condiciones de exportar, de modo que lo deben hacer pagándoles a los privados.

* Peajes: tal como establece el decreto de conformación del Ente, el cobro del peaje estará a cargo del Estado para luego pagarles a quienes resulten ganadores de la licitación. "La definición política viene del Presidente e incluye a todos los miembros del ente", asegura Sujarchuk, quien agrega que los peajes "no van a aumentar en el tramo que hoy conocemos como vía troncal. Sobre los nuevos tramos se crearán obras nuevas y tendrán por lo tanto sus correspondientes tarifas de peajes".

*Ambiente: uno de los focos de la traza estará puesto en el cuidado ambiental. "El río marca una traza y si dialogamos mejor vamos a lograr el mismo objetivo que es que los barcos puedan navegar dragando menos. Si dragás menos hay menos impacto ambiental, disminuís costos y haces más obras. Vamos a realizar estudios de impacto ambiental para definir la traza correcta pero contemplando la naturaleza, algo que no estaba contemplado hasta ahora".

*Duración del contrato: surgirá de cálculos actuariales encargados a distintas universidades para que estimen el costo de inversión, pero no será menor a 10 ni mayor a 15 o 20 años.

Contracumbre

Mientras este pliego avanza, los gobernadores que conforman el Consejo Federal Hidrovía hicieron público el viernes pasado un pedido de reunión con el presidente Alberto Fernández para rechazar un nuevo llamado a concesión privada y pedir que el Estado siga administrando el canal.

Tras elogiar la actual administración por parte de la estatal AGP y por iniciativa del gobernador de Buenos Aires y Chaco, Axel Kicillof y Jorge Capitanich, hay dos puntos centrales que le pedirán al presidente:

* Ampliar las delegaciones de AGP para que pueda extender la vía navegable de Confluencia a Formosa y a Posadas por peaje y concretar la obra del Canal Magdalena con aporte del Tesoro, pero también privado a través de peaje.

* Eliminar o en última instancia reconvertir al Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable que preside Sujarchuk, toda vez que asume funciones que le corresponden al Consejo Federal de la Hidrovía.

"Está demostrado que el proceso que llevó adelante AGP funciona. Nos decían que terminada la concesión no iba a funcionar otra cosa. El Ministerio de Transporte con AGP ha demostrado que eso es un verso”, resumió Capitanich en conferencia de prensa.

Ante la consulta de PáginaI12 el presidente del Ente difiere sobre este punto: "La administración de la AGP generó situaciones positivas sobre todo en la transparencia de números, pero fracasó en algo central que es la licitación del dragado. Hay que resolver cuanto antes la licitación corta y directa porque genera incertidumbre en el sector y eso no es bueno porque son inversiones grandes y a largo plazo", aseguró y agregó que, de administrarlo AGP, se "profundizaría el centralismo, porque sería darle la administración a quien en definitiva hoy administra el puerto de Buenos Aires. En el ente, en cambio, la federalidad está dada por la representación de las provincias que tienen igual voto que el Presidente".

El debate se profundiza a medida que se acerca la fecha: en el calendario oficial marca el 11 de septiembre como límite para la concesión de AGP y primera definición sobre el futuro de la concesión hasta la aparición del primer borrador a fines de octubre. En el calendario paralelo el próximo paso será la reunión de los gobernadores con el presidente y la espera de una definición para ver qué camino seguirá finalmente el gobierno.